Homenaje al Dr. Enrique Mendoza P.

El Dr. Enrique Mendoza Posada dedicó su vida al estudio, la enseñanza y la formación de profesionales de la medicina. Se distinguió por la observancia estricta de la ética, basada en el respeto a la autonomía, cimiento de la dignidad humana, y por su permanente afán en procura de la excelencia en la calidad de la atención. Estos objetivos superiores explican sus esfuerzos por elevar los estándares de la educación médica y de la metodología de evaluación y certificación, a fin de alcanzar un óptimo nivel de equidad, seguridad y confianza en la cobertura de los servicios de salud, bajo la premisa de una concepción integral, de carácter público, con cobertura universal y eficiencia en cuanto a la gestión de los recursos.

Brilló con luz propia en el campo de las ciencias biológicas; no obstante, estimo que, sobre todo a raíz de la pandemia, debió enfrentar situaciones difíciles, porque conocía a fondo la realidad epidemiológica y el sistema sanitario. Sabía que la pobreza multidimensional, expresión de la desigualdad social prevaleciente, junto al déficit habitacional, el hacinamiento y diversas comorbilidades, como diabetes e hipertensión, hacían del escenario un serio desafío, con el agravante de que, a nivel de la regencia, prevalecían la incompetencia y la improvisación, propias de la tradicional y nefasta administración política.

El 3 de marzo de 2020 se integró un Comité, constituido, según los medios de prensa, por expertos en evidencias científicas, cuya finalidad era orientar y asesorar a las autoridades de salud en el manejo de la pandemia, que, según la OMS, sería la peor y más letal de la historia, dado que superaría a la gripe española de 1918. Se inició así una narrativa oficial, con censura y persecución mediática y judicial de cualquier forma de disidencia. Por vía del estado de excepción, impusieron restricciones a la movilidad social y, con dos emisiones diarias de noticias alarmantes sobre el aumento de la cifra de muertes por el COVID, la carencia de camas, la falta de ventiladores, etc., generaron el pánico.

El Dr. Mendoza era plenamente consciente de que la calidad y la eficacia de los medicamentos están estrechamente vinculadas a la seguridad; de aquí su inflexibilidad en cuanto a exigir respeto a la normativa vigente. Sin embargo, la vacuna contra el COVID-19 fue aprobada, previa omisión deliberada del registro sanitario. También sabía que el contrato aprobado estaba viciado de nulidad absoluta, porque el proveedor exigió incluir el impedimento a demandas por efectos adversos asociados a la aplicación del biofármaco experimental. Y, como si fuera poco, el Gobierno restringió el acceso a las actas del Consejo de Gabinete por un plazo de diez años. Sabía el impacto de las políticas públicas, particularmente en el sector social: educación y salud; lo que explica la década de lucha y los retos insalvables para la construcción de la nueva Facultad de Medicina. También sabía que el Banco Mundial, al asumir el liderazgo en la formulación de políticas de salud, advirtió: “los países en que los servicios de salud estatales han crecido desmesuradamente se concentran en exceso en la asistencia discrecional de los servicios esenciales para los grupos pobres, ese sistema tiene que reducirse”; argumento falaz para recomendar lo que los Gobiernos hicieron: reducir el presupuesto de salud pública e impulsar la privatización. Otra similar: “los Gobiernos no deberían reducir los gastos en medicinas a través de la fabricación de genéricos, ya que crearían una competencia desleal contra las compañías farmacéuticas”. Lo importante era, y sigue siendo, proteger la industria farmacéutica; el dietilenglicol les sirvió para eliminar los genéricos que fabricaba la CSS.

Tras la salida de la ministra de Salud, el 25 de junio de 2020, cuando se instaló el Consejo Consultivo de Salud, invitaron al Dr. Mendoza, quien indudablemente debió enfrentar a los coludidos en la trama de complicidad con el capital financiero internacional, pero seis meses después, el 24 de diciembre de 2020, renunció, consignando “lamentar que las presiones y los intereses económicos estuvieran por encima de la salud pública; expresadas en razón de las divergencias de criterio entre lo técnico y las decisiones del Gobierno”. La avaricia y la iniquidad son incompatibles y excluyentes con el humanismo y la justicia, que representaba el Dr. Mendoza. Su meritorio legado exige un reconocimiento coherente, por lo cual presento dos propuestas: 1.- Elaboración de un anteproyecto de ley general de salud; el Código Sanitario, vigente desde hace ocho décadas, a cuya obsolescencia debemos la improvisación, la corrupción y la inoperancia del sistema sanitario; falencias que el Gobierno empresarial se propone corregir eliminando el año del servicio social; haciendo de la salud pública una mercancía más para el libre mercado. Urge una ley moderna, centrada en la salvaguarda de los bienes patrimoniales más preciados de la humanidad: la vida y la salud; que garantice la racionalidad de la política administrativa y la supremacía de la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, sobre el desmedido afán de lucro del capital financiero, la industria farmacéutica y la robótica.

2.- Crear una institución dedicada al análisis de los indicadores del sistema sanitario y a formular propuestas en el contexto de la normativa de la gestión de calidad (protocolos, educación continuada, acreditación de hospitales, auditoría médica, bioética, etc.). Institución cuya misión sería promover la eficiencia y la seguridad en la gestión; sería el Instituto de Gestión de la Calidad en Servicios de Salud, Dr. Enrique Mendoza Posada.