Rechazo al autoritarismo, sea de izquierda o de derecha

La democracia no puede defenderse selectivamente. No es coherente condenar una dictadura porque se proclama de izquierda y guardar silencio ante otra porque se identifica con la derecha, ni hacer lo contrario. Los principios democráticos deben estar por encima de las simpatías ideológicas. Una dictadura es una dictadura, cualquiera que sea el discurso con el cual pretenda justificarse.

Conviene distinguir conceptos que con demasiada frecuencia se confunden. Ser de derecha o ser de izquierda no significa ser autoritario. Existen gobiernos democráticos de derecha y de izquierda. Ambos pueden llegar legítimamente al poder, gobernar conforme a sus convicciones y entregar el mando cuando así lo decide el electorado.

En términos generales, los gobiernos democráticos de derecha suelen favorecer una mayor participación de la iniciativa privada, estimular la inversión, proteger la propiedad privada y promover la libertad de empresa. Su concepción parte normalmente de que la actividad de los particulares debe ser uno de los principales motores del crecimiento y del empleo.

Los gobiernos de izquierda, también en términos generales, suelen conceder mayor participación al Estado en la economía, ampliar regulaciones y controles y, en sus expresiones más radicales, estatizar empresas o actividades anteriormente desarrolladas por particulares.

Pero estas tendencias no son reglas absolutas. Uruguay constituye una honrosa excepción latinoamericana. José Mujica y el Frente Amplio llegaron al gobierno identificándose claramente con la izquierda, pero mantuvieron la democracia, la alternancia política, la libertad de expresión, la iniciativa privada y el respeto a la oposición. El Frente Amplio perdió elecciones y aceptó el resultado; posteriormente regresó al poder por la misma vía democrática.

Por eso debemos distinguir entre izquierda democrática e izquierda autoritaria, de la misma manera que entre derecha democrática y derecha autoritaria. Cuba, Nicaragua y Venezuela, con historias diferentes, muestran los peligros de la concentración del poder y de la reducción progresiva de las condiciones necesarias para una verdadera alternancia.

La frontera fundamental no es solamente la que separa a la izquierda de la derecha. Es la que separa la democracia del autoritarismo.

Un gobierno democrático, sea de izquierda, centro o derecha, acepta límites. Respeta la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de expresión y de prensa, el derecho de asociación, el debido proceso y, especialmente, la existencia de una oposición capaz de disputarle el poder. Hay una prueba sencilla: quien gobierna debe estar dispuesto a perder una elección y entregar el poder.

Las sociedades enfrentan circunstancias extraordinarias en las cuales la población exige autoridad y recuperación del orden. El Salvador constituye un ejemplo de los riesgos de convertir una situación excepcional en una forma permanente de gobernar. Debemos reconocer que, frente al dominio que habían alcanzado las pandillas, el gobierno de Nayib Bukele adoptó medidas extraordinarias que permitieron recuperar la seguridad que reclamaba la población. Pero esa justificación no puede extenderse indefinidamente ni trasladarse al terreno político. Cuando la denominada “mano dura” comienza a alcanzar a críticos, opositores, defensores de derechos humanos o abogados por el libre ejercicio de su profesión, se cruza una frontera peligrosa. Podemos discrepar de sus posiciones, pero una democracia exige tolerar la crítica y garantizar el derecho de defensa. La autoridad necesaria para combatir el crimen no puede convertirse en instrumento para silenciar el disenso.

Algo parecido, aunque en circunstancias históricas diferentes, ocurrió con Alberto Fujimori (+) en el Perú. Su primer gobierno enfrentó una gravísima crisis económica y la violencia terrorista de Sendero Luminoso, obteniendo resultados que no deben desconocerse. Pero la necesidad inicial de autoridad tampoco podía convertirse en justificación permanente para debilitar las instituciones.

La excepcionalidad no puede convertirse en normalidad. La “mano dura” puede resultar necesaria ante situaciones extraordinarias, pero jamás debe transformarse en una doctrina permanente de gobierno. El gobernante que recibe facultades extraordinarias para restablecer el orden no recibe un cheque en blanco para desmontar la democracia.

Un régimen cruza la frontera hacia el autoritarismo cuando utiliza el aparato estatal para impedir que sus adversarios compitan; cuando persigue o inhabilita opositores; cuando somete los tribunales; cuando limita a los medios independientes; cuando considera la crítica como enemiga; o cuando modifica las reglas para garantizar la permanencia del gobernante.

No basta con colocar urnas para que exista democracia. Nicaragua constituye una dolorosa advertencia. Daniel Ortega regresó al poder mediante elecciones, pero la concentración posterior del poder y la eliminación de una competencia política efectiva terminaron desnaturalizando el sistema democrático. Venezuela advierte igualmente sobre el peligro de llegar al gobierno mediante elecciones y después debilitar las condiciones que permiten la alternancia. Cuba, por su parte, mantiene desde hace décadas un sistema sin competencia electoral pluralista por el poder.

Pero el fenómeno no pertenece exclusivamente a la izquierda. Nuestra historia también está llena de dictaduras de derecha que justificaron la suspensión de libertades alegando la necesidad de combatir el comunismo, recuperar el orden o salvar a la nación. Los argumentos cambian; el resultado es igualmente inaceptable cuando desaparecen los límites al poder.

Por eso debemos rechazar el doble estándar. No podemos defender los derechos humanos cuando los viola un adversario ideológico y relativizarlos cuando los viola alguien con quien simpatizamos. La libertad de expresión no es de izquierda ni de derecha. La independencia judicial no es socialista ni capitalista. El debido proceso no pertenece a conservadores ni a progresistas.

Gobernar con firmeza no equivale a gobernar autoritariamente. Un Estado democrático puede combatir con energía el crimen organizado, el terrorismo y la corrupción. Pero debe hacerlo bajo la Constitución y la ley, preservando los controles institucionales.

Podemos discutir cuánto Estado queremos, qué modelo económico preferimos y cuáles políticas sociales o de seguridad deben implementarse. Esas son legítimas diferencias entre izquierda, centro y derecha. Lo que no puede estar sujeto a negociación es la democracia misma.

Ningún éxito económico, ninguna reducción de la criminalidad y ninguna popularidad circunstancial justifican convertir a una persona en indispensable. Las instituciones deben sobrevivir a los gobernantes, nunca los gobernantes a las instituciones.

De izquierda o de derecha podemos discutir. Demócratas debemos ser siempre.