¿Dónde quedo el registro oficial de ofensores sexuales?

El 13 de octubre de 2021, Panamá aprobó la Ley 244, mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, una herramienta destinada a mantener un listado de personas condenadas por delitos sexuales.

La intención era clara, contar con información que permitiera a las Instituciones fortalecer la prevención y proteger, especialmente, a nuestros niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres.

Ese registro no tenía carácter público. Por eso propusimos hacerlo accesible a los ciudadanos. Lo planteamos, lo defendimos y lo peleamos hasta convertirlo en ley. El 24 de noviembre de 2025 se aprobó la Ley 501, que convirtió en pública la consulta de este registro.

No fue un camino sencillo. Muchos dijeron que sería imposible lograrlo. Que existían demasiados intereses. Que había nombres que podían incomodar. Que el proyecto encontraría obstáculos.

Seguimos adelante y afortunadamente contamos con el respaldo de muchos diputados de la Asamblea Nacional que entendieron que, cuando hablamos de proteger a nuestros niños y de prevenir delitos sexuales, no puede haber intereses por encima de la seguridad de la ciudadanía.

Posterior a la aprobación de la Ley 501 comenzaron las reuniones con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ), con el propósito de avanzar en la herramienta tecnológica que permitirá a cualquier ciudadano consultar este registro, fue precisamente en ese proceso donde encontramos una realidad que resulta difícil de aceptar.

Cinco años después de aprobado el Registro Nacional Oficial de Ofensores Sexuales finalmente se está construyendo.

Las instituciones responsables no habían desarrollado el listado en los términos previstos por la legislación, según informó Adolfo Fábrega, director de la AIG, durante una entrevista en TVN.

Esto significa que hoy no solo estamos trabajando para construir una página web o una aplicación que permita a los ciudadanos consultar información. También estamos enfrentando una tarea mucho más relevante, construir el registro que debió existir desde hace cinco años.

¿De qué sirve que la Asamblea Nacional apruebe mejores leyes si las instituciones encargadas de ejecutarlas simplemente las ignoran? Una ley no es una recomendación, una sugerencia. No es un documento que puede quedar archivado esperando mejores tiempos.

Cuando una norma diseñada para fortalecer la prevención de delitos sexuales no se ejecuta durante años, el problema deja de ser administrativo. Estamos hablando de una falla institucional que puede tener consecuencias reales sobre la vida y la seguridad de las personas.

Conocemos los nombres de muchas víctimas. Conocemos sus historias, sus familias, el dolor que dejan estos delitos. Pero durante demasiado tiempo hemos tenido enormes dificultades para identificar públicamente a quienes ya fueron condenados por este tipo de crímenes y hoy caminan entre nosotros.

Ha llegado el momento de cambiar esa realidad. No se trata de linchar a nadie, de sustituir a los tribunales ni de convertir la información en un instrumento de venganza. Se trata de prevención, de que una familia pueda contar con una herramienta oficial del Estado para consultar información que la ley ha determinado que debe ser pública, que nuestra gente se sienta protegida.

Las leyes no pueden quedarse en el papel.

Por ello, seguiré trabajando junto a las autoridades actuales para que esta herramienta sea una realidad, sobre todo, brinde a nuestros niños, niñas, adolescentes y mujeres un Estado que prevenga el delito antes de lamentar los hechos.

Durante demasiado tiempo hemos conocido el nombre de las víctimas de agresión sexual, femicidios u homicidios, mientras los victimarios permanecían en las sombras. Es hora de encender la luz...