Descaro y desvergüenza

Hace tres años, la pandemia de COVID-19 golpeó al mundo y colapsó la economía. Los protocolos de distanciamiento social provocaron el cierre de empresas y cientos de millones de personas perdieron sus trabajos. En Panamá, entre marzo y mayo de 2020, la tasa de desempleo se duplicó, y antes de terminar ese año volvió a duplicarse. El Gobierno respondió a esa caída con un alivio audaz e inmediato, y estableció el bono solidario. Durante los meses siguientes, más de 400 mil panameños desempleados recibieron $100 al mes, además de otros beneficios, casi quintuplicando el monto promedio de los subsidios sociales.

Debido a esas generosas contribuciones de la pandemia, la pobreza se contuvo. En 2022 había aproximadamente 45 mil “pobres” menos que en 2019 y se reflejó en todos los grupos demográficos, tanto para los que vivían en ciudades como en zonas rurales, incluyendo niños, jóvenes y adultos. Es decir, la estrategia financiera del Gobierno ayudó a impedir un desastre económico y social, y evitó lo que en efecto ocurrió en muchos otros países del mundo, donde sus poblaciones fueron dejadas en el abandono por falta de recursos.

Pudiéramos decir que Panamá encontró una fórmula para enfrentar el desasosiego que imperó durante los meses críticos de la pandemia. Desgraciadamente, hay muchos detractores del actual Gobierno preocupados por el aumento de ese gasto social y por aumentar la deuda pública. Por supuesto es un absurdo atribuir el aumento de la deuda pública al bono solidario. Porque si el problema es la dependencia de la asistencia social, entonces ya no sería únicamente un problema de los más necesitados. Hoy día, los mayores beneficiarios de la ayuda social son los más acomodados.

En Panamá hay exenciones tributarias por el orden de miles de millones de dólares. Según datos recientes que incluyen gastos en programas sociales y beneficios fiscales, un hogar promedio de clase baja recibe aproximadamente $9 mil en beneficios del Gobierno al año, mientras que un hogar promedio de clase media y alta recibe alrededor de $15 mil. Es decir, los que más tienen reciben casi un 65 % más en beneficios que los que menos tienen.

Pero se podría decir que los más ricos pagan más impuestos que los más pobres, aunque eso es relativo. No es lo mismo pagar más impuestos que pagar una mayor parte de los ingresos en impuestos. Por un lado, el impuesto sobre la renta es progresivo, lo que significa que aumenta a medida que aumentan los ingresos. Y por otro, hay impuestos regresivos que obligan a ciertos sectores de la población, como los más pobres, a entregar una mayor parte de sus ganancias. Ejemplo, el ITBMS.

¿Cómo entendemos y cuadramos esto? En mi opinión, hay una sola posibilidad: que todos paguen sus impuestos. Tanto los de las clases más acomodadas como los de las más necesitadas, todos deberían pagar sus impuestos. Sabemos que los que tienen dinero no quieren que nunca les falte, sin importar cómo lo obtuvieron, y las exenciones fiscales que se les han otorgado las quieren mantener y aumentar. Pero eso tiene un alto precio a la economía y a la psicología de las finanzas públicas. En 2020, la deducción de intereses hipotecarios permitió a más de 60 mil panameños quedarse con más de $1.2 mil millones. Los propietarios de viviendas con ingresos familiares anuales inferiores a $20 000 disfrutaron de $100 millones en ahorros, y aquellos con ingresos anuales superiores a $200 000 disfrutaron de $1.8 mil millones. También existe una diferencia importante en la magnitud de las exoneraciones fiscales en varios sectores de la economía, donde claramente se beneficia a unas cuantas empresas y familias que se aprovechan de estas para ampliar sus ganancias y mantener sus estatus. En promedio, el 20 % de los que ganan más ingresos en Panamá reciben entre veinte y treinta veces más en exenciones fiscales de lo que recibe el 20 % de los que menos ganan.

Podemos concluir que en Panamá se ha optado más por priorizar el subsidio de la riqueza que el alivio de la pobreza. Consideramos injusto el descaro y la desvergüenza con la que algunos inventan historias sobre la dependencia de los pobres a la ayuda social y tratan de descalificar las propuestas para reducir la pobreza aduciendo que costarían demasiado dinero. Además de ser ignorantes, son miserables que miran el precio de cualquier programa social que reduciría la pobreza y osan en preguntar cómo se pagaría eso, como si la respuesta no los estuviera viendo directamente a los ojos. Podríamos permitírselo, si los que más tienen tomaran menos del erario y dejaran que el modelo económico sirviera para aumentar el bienestar y las oportunidades, y no para proteger a los que amasan fortunas. Desafortunadamente, aquí en Panamá, entre los políticos y los más acomodados, han preferido optar por esta última.