El mapa de la verdad: decidir el futuro con la ley y la ciencia

Panamá se encuentra en un punto de inflexión histórica muy profundo. Conversar sobre minería en nuestro país se ha vuelto una tarea sumamente difícil, llena de tensiones constantes y emociones colectivas a flor de piel. Es completamente natural que así sea, porque lo que está en pleno juego en este momento es nuestra geografía, nuestra estabilidad económica a largo plazo y el modelo de desarrollo sostenible que le dejaremos a nuestras próximas generaciones. Pero si de verdad queremos proteger los intereses sagrados de la nación, el punto de partida no pueden ser los sesgos ideológicos ni los gritos en la plaza pública. Debe ser la objetividad absoluta.

Para decidir el rumbo de un país con verdadera madurez y altura, es indispensable sustituir de inmediato las posturas dogmáticas por la soberanía indiscutible de los hechos. Recientemente, el panorama nacional ha recibido luces institucionales muy importantes que elevan el nivel del debate técnico. La auditoría integral realizada detalladamente por la empresa independiente SGS para el Ministerio de Ambiente nos proporciona un ejemplo sumamente claro de lo que la ciudadanía consciente debe buscar en todo momento: datos duros, transparentes, verificables y completamente auditables sobre el estado real de los compromisos ambientales, la salud de los recursos hídricos y la estabilidad de la infraestructura del proyecto en Donoso.

Buscar información real significa tener la madurez de entender que los impactos ambientales y los pasivos mineros ya existentes en el terreno no desaparecen con discursos políticos ni con consignas de redes sociales. La ciencia y la ingeniería ambiental nos enseñan que el peor escenario ecológico para las comunidades locales y para los valiosos ecosistemas vecinos sería el abandono institucional o la falta absoluta de un manejo técnico estricto. Un plan de cierre definitivo, seguro y bien ejecutado, de acuerdo con los más altos estándares internacionales vigentes, constituye un reto de ingeniería civil y biológica titánico que tomará varias décadas en completarse, requerirá miles de millones de dólares en financiamiento y exigirá un monitoreo científico riguroso y permanente.

Frente a una realidad de esta inmensa magnitud, opinar desde el conocimiento técnico riguroso ya no es una opción secundaria; es un deber ciudadano ineludible. No podemos seguir permitiendo de ninguna manera que la desinformación masiva o los mitos urbanos dicten la compleja agenda pública de nuestro país. Nos corresponde activamente como sociedad civil educarnos de forma constante, leer minuciosamente los informes institucionales de las autoridades, exigir una rendición de cuentas basada estrictamente en parámetros científicos y comprender a fondo los marcos legales y constitucionales vigentes que regulan el valioso patrimonio natural del Estado.

Tal como lo establecen con total claridad diversos compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que hoy forman parte de nuestro ordenamiento legal e institucional, la participación ciudadana es una pieza clave para el desarrollo del país. Sin embargo, para que esta participación sea verdaderamente efectiva, democrática y transformadora, debe ser obligatoriamente una participación bien informada. Las soluciones sostenibles para Panamá jamás van a surgir de la improvisación política ni de los intereses económicos particulares, sino de la aplicación estricta y transparente de la ley y de la construcción de consensos nacionales fundamentados técnicamente en números reales, mapas precisos y realidades físicas comprobables.

Las sociedades modernas que progresan de verdad no son aquellas donde todo el mundo piensa igual; son aquellas que demuestran ser capaces de sentarse a discutir civilizadamente sus profundas diferencias con educación, basándose siempre en pruebas verificables. Los datos duros no tienen ideología política ni votan en los procesos de elecciones; simplemente nos muestran la realidad de los ecosistemas tal cual es. Utilicemos decididamente todas las herramientas técnicas, científicas y académicas a nuestro alcance para construir un debate de verdadera altura nacional, donde la verdad técnica guíe firmemente el camino y el interés superior de la nación sea nuestro único norte.