Artículo 28. El Sistema Penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y de defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos. Se establecerá la capacitación de los detenidos en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad. Los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación (Constitución Política).
Artículo 1. La presente ley tiene como finalidad organizar el Sistema Penitenciario panameño, entendido éste como el conjunto organizado, funcional y estructurado de elementos normativos, técnicos y científicos que definen la naturaleza de los centros penitenciarios.
Este sistema se fundamenta en los principios de seguridad, rehabilitación y defensa social consagrados en el artículo 28 de la Constitución Política. (Ley 55 de 2003. “Que organiza el Sistema Penitenciario).
Nada, absolutamente nada de lo establecido por la Carta Fundamental y la Ley Penitenciaria se cumple en Panamá.
Desde lo único correcto (en materia de derechos humanos) hecho por los regímenes de la plutocracia minera, corrupta, clientelar y antinacional, instalada por las hordas imperialistas el 20 de diciembre de 1989 —esto es, la demolición de la “cárcel Modelo” (1996)—. En la República de Panamá no se ha construido un centro penitenciario que reúna los requisitos y desarrolle las prácticas penitenciarias conforme a los derechos humanos universalmente aceptados y prescritos en el artículo 28 de la Carta panameña y desarrollados en la Ley 55 de 2003.
Bochornosamente, nuestro país tiene una de las más altas tasas penitenciarias de la región. En las mazmorras (sobre superficie) nacionales se encuentran hacinadas, enfermas, y hasta mueren de desnutrición 24,915 seres humanos, que dicho sea de paso, solo deberían estar privados del derecho ambulatorio y, en algunos casos, sometidos a penas accesorias.
Ello significa que en Panamá está preso en ergástulas y mazmorras casi un ser humano (0.7%) por cada 100 del total de la población, mientras que en Colombia la madre del narcotráfico, de la trata de personas y del bandidaje, el porcentaje de privados de libertad es mucho menor (0.2%). En países similares al nuestro, como Costa Rica (0.4%) y Uruguay (0.5%), es decir, la relación de la población privada de libertad es menor.
En conclusión, mientras que la República de Panamá, no cuente con una “política criminal integral” y derivada de ésta un sistema penitenciario moderno y acorde a los derechos humanos previstos en la norma superior número 28 y la Ley 55 de 2003, continuaremos escuchando las sandeces del “DICTADOR” y de su ministro de Seguridad y, repetidas por la “periquera” mediática; de que “la policía captura un delincuente hoy, y mañana los jueces lo ponen en la calle”.
¡Así de sencilla es la cosa!