Hacia dónde vamos

La gravísima crisis que vivimos hace más de dos semanas, producto de la aprobación del contrato minero, pone de manifiesto realidades que deben ser analizadas dentro del contexto de la gobernanza y de cara a las elecciones del 2024, porque marcan con absoluta claridad varias circunstancias: 1. Que la sociedad ha perdido absolutamente la confianza en las autoridades y en los liderazgos que ofrecen los partidos políticos. 2. Que la sociedad, sobre todo la juventud, no es capaz de analizar objetivamente los problemas y entender cuáles son soluciones factibles y cuáles son salidas suicidas. 3. Que existen sectores bien organizados, capaces de realizar importantes movilizaciones y hasta paralizar el país, pero que tienen agendas políticas que pretenden imponer por vía de la anarquía y no de la democracia, y 4. Que también hay un segmento social importante, que se ha dejado someter al paternalismo y al clientelismo estatal.

Hemos advertido en artículos anteriores que el próximo gobierno deberá enfrentar inexorablemente situaciones como el déficit de la Caja de Seguro Social, el abultamiento de la planilla estatal, la reforma al sistema de educación pública, el endeudamiento, los subsidios, la recaudación tributaria y muchas otras, que impondrán medidas radicales y muy difíciles de asimilar, medidas que los grupos anárquicos mencionados no dudarán en combatir en las calles.

Los hechos son evidentes: las manipuladas consultas en la Asamblea sobre el contrato ley; su repentino retiro y expedita renegociación; la forma arbitraria e irrespetuosa hacia la sociedad en su vertiginosa aprobación sanción y promulgación; la ausencia de interlocutores oficiales competentes en la argumentación; las mentiras usadas como sustento; el chantaje en comunicados furtivos y amenazantes; la abusiva represión policial; la actitud, nuevamente de la Asamblea, al pretender derogar la ley 406 a pesar de todas las advertencias del daño que con ese acto irresponsable causarán a la posición del país en un conflicto judicial, que ya comenzó y que nos ocultan.

La protesta es, sin duda, justa y oportuna, pero no es solo contra la minería, es contra la prepotencia, contra la corrupción, contra el abuso de poder, contra la opacidad en la gestión institucional, contra la ineficiencia de los servicios básicos, y contra todos los problemas que sirven de argumento a los líderes de la oposición para presentarse como quienes van a resolver todo; sin embargo, ¿dónde están?, son los grandes ausentes de la calle, no se atreven a dar la cara para no encontrarse frente a frente con la encuesta de carne y hueso.

Estas y otras circunstancias hartamente conocidas nos obligan a pensar si los poderes ejecutivo y legislativo son capaces de continuar dirigiendo el destino de la nación cuando el proceso electoral está por comenzar. Si serán capaces de resolver esta crisis y enfrentar otras, que por sus acciones arbitrarias e incompetentes probablemente se darán en los próximos meses y que serán aprovechadas por los anárquicos.

Dejo dos preguntas: 1. ¿Podremos tener elecciones en paz y tranquilidad? y, 2. ¿Quien sea electo en mayo del próximo año podrá gobernar?