Conspiración contra la salud de los trabajadores asegurados (I)

Con la renuncia del Dr. Martiz, del cargo de director general de la Caja de Seguro Social y su reemplazo con el Dr. Julio García Vallarini, se abre la posibilidad de derrotar a la corriente de pensamiento institucional de conspirar contra la salud de los trabajadores expresada en la inacción desde hace 47 años del Seguro de Riesgos profesionales y desmantelamiento del Decreto de Gabinete No 68 del 31 de Marzo de 1970.

En febrero del 2018 dicho director envía cuatro Reglamentos a la Junta Directiva para modernizar las prestaciones en salud y económicas, en este seguro (que cuenta con 800 millones de balboas de reservas) como parte de un supuesto proyecto institucional y hace 1 mes solicita su retiro de la JD para hacer una revisión legal. En este último caso la propia Junta Directiva y lamentablemente sus representantes obreros ceden frente a las presiones del director general.

¿Cuál es el significado de este retiro y la nominación de un médico general a la cabeza de la Dirección Nacional de Salud y Seguridad ocupacional no idóneo en este campo? En efecto el Consejo Técnico de salud solo reconoce como idóneos aquellos profesionales con título de Técnico en salud ocupacional y aquellos médicos con títulos de especialistas en Medicina del Trabajo otorgados por Centros Hospitalarios y Universidades reconocidas por la Universidad de Panamá.

La respuesta es muy sencilla: 1. razones personales: dadas por el asalto a emolumentos adicionales por un año, 2. contribuir al desmejoramiento de las prestaciones y servicios de salud a los trabajadores asegurados, con el objeto de facilitar su concesión administrativa o privatización a corporaciones internacionales o nacionales, 3. seguir tapando los huecos y despilfarro financiero del Programa de Enfermedad y Maternidad, y 4. destruir fuerza trabajo al peor estilo neoliberal para abaratar el costo de la misma, a la luz de los cambios en la legislación laboral en el próximo Gobierno. Recordar que cada semana muere un trabajador por accidente de trabajo, se desconocen cuántos trabajadores mueren por enfermedades profesionales y por ende, cuántos sufren de discapacidad, dentro de un sistema de subregistro y notificación de daño.

Para conocer el terreno de la confrontación y conspiración hay que buscarlas en las propuestas de modernización (Reglamentos) del Seguro de Riesgos profesionales y de Invalidez, en cuanto se refiere a las intervenciones preventivas, de atención médica, calificación del Riesgos profesionales, de la incapacidad permanente e invalidez por enfermedad común de la incapacidad temporal y prolongada y de rehabilitación y readaptación profesional, emanadas de un equipo de especialistas cuyo corolario es acelerar las prestaciones económicas a los trabajadores después de 47 años de ignominia y desprecio hacia los trabajadores de parte de los funcionarios de la Dirección Nacional de Prestaciones Económicas, de la Comisión de Prestaciones Económicas y la Dirección Ejecutiva de Servicios y Prestaciones en Salud.

En este escenario la corrupción y el negociado han perdurado por ese tiempo y por ello había que hacer un cambio como el propuesto en los proyectos de reglamentos. Había que retomar el laboratorio de Toxicología e Higiene y Microbiología Ambiental abandonado por 15 años, construir los centros de diagnostico especializado en medicina del Trabajo, los Módulos de Rehabilitación y Readaptación profesional.

Es menester resaltar que desde el 2004 dicha Dirección (denominada anteriormente Programa de Salud Ocupacional) y hasta su remplazado con la administración de Alfredo Martiz estuvo en manos de médicos generales sin idoneidad y competencias al respecto. En este escenario los emolumentos adicionales fueron la tónica para los secuaces de las jefaturas anteriores, mientras la mortalidad por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se incrementaba (tal como lo demuestra una investigación realizada por Udelas.

El Dr. Martiz es consciente de lo que se planteaba hacer con respecto a los seguros de riesgos profesionales y de invalidez, a tal punto que los proyectos de Reglamentos fueron enviados por él, en febrero de este año, a la Junta Directiva y precisamente al señor Guillermo Puga, presidente de la misma. Por otro lado, los trabajadores accidentados o enfermos cobran sus incapacidades hasta dos años después del evento, gracias a la policía administrativa (Departamento de Seguridad Ocupacional) y al aparato jurídico, procedimientos de funcionamiento (que nadie conoce) y de la Comisión de Prestaciones económica. El director general se comprometió con las centrales obreras a resolver esta situación y ahora revierte su pensamiento. No hay que olvidar los médicos burócratas anclados a los emolumentos como parte del adversario de clase de los trabajadores

El diagnóstico situacional de la salud de los trabajadores en Panamá (incluye sector formal e informal), pero se estima que el 53 % de la información corresponde a trabajadores asegurados y el resto a no asegurados (responsabilidad que le corresponde al Minsa). Los datos obtenidos comparan el registro nacional de los Riesgos Profesionales, entre 1994-2014, con la estimación estadística de la metodología utilizada por la OIT.

MÉDICO

‘[...] la corrupción y el negociado han perdurado por ese tiempo y por ello había que hacer un cambio como el propuesto en los proyectos de reglamentos'