La minería metálica en su encrucijada

La minería metálica en Panamá se encuentra hoy en una encrucijada decisiva que trasciende el debate económico y se adentra en el terreno de la soberanía, la justicia ambiental y la legitimidad institucional. Tras la histórica sentencia de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato con Minera Panamá y la aprobación de una moratoria nacional, el país enfrenta el desafío de redefinir su modelo de desarrollo frente a presiones internacionales, demandas millonarias y un clamor ciudadano que exige transparencia, sostenibilidad y respeto al territorio. El dilema no es solo minero: es político, ético y de futuro nacional.

Durante años se nos dijo que la minería era una oportunidad para diversificar la economía y generar riqueza. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Los beneficios fiscales son limitados, los daños ambientales y sociales son duraderos, y la fractura entre las instituciones y la ciudadanía se ha hecho más visible. Hoy Panamá se encuentra ante una encrucijada que no admite ambigüedades: o seguimos por el camino del extractivismo sin control, o apostamos por un desarrollo que respete la vida, el agua y la dignidad de su gente.

La crisis generada por el contrato con Minera Panamá fue el detonante de un cambio de conciencia nacional. Por primera vez en mucho tiempo, la ciudadanía se movilizó más allá de las banderas partidistas. Las protestas no fueron solo contra una concesión: fueron una expresión de rechazo a un modelo de país donde las decisiones se toman a espaldas del pueblo y los intereses económicos pesan más que el bien común. La sentencia de la Corte Suprema no solo cerró un capítulo legal; abrió la posibilidad de un nuevo pacto social sobre el uso responsable de nuestros recursos naturales.

Esa oportunidad no puede desperdiciarse. El Estado debe declarar una moratoria indefinida a la minería metálica a cielo abierto, mientras se construye un marco de política pública ambiental y minera basado en evidencia científica, planificación territorial y participación ciudadana. Seguir improvisando sería un error histórico. La experiencia ha demostrado que los vacíos institucionales, la falta de fiscalización y la débil capacidad estatal convierten cualquier promesa de “minería sostenible” en un espejismo.

Los defensores del sector insisten en la demanda global de minerales críticos —como el cobre y el litio— necesarios para la transición energética. Pero no se puede hablar de “energía verde” a costa de bosques destruidos, ríos contaminados y comunidades desplazadas. Sería una contradicción ética e histórica. Panamá, con su riqueza hídrica y biodiversidad única, no necesita sacrificar su patrimonio natural para insertarse en la economía global.

En términos fiscales y económicos, los números tampoco justifican el riesgo. Aun en sus años de auge, la minería metálica —y en particular la operación de Cobre Panamá— aportó alrededor del 5 % del PIB nacional y cerca del 75 % de las exportaciones de bienes, según estimaciones oficiales y de organismos internacionales. Sin embargo, esa contribución, aunque significativa en apariencia, era altamente concentrada y volátil: dependía del precio internacional del cobre y no se traducía en una mejora sustancial del bienestar colectivo. En contraste, los costos ambientales y sociales —en remediación, pérdida de biodiversidad y afectación de cuencas estratégicas— podrían ser mucho más altos y prolongarse por generaciones. Si algo enseñó el conflicto minero, es que la verdadera riqueza del país no está bajo tierra, sino en su gente, su ubicación geográfica y su capital natural.

La magnitud del dilema minero exige una respuesta democrática a la altura de su impacto. Si el modelo de desarrollo está en juego, la decisión no puede quedar solo en manos de tecnócratas o coyunturas políticas: debe volver al pueblo. Un referendo nacional sobre la minería metálica sería un ejercicio de soberanía y madurez cívica, una forma de legitimar el rumbo que Panamá decida tomar frente a su territorio y su futuro. Pero ese paso debe darse con responsabilidad: sin manipulación partidista, con información transparente y con un debate público basado en ciencia, ética y visión de país. Solo así el resultado reflejará la verdadera voluntad de la nación, no el ruido de la coyuntura.

Panamá tiene alternativas: la logística sostenible, el turismo ecológico, la agroindustria, la energía limpia, la economía digital. Sectores que generan empleo, innovación y divisas sin destruir ecosistemas. Apostar por ellos exige visión y políticas coherentes, pero es el único camino que garantiza desarrollo duradero. La minería, en cambio, ofrece ganancias rápidas y problemas largos.

La minería metálica está en su encrucijada, y Panamá también. No se trata de negar la realidad económica ni de demonizar la inversión, sino de poner límites éticos y ecológicos a lo que hacemos en nombre del desarrollo. Un país que destruye su base natural para sostener un modelo de corto plazo termina empobrecido y dividido. La historia ofrece pocas segundas oportunidades. Esta es una de ellas. Panamá puede convertirse en referente regional de coherencia ambiental y liderazgo moral.