• 19/11/2026 00:00

La mina sigue; pero ¿cómo? ¿cuándo? ¿para qué? y ¿para quienes?

Son tantos los temas que vienen cayendo como una catarata ininterrumpida que, aunque había anunciado continuar comentando el esperpento legal mediante el cual se extendió, hasta el año 2048, la concesión que, por haber expirado en el año 2023, había dejado sin piso jurídico a la denominada “Ciudad del Saber”, el “mazazo” del anuncio de que todo se ha venido alineando para reabrir la mina de cobre justifica la posposición que, además, abrirá el espacio para conocer las argumentaciones de las demandas que, según ha trascendido, cuestionarán la constitucionalidad de “la adenda” aprobada por la Asamblea Nacional.

Las declaraciones de los voceros gubernamentales, por ser varias, por retazos confusos y porque no están recogidas, como correspondía por la trascendencia del tema, en un “Comunicado Oficial”, han abierto un campo tan amplio para la especulación que, así debiera reconocerlo el gobierno, no es el mejor punto de partida para el debate público que se avecina.

Llamativo de esas declaraciones y un punto que debiera aclararse sin mayor demora, es la avanzada como globo de prueba por el titular del MEF, quien, “citando la Constitución” ha adelantado la inconsistente tesis de que, por ser una potestad del Estado explotar sus recursos naturales, entre ellos los que existan en el subsuelo, como es el caso de los depósitos mineros, este no necesita de una ley para hacerlo.

Como de esa afirmación cabe deducir que el gobierno ha decidido que para reanudar la explotación de la mina sea necesario un “nuevo contrato ley”, por cuanto ese fue, precisamente, el aspecto medular del fallo que declaró la inconstitucionalidad de la operación de la mina, antes de que se agregue más confusión a un debate que, de lo que menos necesita es de argucias jurídicas o semánticas, es impostergable y “para ayer” una aclaración oficial.

Por la manera en que se ha desarrollado “y manejado” el tema de la mina, desde que quedó en firma el fallo de la Corte Suprema, la asunción de que, desde sus inicios, en el gobierno existía la intención de reabrirla, ha comprobado tener fundamento. Y el gobierno haría bien en admitirlo. Y también haría bien en prepararse para explicar los argumentos con los cuales pretende convencer al setenta por ciento (70%) de la ciudadanía que se ha pronunciado reiteradamente en contra de la reapertura y explotación de la mina.

El artículo 257, numeral 5, de la Constitución, a la letra dice: “Pertenecen al Estado: . . . . 5. Las riquezas del subsuelo, que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación, según lo establezca la Ley.”

Con base en esa norma, y partiendo de un punto cero, de existir en el subsuelo un depósito mineral con posibilidades de ser explotado comercialmente, el Estado como su dueño tiene la opción de invertir recursos propios o contratarlos para su financiamiento y recibir las ganancias de la empresa. Pero, desde luego, ese no es el caso presente. La mina existe y su explotación fue concesionada a una empresa extranjera, en las condiciones que fueron aprobadas mediante un Contrato-Ley, que fue declarado inconstitucional. Esa realidad existe y no se puede borrar invocando como fundamento un supuesto constitucional que era aplicable a un estado anterior, cuyo punto de inflexión fue el fallo de la Corte Suprema.

El gobierno, ahora nadie lo duda, desde que asumió funciones tenía entre sus proyectos la reapertura de la mina. Durante todos los años y meses que lleva de su mandato, mediante una campaña concertada, para la que ha contado con la concurrencia de los sectores interesados, ha tratado de crear las condiciones “para vender su proyecto”; pero es evidente que el camino escogido es insustentable. Y la tesis que ahora parece querer impulsar, de que ya no será la empresa minera, sino que será el Estado el que, por una decisión soberana, explotará la mina, por su trivialidad e inconsistencia, indefectiblemente, marcha hacia el fracaso.

Al gobierno, antes que empeñarse en esconder sus verdaderas intenciones, más le convendría desvelarlas en un documento oficial que responda a todas las preguntas del título y que sirva de base para el debate que, por la envergadura y trascendencia del tema, está obligado a realizar; pero con todas las cartas sobre la mesa.

* El autor es abogado
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