La colegiación profesional es un instrumento de organización, representación y vigilancia de las profesiones liberales. Su finalidad no puede reducirse a defender intereses gremiales: también debe proteger a quienes contratan servicios que comprometen su libertad, patrimonio, salud o seguridad. En la abogacía, como en la medicina, ingeniería y contaduría, la confianza pública exige idoneidad, independencia y responsabilidad ética.
Beneficios para los profesionales
Un colegio profesional sólido defiende el ejercicio legítimo de la profesión, combate el intrusismo, promueve la formación continua y representa a sus integrantes ante las autoridades. También puede ofrecer asistencia gremial, seguros, convenios de salud, programas de previsión y espacios de intercambio académico. Estos beneficios fortalecen la profesión y contribuyen a mejorar la calidad de los servicios. Pero su contribución más trascendente consiste en preservar la dignidad profesional. Cuando existe un sistema serio para investigar y sancionar faltas éticas, se protege a la mayoría de los profesionales que actúan correctamente. La conducta de unos pocos no debe desacreditar a todo un gremio.
Beneficios para los usuarios
Para el ciudadano, la colegiación debe significar garantías concretas: información confiable sobre la idoneidad del profesional, reglas de conducta conocidas y una instancia accesible para denunciar posibles infracciones. El cliente necesita saber que sus reclamaciones serán examinadas con independencia, prontitud y transparencia. Ello no significa que toda inconformidad, ni todo resultado adverso, constituya una falta ética. El sistema debe proteger simultáneamente al usuario y al profesional denunciado, mediante el debido proceso, el derecho de defensa y decisiones debidamente motivadas. Una disciplina justa genera confianza en ambas direcciones.
El control deontológico
La deontología reúne los deberes que orientan el ejercicio profesional. En la abogacía comprende honestidad, lealtad, confidencialidad, diligencia, independencia y respeto a la administración de justicia. Sin vigilancia efectiva de esos deberes, un colegio corre el riesgo de limitarse a funciones sociales o reivindicativas.
Defender la profesión no equivale a justificar indiscriminadamente la conducta de sus miembros. Exige, precisamente, investigar y sancionar las infracciones comprobadas. Para ello se necesita un organismo disciplinario con autonomía funcional, capacidad investigativa, recursos suficientes, separación entre investigación y juzgamiento, procedimientos públicos en lo que corresponda y mecanismos de revisión. La prevención y la educación ética deben acompañar la función sancionadora.
¿Colegio único o pluralidad de asociaciones?
En Panamá, el artículo 40 de la Constitución contempla la regulación legal de las profesiones, incluida la colegiación. La discusión jurídica obliga a distinguir entre exigir condiciones para ejercer y obligar a pertenecer a una asociación determinada. La jurisprudencia constitucional ha examinado esta diferencia a la luz de la libertad de asociación.
Por eso, la pluralidad de asociaciones gremiales no debe impedir la existencia de estándares deontológicos comunes. Puede respetarse la libertad de asociación y, al mismo tiempo, establecer por ley una autoridad disciplinaria competente para todos los profesionales, afiliados o no a un colegio específico. La unidad indispensable es la de las reglas éticas y su aplicación imparcial, no necesariamente la de una sola organización gremial.
El Tribunal de Honor
La Ley 350 de 2022 regula el ejercicio de la abogacía y contempla funciones del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, dentro del régimen disciplinario previsto legalmente. Su fortalecimiento exige revisar las competencias vigentes, incluidas las modificaciones posteriores, y asegurar los medios necesarios para investigar y tramitar denuncias con eficacia.
Debe estudiarse la posibilidad de iniciar investigaciones de oficio, mediante reforma legal cuando sea necesaria, sin menoscabar las competencias de otras autoridades ni las garantías procesales. También se requieren plazos razonables, decisiones fundamentadas y mecanismos que eviten la impunidad o el uso abusivo de las denuncias. Un tribunal sin recursos ni capacidad operativa difícilmente puede cumplir su misión.
Una garantía para la sociedad
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados reconocen el papel de las asociaciones profesionales autónomas en la formación, representación y protección de la integridad de sus miembros. Esa autonomía debe ir acompañada de responsabilidad ante la sociedad.
La colegiación no debe ser un privilegio corporativo, un mecanismo de exclusión ni una simple fuente de cuotas. Su legitimidad depende de los servicios que presta a sus miembros y de las garantías que ofrece al público. Fortalecer al Colegio Nacional de Abogados y su control deontológico implica, en última instancia, fortalecer la confianza en la abogacía y en la justicia. Un colegio verdaderamente fuerte no es el que más profesionales reúne, sino el que mejor representa sus intereses legítimos, exige conducta ética y protege a los ciudadanos. La colegiación, bien concebida, es a la vez una conquista gremial y una garantía ciudadana.