Una mala costumbre de EE.UU.

R ecientemente recibí una llamada de EE.UU. Me llamó un profesor de una universidad sureña, a quien no conozco. Él, gracias a un amigo común, obtuvo mi número telefónico para solicitar mi ayuda. Modestia aparte, en Nueva York mis actividades como activista son muy conocidas. Resulta que el profesor y un hermano nacieron en Panamá. A la edad de seis y siete, respectivamente, sus parientes se trasladaron a EE.UU. Allí, el profesor se nacionalizó norteamericano; el hermano no.

Con el pasar de los años el profesor logró obtener un doctorado y una posición académica en la mencionada universidad sureña de la cual se jubilará pronto. Su hermano, al contrario, se entrapó en las drogas y pasó muchos años en una cárcel norteamericana. Me dice el profesor que su hermano fue un prisionero modelo. No obstante, al cumplir su sentencia, no siendo norteamericano, fue deportado a Panamá, donde hoy se encuentra sin conocimiento del idioma y carente de familiares.

Su hermano teme que debido a estas circunstancias es muy probable que caiga nuevamente en la red del crimen y termine muerto o e la cárcel. Y por ende su llamada. Él desea que su hermano regrese a EE.UU. o que sea enviado a un país en el cual él pueda tener el apoyo social necesario.

Menciono el caso, porque no es un caso aislado. La práctica actual del coloso del Norte es deportar a sus países de nacimiento a todos aquellos que cometen crímenes de esta naturaleza, sin tomar en cuenta que dichas personas no podrán funcionar en esas sociedades. Es decir, que EE.UU. está convirtiendo en vertederos a los países en desarrollo, que carecen del dinero y de los aparatos de justicias para controlar lo que indudablemente será un crecimiento en sus poblaciones criminales. ‘Las cárceles contemporáneas son las universidades del nuevo elemento criminal’.

Cada día que pasa, América Latina y las islas del Caribe son inundadas por personas deportados por EE.UU. Muchos, después de unas semanas o meses en sus nuevos países, se dedican al crimen o intentan regresar a EE.UU. por cualquier método necesario. El Salvador y Jamaica, me dicen, son ejemplos clásicos de esa realidad.

Opino que los países en desarrollo, hoy víctimas de la arrogancia norteña, deben conjunta y formalmente luchar por el establecimiento de un tratado internacional que no permita que sus países se conviertan en vertederos humanos.

Creo yo que le corresponde a EE.UU. y no a los países en desarrollo, establecer y financiar proyectos de rehabilitación adecuada para tratar a aquellos quienes aprendieron y practicaron su criminalidad en su seno. No sé si es legalmente factible, pero estos países deberán optar por no recibir a los deportados y tal vez forzar un arreglo humano y justo.

*DOCENTE UNIVERSITARIO.