• 30/07/2021 00:00

Digitalización, datos abiertos y transparencia

“Desde el año 2002, Panamá cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y, desde 2012, forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto”

Frecuentemente escuchamos o leemos comentarios que, con un dejo de reclamo, se refieren a la actual como la “sociedad de la desinformación”. Lamentablemente, la denominación tiene asidero, como hemos comprobado durante la pandemia, un periodo en el cual la población, en muchos casos distraída, ha resultado víctima de bulos, o claras estrategias de desinformación y manipulación.

Con la llegada de Internet, muchos pensaron que se iniciaba una época auspiciosa, gracias a las oportunidades que aportaba la digitalización para la libertad de expresión y el acceso a la información. Otros, por el contrario, señalaron algunos de los peligros que esta traía consigo, en términos de control y manipulación de la información por parte de los Gobiernos y las grandes corporaciones.

En la literatura académica, esta contraposición de visiones se homologó a la acuñada por el semiólogo Umberto Eco para la sociedad de masas, en la que se enfrentaban apocalípticos e integrados. No faltaron, por supuesto, quienes insistieron en que el impacto de la digitalización dependería de factores sociales, no solo tecnológicos.

Los últimos años, particularmente este último, marcado por una crisis sanitaria de escala global, nos han hecho constatar que el devenir tecnológico, por el impacto que ocasiona en todas las áreas del quehacer humano, es siempre más complejo, contradictorio y paradójico de lo que solemos pensar y que, indefectiblemente, no corre en un vacío social. Por el contrario, se alza, se inserta, se embebe en la sociedad y está marcado por sus signos.

Uno de los casos que pone esto en evidencia es la posibilidad de contar con datos abiertos, más específicamente, con datos abiertos de Gobierno en función de la transparencia de la ejecutoria pública. ¿Ha aumentado la posibilidad de ofrecerlos el que realmente estén disponibles? ¿Es más factible ahora que estos sean conocidos y trabajados por investigadores, periodistas y ciudadanos?

Los datos abiertos de Gobierno “son los datos recolectados y/o producidos por las instituciones públicas, puestos a disposición de los ciudadanos en formatos abiertos, para que puedan ser reutilizados y redistribuidos por cualquier persona, para cualquier propósito, incluyendo el re-uso comercial, libre de costo y sin restricciones, con el fin de posibilitar la lectura, el seguimiento y combinación con otras fuentes de información para generar nuevos servicios de valor”. (Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Antai, 2020).

No nos referiremos a todos los usos que se les podrían dar a los datos abiertos, solo a dos que, en medio de la pandemia, resultan cruciales: la investigación científica y el periodismo. Hacen falta datos que les permitan a los investigadores perfilar y comprobar hipótesis; y a los comunicadores divulgarlas o emprender las suyas propias con base en datos y evidencias. Asimismo, la apertura de datos es indispensable para el escrutinio de la gestión gubernamental.

Desde el año 2002, Panamá cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y, desde 2012, forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. A la fecha, han concluido tres Planes de Gobierno Abierto con participación multisectorial y se desarrolla el cuarto plan 2021-2023, que deberá ser presentado a finales de julio de 2021, con compromisos de apertura y transparencia en varias áreas de la gestión pública.

Uno de los puntales de este esfuerzo es el portal Datos Abiertos de Panamá, cuya implementación corresponde conjuntamente a la Antai y a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). ¿Cuántas organizaciones aportan datos a esta plataforma? ¿Qué tipos de datos aportan? ¿Cuál es la calidad de estos datos? La digitalización -en sí misma- no impacta la apertura. Lo que incide en ella es la voluntad política dentro del marco institucional.

Desde la academia y la sociedad civil, en conjunto con los representantes de la Antai y la AIG, estamos haciendo un esfuerzo por contribuir a la apertura de datos y a la transparencia, mediante acciones de formación, capacitación, divulgación y seguimiento. Invitamos a la sociedad a acompañarnos.

(*) Periodista, investigadora asociada al Centro de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), miembro del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de Gobierno.

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