Imperativo política de austeridad gubernamental

Durante el informe a la Nación presentado por el presidente Laurentino Cortizo, en su tercer año de gestión, el mandatario  enfatizó en lo que ha hecho su gobierno y numeró una larga lista de subsidios por el orden de $2,263 millones que han otorgado.

Lo cierto es que pese a lo expresado por el mandatario, existe inconformidad generalizada, ya que las medidas enunciadas no han logrado la efectividad para solucionar y resolver la problemática existente.

Esta situación viene generando constantes  protestas en todo el territorio nacional, reclamando mayor bienestar social y económico y de servicios.

Las promesas de campaña no se han cumplido, la educación se encuentra en retroceso, la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS) no se resuelve, inclusive, se agrava.

La corrupción se populariza, no existe transparencia, prueba es que se ha incrementado la deuda pública y con ello la planilla estatal, producto del exacerbado clientelismo.

La figura del subsidio se  ha distorsionado, convirtiéndola en un mecanismo de dádiva clientelar, para votos futuros.

A lo anterior se  suma la ausencia de fiscalización efectiva, producto de una Contraloría ausente o genuflexa, con escaza o ninguna beligerancia del papel que le corresponde como fiscalizador de los gastos del Estado.

Estos hechos evidencian que se requiere con urgencia de un cambio de dirección para  tratar de recobrar la confianza y credibilidad de la población, en las instituciones del Estado.

Es urgente generar y poner en marcha  un cambio en la actual política económica y social, en procura de generar empleo, movilizar la economía y propiciar mayor bienestar a la población.

Es imperativo introducir una política de austeridad gubernamental con estrategias contundentes, que reduzcan, en el menor tiempo posible, el gasto público. Eliminar las consultorías y publicidades millonarias innecesarias, así como privilegios a diputados y funcionarios de alto nivel.

Igual, hay que revisar y evaluar los subsidios e incentivos otorgados, a fin de cambiar la politiquería por dignidad, justicia y bienestar social.

Es obligatorio reestructurar el programa de reactivación económica, priorizando fundamentalmente en la activación de la mediana y pequeña empresa, principales generadoras de empleos, así como implementar medidas de mitigación para contrarrestar la inflación y el alto costo de la vida, por ello hay que incentivar y hacer crecer la producción agrícola nacional.

La educación, salud y seguridad social son necesidades indispensables, requieren de la aprobación y ejecución de iniciativas precisas que alcancen resultados efectivos prontamente para generar paz social.

De igual manera es preciso recobrar la credibilidad y confianza de la población implementando con certeza, firmeza y energía, políticas y procedimientos de anticorrupción y transparencia (rendición de cuentas), como garantía efectiva del combate a la corrupción, sin contemplaciones, caiga quien caiga.