El discurso político frente a la corrupción

Como abogado, estudioso de la cuestión constitucional, no le encuentro sustentación al manejo de recursos, de la naturaleza que sean, por parte de los diputados o legisladores para trabajo de ayuda o asistencia comunitaria. Somos del criterio que los diputados deben evitar caer en esas tentaciones prebendalísticas, que se presentan encubiertos con la figura eufemística de ayuda a los electores, ya que desde la perspectiva legal penal pudieran evitar incurriendo en una extralimitación de funciones, lo anterior desde el punto de vista constitucional.

Hace algunos años, conjuntamente con mi hermano, el doctor Silvio Guerra, demandamos la inconstitucionalidad de las entonces denominadas partidas circuitales. La Corte Suprema de Justicia se hizo eco de nuestras argumentaciones y concluyó que en un Estado de Derecho constitucional el papel de los integrantes de la Asamblea Nacional es legislar y no manejar recursos para actividades comunitarias. Sin embargo, como siempre, se impuso el juega vivo y cambiaron el nombre a tales partidas, pretendiéndose con ello, evitar el cumplimiento de una sentencia constitucional. El artículo 150 de la Carta Magna es claro, en el sentido que los ‘diputados actuaron en interés de la nación’.

Los gobernantes, históricamente, salvo excepciones, actúan como si los ciudadanos somos ingenuos, tontos e ignorantes. Llegan al extremo de un inaudito cinismo, el poco me importa, para justificar lo injustificable.

Verbigracia, ‘no podemos cerrar el PAN, porque pudiera afectar las investigaciones que viene haciendo el Ministerio Público’. Eso, desde el punto de vista penal, no es cierto. Vamos a enfrentar la corrupción con todas nuestras fuerzas’, pero no hay compromiso claro y cierto, de dotar al Ministerio Público, al Fiscal de Cuentas, a la institución de la transparencia y lucha contra la corrupción, de los recursos, de tal suerte, que permita que estas instituciones, ante la lluvia de denuncias que cursan esos despachos y que vendrán por montones, tengan la capacidad y eficacia para llevar las investigaciones.

Es por lo anterior, que vengo insistiendo en la movilización ciudadana como garantía de que en Panamá, sí vamos en serio contra la corrupción. Se trata de una cruzada en medio de una contaminada institucionalidad y donde están en la picota poderosos intereses económicos, que han hecho de la corrupción, su palanca de acumulación de grandes fortunas y patrimonio.

En este contexto, me preocupa el silencio que guardan algunos sectores de la sociedad, juegan a la política del avestruz; conscientemente se han marginado de la lucha contra la corrupción. Se trata de una inacción sospechosa que sirve o lleva agua al molino de los corruptos. Igualmente, llamo la atención en torno a algunas designaciones en la estructura del Estado de personalidades del grupo de la sociedad civil. Deben tener mucho cuidado, porque no lo duden, de por medio hay un cálculo de cooptación. Los ciudadanos estamos vigilantes.

ABOGADO