El nuevo escándalo con la minera

El 23 de mayo, el ministro de Comercio e Industrias anunció con bombos y platillos que el gobierno entregaría a Minera Panamá 121.000 toneladas de concentrado de cobre para que dispusiera de ellas, acumuladas en la mina de Donoso desde octubre de 2023 cuando la Corte Suprema anuló el contrato entre el Estado y Minera Panamá al encontrarle 25 vicios de inconstitucionalidad. La relación entre ambas partes cesó, anulando cualquier vínculo jurídico entre ellas, consecuencia de esa decisión. Quedó pendiente sobre qué hacer con el concentrado mineral que quedó en la mina.

Creo que una riqueza enterrada simplemente no es riqueza. Por eso, mi oposición al exabrupto que vimos en 2023. Lo ocurrido fue producto de la oposición al leonino contrato suscrito entre el Estado y la minera canadiense. La terquedad gubernamental de no modificar adecuadamente el contrato motivó que la reacción contra él se convirtiera en un “No a la minería”. Todos recordamos lo que pasó, el país se volcó contra la minería motivado, más que todo, por la completa estupidez de Cortizo y la Asamblea Nacional de imponer a tambor batiente semejante contrato.

Lo que el MICI anunció el 23 de mayo simplemente concede todo ese material a Minera Panamá para que, del producto de la venta del mismo, lo utilice para preservar la mina y cuide del medio ambiente. ¿Y para el Estado panameño? Absolutamente nada.

Mulino dijo que del cobre allí depositado Panamá recibiría una parte sustancial. Los mecanismos establecidos para disponer de ese material, ya habían sido preparados responsablemente por el MICI con el último ministro de Comercio del gobierno Cortizo, Jorge Rivera Staff. Nada se hizo y se fue postergando la solución a un problema que se mantenía latente.

Hecha la aclaración anterior, explico lo que hay en ese concentrado de cobre cedido gratuitamente y con tantos visos de ilegalidad. De esas 121.000 toneladas se puede obtener un 30 % de cobre listo para exportar (36.300 toneladas) que, vendidas al precio de la tonelada de cobre hoy ($10.200), daría como resultado $367 millones, sin contar con el oro, la plata y el molibdeno que allí se debe encontrar y que, a pesar de que nunca estuvo incluido en el contrato que existió, siempre se lo llevó la minera sin decirnos cuál era su beneficio. Sobre esos valiosos minerales Panamá nunca recibió nada, ni siquiera el irrisorio 2 % pactado que, al final de cuentas, como se ha demostrado, no era tal por la cantidad de deducciones fiscales que hacía la minera antes de pagarnos un centavo de regalías.

Ahora le estamos dando todo ese material a Minera Panamá sin que se nos explique: ¿Por qué esa tarea no la lleva a cabo el gobierno a través de una empresa internacional diferente y que no tenga la cola de paja que tiene First Quantum ante los ojos de los panameños? ¿Por qué debemos confiar en una empresa que, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, impulsó un contrato en contubernio con un gobierno corrupto, que contenía 25 vicios de inconstitucionalidad?

Debido a lo anterior, ejerciendo mi derecho ciudadano de velar por el buen uso de los recursos públicos, presenté el 2 de junio pasado ante el Ministerio de Economía y Finanzas denuncia por bien oculto del Estado contra Minera Panamá, de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal.

En términos sencillos: ¿Qué es un bien oculto del Estado? Aquel bien que, perteneciendo al Estado, se encuentra ilícitamente en manos de particulares. Ese concentrado de cobre, que pertenece al Estado, ha sido cedido, sin mayores consideraciones jurídicas, a una empresa privada, por lo que allí se fundamenta mi demanda de bien oculto del Estado en contra de la minera canadiense.

En la Corte Suprema de Justicia se encuentra en trámite otra denuncia de bien oculto del Estado presentada por mí contra esa misma empresa. En 2010 solicitaron 7.500 hectáreas a las dadas en concesión y se las negaron. Apelaron y Anati volvió a negárselas. Ese no fue óbice para que allí, a pesar de que no tenían autorización para hacerlo, Minera Panamá construyera a la brava su tina de relave y en los gobiernos de Martinelli, Varela y Cortizo, nadie le puso el cascabel a ese gato.

Veinticinco vicios de constitucionalidad en un contrato-ley, dos denuncias por bien oculto. Y sin saber qué otras trampas pudiera habernos puesto esta empresa, ¿Pretenden que les confiemos esas 121.000 toneladas de concentrado de cobre?