Educación: motor del desarrollo nacional

En un horizonte de al menos veinte años, los panameños pretendemos tener un país donde todas las personas vivan en igualdad y equidad de oportunidades, en paz, con un ambiente sano y sostenible. Para lograrlo, es indispensable que entre los principales objetivos nacionales podamos formar y desarrollar las habilidades y competencias de todas las personas que habitan nuestro territorio, para insertarse en un sector laboral o productivo del desarrollo económico. Además, debemos fortalecer la vida en sociedad con justicia, y como parte de un Estado eficiente, que garantice el empleo y la productividad.

Lograr lo anterior nos obligará a mirar la calidad del recurso humano que se forma en el país. Y, ¿quiénes forman a las personas? Empecemos por mirar al sistema educativo en cinco años, como la base en la que se enfoca el cambio sobre el cual se amparan los sectores de salud, cultura y aplicación de la ciencia y tecnología. En ese escenario, el cambio estructural cambiaría la forma en que se forma a los formadores del nivel primario en las universidades y escuelas normales. Esos nuevos profesionales iniciarían la revolución de la enseñanza, erradicando en las generaciones que se inician en la escuela, las deficiencias críticas de saberes y desempeños individuales que tienen los actuales estudiantes del sistema educativo nacional, sea de escuelas oficiales o particulares. Para ellos, la educación STEAM será parte de todos los programas de estudio, para alcanzar ese pensamiento crítico, resolución de problemas basado en principios y valores humanos, y uso de informática avanzada por parte de los estudiantes, considerando las diferencias individuales.

La mirada a veinte años, sería para ver y valorar la consolidación de las acciones de la década anterior. Ese segundo periodo estaría orientado a sostener la economía del conocimiento mediante la alineación curricular con los sectores turístico-logístico-marítimo-portuario, el de las tecnologías emergentes asociadas a los sectores productivos, al agro y a los recursos naturales y de vida como agua y energía. En esta etapa, la educación técnica y profesional dual sería fuerte manantial de recurso humano calificado para la economía productiva. Y la institucionalidad educativa habría alcanzado el “blindaje” presupuestario que aseguraría las metas de ese desarrollo escolar, que hará posible la producción, la investigación y desarrollo económico.

Para garantizar la sostenibilidad de ese futuro educativo para el desarrollo, hay reformas legislativas prioritarias. Debe repensarse la alternativa de Modificación al Texto Único de la Ley 47 de 1946 (Ley Orgánica de Educación) frente a una nueva Ley Marco que derogue toda legislación paralela a la aplicación de la nueva instancia. Deberá haber legislación que permita a “juntas escolares” ejecutar de forma directa, suficiente dinero para el mantenimiento preventivo urgente, de sus edificaciones escolares. Deberá repensarse el actual sistema de nombramientos por un modelo en el que las plazas se otorguen estrictamente por concurso de oposición pública y mérito académico. Debe buscarse el mecanismo para equiparar la calidad educativa de las comarcas y zonas rurales con dificultades de acceso geográfico, con los estándares de la capital. Porque el marco legal panameño requiere modificaciones urgentes para flexibilizar la burocracia y blindar los avances frente a los cambios de gobierno.

Esa calidad de la educación se conseguiría con una infraestructura bien planificada, con una digitalización total (real conectividad y uso de tecnologías) y la descentralización operativa real del Meduca en sus instancias regionales; lo que permitiría la autonomía e independencia de los centros educativos para una gobernanza diferenciada y que atienda las condiciones específicas de cada zona geográfica.

Seguiremos analizando, desde una vigilancia estratégica, el conocimiento disponible en el sistema de educación, cultura, ciencia y tecnología e innovación para un escaneo de las realidades de las fuentes de información, que nos permita la construcción de escenarios para una estrategia nacional; y con ella construir una política pública integral para el desarrollo donde la educación, como la salud, sean la base del mismo.