Derechos de los desaparecidos

El 19 de febrero pasado se llevó a cabo una vigilia en el Parque Bolívar, frente a la Cancillería, por parte del COFADEPA-HG (Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá-Héctor Gallego). Se trata de 104 familias cuyos parientes fueron asesinados o desaparecidos por militares panameños durante la dictadura que empezó en octubre de 1968 y terminó con la invasión norteamericana en diciembre de 1989.

En el 2014, durante el Gobierno de Ricardo Martinelli, se dijo que, del 6 al 11 de abril, llegarían a Panamá antropólogos forenses argentinos para revisar la documentación sobre los trabajos de exhumación realizados por la Comisión de la Verdad de Panamá (CVP) creada en el 2001, a la Unidad de Análisis Biomolecular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF). Muchos restos humanos encontrados en fosas clandestinas reposan en el IMELCF. En aquella ocasión los antropólogos no llegaron.

Una llamada ‘Mesa de Entendimiento’ se creó el 30 de diciembre de 2011, por parte del Consejo de Gabinete, a través de la Resolución 499, entre el Estado panameño, el COFADEPA-HG y la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA). Es decir, que ya la Mesa de Entendimiento va a cumplir cinco años, tiempo en que el Gobierno de Martinelli no le dio ninguna respuesta a los familiares de los asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar.

En el 2002, durante la presidencia de Mireya Moscoso, se creó la Comisión de la Verdad de Panamá (CVP), que investigó los casos de aquellos asesinatos y desapariciones.

Pero, desde entonces, se dieron allanamientos por parte del Ministerio Público a la CVP. Posteriormente, en el 2014, se continuaron dando dificultades. El presidente Martinelli firmó el decreto ejecutivo que abrió la Mesa de Entendimiento ¡año y medio después de haberse creado ésta! Es innegable que los cómplices de los militares continúan poniendo obstáculos.

Otro obstáculo dado fue el que ocurrió en el 2014, cuando se dijo que del 6 al 11 de abril llegarían a Panamá los forenses argentinos. El IMELCF informó entonces que el retraso en el desembolso de los fondos se debió a que se solicitó una información adicional sobre los antropólogos, por parte de la Contraloría General de la República. Tras una reunión entre el Ministerio Público, el IMELCF y la Contraloría, convocada por la Cancillería para aclarar las diferencias, la Cancillería se comprometió a entregar la documentación que acreditaba la llegada de los antropólogos, como un proyecto sustentado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cruz Roja Internacional, para el reconocimiento de las osamentas de las víctimas. Como el canje de notas se constituye en un ‘acuerdo internacional’, la Contraloría entendió que el proyecto no estaba sujeto a los requisitos de la Ley 22 de Contrataciones Públicas (?).

Tan pronto la Contraloría autorizara el desembolso de los fondos, se debió establecer la llegada de los antropólogos y se debió convocar una reunión entre las partes, pero los obstáculos continuaron.

El COFADEPA-HG está esperando aún que se hagan los análisis de ADN que puedan descubrir la identidad de las osamentas que están en el IMELCF; que se hagan gestiones en la Asamblea Nacional, para declarar el 9 de junio, fecha en que desapareció el sacerdote Héctor Gallego, ‘Día Nacional del Asesinado y Desaparecido de la Dictadura Militar’; que se incluya en los planes de estudio del Ministerio de Educación el tema de la violación de los derechos humanos y la memoria histórica de la dictadura; que se defina el lugar y construcción de un monumento a la memoria de las víctimas de la dictadura militar; que se inicie un proceso de reparación económica para los familiares de los asesinados y desaparecidos de la dictadura, etc.

¿Qué sucede al respecto en el nuevo Gobierno? ¿No hay tampoco voluntad política frente a los derechos reconocidos internacionalmente de las víctimas y sus familiares?

EDUCADOR