El problema no está en el conflicto

El país vive un momento de contradicciones marcadas en torno a distintos temas. ¿Es posible avanzar como sociedad cuando hay tantas diferencias y tantos intereses contrapuestos dentro de una misma comunidad política? ¿Qué dice la teoría política sobre el conflicto interno y sobre cómo abordarlo, y qué limitaciones tiene esa misma teoría para dar cuenta de lo que sucede hoy en nuestros contextos?

Es cierto que entre las primeras reflexiones occidentales sobre lo político no se concebía la posibilidad de tener éxito si una comunidad se presentaba dividida. Se atribuía el deterioro político y social de las comunidades a las pugnas que surgían entre muchos intereses contrapuestos, en lugar de lo que debieran procurar: la búsqueda del llamado bien común, la unidad de la comunidad en torno a lo que era justo. Pero con el advenimiento del renacimiento y en los albores de la modernidad, Maquiavelo y otros comenzaron a advertir que la política era en realidad la disputa entre intereses opuestos, sobre qué hacer con los recursos. Es más, que las diferencias incluso podían hacer más fuerte una comunidad si el conflicto era tramitado de manera correcta. Está entonces ahí el germen de que la ciudadanía en la democracia moderna pueda tener posturas distintas, que todas sean válidas y que nadie deba ser perseguido por sus ideas. Todos los ciudadanos debían elegir representantes que gobernasen por ellos, al tiempo que ningún interés estatal podía interferir en sus espacios privados y vida personal, tratando así de evitar los atropellos en nombre del bien común.

¿Cómo se suponía que se tramitarían estas diferencias en democracia? Sartori, un politólogo reconocido, decía que a través del disenso, que no es más que la diferencia sobre qué hacer pero basada en el consenso de cómo resolver los conflictos. En suma, a través de procedimientos basados en derecho sobre los que la ciudadanía está de acuerdo. Aquí entran como ejemplo las elecciones periódicas y competitivas, que harían que la suma de la mayoría determinara el curso a seguir por el Estado. También se incluye la contienda social, las protestas y movilizaciones, que están garantizadas legalmente como forma de impugnar órdenes que no son discutidos por las elecciones (este fue el caso por ejemplo de las luchas por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos). Finalmente, también hay procedimientos de democracia participativa y directa que deben complementar las elecciones, espaciadas en el tiempo, y que se basan en la deliberación entre posturas distintas, un ejercicio con valor en sí mismo, de acuerdo con varios teóricos políticos como Habermas. Luego, no es un problema per sé que haya contradicciones o conflictos, pues estar en desacuerdo tiene escenarios de expresión y resolución con garantías democráticas y legales.

Hoy enfrentamos distintos retos a la idea de que la democracia pueda tramitar esas diferencias de manera correcta. Primero, y casi contemporáneamente a la democracia moderna surgió la crítica de que no todos los ciudadanos tenían el mismo lugar en términos materiales, algunos ciudadanos poseían un rol vulnerable en términos sociales, y que por eso la igualdad política de esa democracia estaba incompleta. Hay un trabajo reciente que comprueba para América Latina la relación entre la vulnerabilidad social y un alejamiento ciudadano de la democracia, por lo que esa tensión entre una democracia que garantice un espacio privado y libre, y que a la vez garantice bienestar social y económico a todos sus ciudadanos sigue estando más vigente que nunca.

En el mismo sentido, Anthony Downs, economista estadounidense, señalaría a través de un modelo de elección racional que aunque los votos de todos contaban como uno, en la práctica había ciudadanos que influenciaban más votos por su posición de recursos y poder, lo que significaba que los intereses de uno valían más que los de otros. Luego, cuando a la inequidad social se le suman problemas como la corrupción, el clientelismo y el patronazgo, el reto se hace más actual que nunca.

Tercero, en la actualidad el narcotráfico y el crimen organizado dota a algunos actores políticos y sociales de herramientas que intimidan a los que difieran de sus intereses, y que consolidan así disparidades de poder. La capacidad ciudadana para defender una postura en democracia se ve disminuida en un contexto en que existen amenazas violentas en medio de un debate político. Finalmente, y en entre otros desafíos más, ha emergido la polarización afectiva como una forma discursiva que no contribuye a la discusión democrática. En este nuevo escenario las diferencias son tratadas como si se tratara de disputas entre barras deportivas, la veracidad deja de tener relevancia y se hace imposible lograr acuerdos con partes que se tratan y tratan todo en absolutos. Gracias a todos estos retos parecieran vacíos e insuficientes los procedimientos para mediar los desacuerdos.

Todas las democracias modernas de la región, incluida la panameña, están en un momento en el que el problema primordial no son estas diferencias sobre asuntos como Río Indio o el asunto pensional, que sí, son importantes, sino el cómo aspectos como la inequidad social, la corrupción, el clientelismo, el narcotráfico, el crimen organizado y la polarización afectiva, entre otros, han deformado el conjunto de procedimientos y consensos sobre los que una comunidad política puede resolver sus conflictos. Es obligación de todos los actores mirar más allá de la disputa del momento.