¿Qué esconde la Autoridad Marítima?

La entidad que más escándalo esconde, pero que ha logrado pasar desapercibida para muchos, especialmente por los intereses que conlleva. Hoy vamos a hablar de lo que sucede con el tema de los puertos y Panamá Ports. Todos recordarán que el año pasado vencía el contrato ley que tenía Panamá Ports con el Estado panameño, el cual incluye una cláusula de prórroga automática. Es decir que de 25 años iniciales tendría derecho a obtener 50 años de concesión, siempre y cuando la empresa haya cumplido con sus obligaciones básicas.

Ahora bien, tenemos que, mediante Ley número 5 de 1997, se aprobó el contrato entre el Estado y la sociedad Panamá Ports, en lo más relevante se establecía que la empresa producto de la licitación que se había ganado, escúchese bien, fue por medio de una licitación en la cual Panamá Ports se comprometió con el Estado panameño en pagar una anualidad fija de 22 200 000 dólares; adicional, la empresa se comprometía a pagar una anualidad variable correspondiente al 10 % de la entrada bruta de todas las fuentes de ingreso que provengan de la actividad que realizaba Panamá Ports, y, en adición, Panamá Ports se comprometía a entregar al Estado panameño una participación accionaria del 10 % del capital de la empresa.

Este contrato fue modificado por Mireya Moscoso y su equipo de Gobierno en el sector económico, mediante una Resolución del Ministerio de Comercio e Industria, la cual desmejoró la posición del Estado panameño. Esta Resolución nunca fue sometida a la Asamblea Nacional para su aprobación como adenda y por ende modificación al contrato ley. Esa Resolución fue demandada ante la Corte y luego con el cambio de Gobierno y la entrada de Martín Torrijos, mediante otro decreto, se derogó dicha resolución, pero se dejó todo lo actuado. volviendo el Estado a ser el perjudicado.

Posteriormente, ese contrato ley se modificó mediante otras adendas, en las cuales se establecía cuál era el costo del movimiento de contenedor que tenía que pagarle Panamá Ports al Estado panameño, y se establecía que la revisión de dicha tarifa sería cada 5 años. En el año 2013 se debió revisar y no se hizo, siendo el Estado nuevamente perjudicado. En el año 2018 correspondía otra revisión más y tampoco fue realizada por el Gobierno de turno. Ni en el Gobierno de Ricardo Martinelli ni el Gobierno de Juan Carlos Varela hicieron las revisiones en cuanto al costo, según el índice de precios al consumidor que debía pagar Panamá Ports por el movimiento de contenedores. Perdiendo el Estado ingresos necesarios.

Ahora tenemos que, en junio del 2021, a solicitud de Panama Ports, la Junta Directiva de la Autoridad Marítima emite una Resolución mediante la cual instruye al administrador de la Autoridad Marítima para que proceda a comunicar a la empresa que la prórroga ha sido concedida. Mediante 2 acciones de “hábeas data”, le he pedido al administrador de la Autoridad Marítima que me certificara si se le había comunicado a la empresa la prórroga de su contrato ley, a lo cual nos indicó que, mediante una certificación No SG No 21-06-2021 de 28 de junio de 2021, se le había comunicado a la empresa, pero se negó a entregar copia auténtica de dicha certificación. Me tocó acudir a la Corte Suprema, a fin de solicitarle que le ordenara a la Autoridad Marítima entregar la copia de la certificación dada su negativa.

La Corte indicó en un fallo que, conforme al artículo 70 de la Ley 38 del año 2000, salvo que se haya decretado de carácter restringido la información solicitada, debió haberla entregado, pero la Autoridad Marítima ha mantenido su posición de no entregar la información. Escudándose en que la Resolución de la Junta Directiva fue debidamente publicada en la Gaceta Oficial, con lo cual se perfeccionaba la prórroga del contrato, lo cual es contrario a lo que señaló la Sala Tercera de la Corte Suprema dentro de una demanda que presenté, y en la cual indicó que la Resolución de la Junta Directiva era un acto de mero trámite y que no causaba estado y que lo que se debía demandar ante esa Sala era, precisamente, la certificación que la Autoridad Marítima de Panamá se ha negado a entregar.

La Autoridad Marítima, así como la Contraloría de la República y la Asamblea Nacional, saben perfectamente que un Contrato Ley no puede ser modificado sin que haya pasado por los trámites pertinentes, pues, en el caso de Panamá Ports, no estamos frente a una simple prórroga. Esto es así, porque según la Junta Directiva de la AMP, se habla de que la empresa Panamá Ports entregó al Estado panameño 150 millones de dólares que supuestamente corresponde a 83 millones del 10 % de la participación accionaria, 20 millones correspondiente a dividendos pagados por adelantado y un aporte liberal de 27 millones de dólares. Cuando ninguno de estos montos ni las formas de pago están contempladas en el contrato ley y por ende requieren que dichas modificaciones pasen por la Asamblea Nacional, tal como pasaron las 3 adendas anteriores.

¿Qué esconde el administrador de la Autoridad Marítima? ¿Porque su negativa a entregar la certificación mediante la cual perfeccionó la prórroga por 25 años más a Panamá Ports? Hay que recordar que el procurador general de la Nación tiene en su despacho desde el año 2021 una denuncia penal, con relación al trámite que se ha dado en esta prórroga de contrato, así como la inacción en la fijación de los cánones por movimiento de contendores, en la cual el Estado es el principal perjudicado, pues pudo obtener una mejor negociación en beneficio de la población necesitada del país.

Seguiremos con esta cruzada, porque consideramos que los recursos del Estado deben ser manejados de forma transparente, de forma cristalina y en los cuales el beneficio sea para ambas partes y no solo para una. Por el capricho o el interés de algún funcionario que ha preferido obviar los procedimientos legales.

Al país lo siguen saqueando y se siguen burlando tanto de nuestras autoridades judiciales como de las autoridades de investigación, porque sienten que aquí no pasa nada, que el delito paga y que, como siempre, el panameño se olvida de todo.

El descaro del administrador de la Autoridad Marítima llegó al punto de, mediante una nota formal, indicarme que la revisión del índice de precios al consumidor dependía de una respuesta de la Contraloría General, respuesta que ya le había llegado 8 meses antes de la nota en la cual me indicaban que esperaban esa respuesta. Ojalá el Ministerio Público realice una investigación sin temor de señalar, de imputar e investigar al funcionario que sea o aquel particular que, utilizando ventajas o traficando influencias, lesiona al patrimonio del Estado.

Así veo las cosas y así las cuento.