Excelente oportunidad que fue desaprovechada

La designación de quienes dirigirán la actividad fiscalizadora de los fondos públicos por los próximos cinco años, observada desde un punto de vista objetivo y no partidista, ha dejado un sabor insípido, inodoro e incoloro en muchos paladares panameños. No se trata de cuestionar los méritos de quienes han sido seleccionados: ese no es el tema que nos ocupa. De paso, les deseamos el mayor de los éxitos en su gestión.

Se trata, en cambio, del procedimiento seguido para designarlos. En ese sentido, tampoco podemos cuestionar la legalidad del método utilizado, porque formalmente es facultad soberana del Órgano Legislativo escoger a quien le venga en ganas con solo llenar las dos o tres formalidades que exige la Constitución. Pero faltó ‘algo’ que muchos esperábamos como señal del inicio de la prometida renovada era democrática: que se diera oportunidad para escuchar la voz de la ciudadanía, expresada por medio de las diferentes asociaciones, grupos y gremios que conforman la sociedad civil y que en resumidas cuentas conocemos como ‘opinión pública’.

Tampoco abogamos porque la sociedad civil deba imponer su criterio ni que éste sea el más válido, porque puede resultar rotundamente equivocado, como sucede cuando votamos por personas indignas de representarnos políticamente. Pero algo es absolutamente cierto: las recientes designaciones fueron resultado directo del entendimiento entre todos los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional. No hubo espacio para conocer, fuera de ellos, sobre la idoneidad de las personas postuladas, idoneidad que no es tema de estas reflexiones. Cierto que en los corrillos se mencionaba el ‘ungido’ del partido gobernante, por no decir ‘del presidente de la República’, por aquello de cuidar la separación de poderes. En tanto no se formalizara la candidatura, solo era dado hacer referencia, en términos generales, a ciertas valiosas cualidades que debían ser exigidas, aunque no fueran contempladas expresamente en la Ley. No había que prestar atención a currículos de 71 ciudadanos que atendieron el llamado de la Asamblea confiados en que disfrutarían de iguales oportunidades.

Luego de más de seis meses de negociaciones al amparo del llamado Pacto de Gobernabilidad —sea lo que él signifique— se presentó la postulación formal y, en menos de trece minutos, se aprueba la designación: tres minutos para que un diputado sustentara la postulación que había sometido y escasos diez minutos para la votación nominal de 61 diputados. Quedó en evidencia que la idoneidad del candidato ya postulado formalmente fue expuesta ante el país solo en un total de 180 segundos y que la llamada ‘negociación’ terminó siendo en efecto una imposición y la correspondiente claudicación.

Hace cinco años, gracias a la negociación de los 43 votos de los dos partidos que conformaban la alianza de Gobierno en ese momento, el cargo de contralora fue otorgado al partido Cambio Democrático y la Sub Contraloría al Partido Panameñista. La opinión pública tampoco fue consultada ni tomada en cuenta aquella vez.

En las circunstancias actuales resulta imposible asegurar que la ciudadanía/sociedad civil tuvo una oportunidad efectiva para manifestarse de acuerdo, o en desacuerdo, con la decisión unánime de los partidos políticos representados en la Asamblea. La conclusión evidente es que solo los partidos políticos que avalaron la postulación serán los responsables para bien o para mal de la labor de la Contraloría en el próximo quinquenio: suyo será el mérito y el aplauso en caso de un desempeño ejemplar, pero también la vergüenza y el escarnio en caso contrario. La sociedad civil/ciudadanía fue convidada de piedra ante un ejercicio que hubiese dignificado el alma de la democracia. Fue la oportunidad que se dejó perder.

EXDIPUTADA