Inversión pública, clave para la recuperación económica

La crisis económica que vive el país, producto de la COVID-19, es inédita. Si vemos el Índice de Actividad Económica de mayo, el mismo cayó 41 %, comparado con mayo del año pasado. En Estados Unidos, se prevé que la economía se contrajo un 33 % el segundo trimestre. Se espera una contracción del 4.9 % de la economía mundial para este año, según el Fondo Monetario Internacional (junio 2020). En Panamá, no hay consenso sobre cuál será el efecto final para este año, con estimaciones de una contracción del 5 % hasta cifras de una contracción mayor al 10 %.

Definitivamente que las medidas que ha tomado el Gobierno han contribuido a que el efecto negativo de la crisis de la COVID sea mayor. Panamá ha tenido una de las cuarentenas más largas del mundo y todavía hay una gran cantidad de actividades que no han abierto. Recientemente se abrieron el comercio y la construcción, pero de manera muy limitada. El comercio solo se puede hacer en línea y ya anteriormente escribí lo atrasado que nuestro país estaba en “e-commerce”. No hace sentido que podamos entrar a un supermercado o farmacia, pero no a una tienda para escoger y probar lo que queremos comprar. De nada sirve abrir, si siguen las restricciones de movilidad en las dos provincias más grandes del país.

¿Qué se debe hacer entonces para reactivar la economía? La respuesta es la misma que se usó en el 2009, cuando el mundo estaba sumergido en la Gran Crisis Financiera, usar la inversión pública para arrancar la economía. Los escenarios son diferentes, es verdad. En el 2009 veníamos de cinco años de manejo prudente de las finanzas públicas y el desempleo iba a la baja. Ahora tenemos varios años con decrecimiento económico, una duplicación del desempleo y un descalabro de las finanzas públicas, producto del mal manejo del Gobierno anterior y no hay megaproyecto, como era la ampliación del Canal. Pero preocupa leer el balance fiscal del primer semestre para ver cómo se ha frenado la inversión pública, cuando se debería estar haciendo todo lo contrario, aumentando la inversión y bajando los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento aumentaron 3.5 %, mientras que la inversión bajo 36.4 %. Esta tendencia a la baja de la inversión pública venía desde antes de la pandemia de la COVID. Entiendo la necesidad de las autoridades del MEF de tratar de sanear las finanzas del Estado, pero no es el camino correcto castigar la inversión cuando estamos en un ciclo de decrecimiento desde hace cinco años.

Nuestra preocupación aumenta cuando vemos el anteproyecto de Presupuesto para el año 2021. Una vez más vemos el gasto de capital (inversión pública) muy por debajo de los niveles que debería estar. Solo hay $1900 millones en inversión física, cuando en años anteriores esa cifra logra alcanzar los $4 mil millones y hasta llegó a representar el 10 % del PIB. Reiteramos nuestro conocimiento del poco espacio presupuestario que dejó el Gobierno anterior, pero, dadas las circunstancias donde el desempleo puede llegar hasta un 20 %, se deben priorizar todas esas obras que generen empleo, ya que los efectos del desempleo serán peor que los de la COVID.

No se puede esperar que el sector privado genere esas inversiones en la coyuntura actual. Hay sobreoferta en el sector inmobiliario, el sector comercio está golpeado por la falta de demanda y el sector turismo tomará años en recuperarse. Estos tres sectores son los generadores de empleo más grandes que tiene nuestra economía. Por lo tanto, la construcción pública debe ser prioridad.

Sabiendo que todo el mundo está con el mismo problema, no le debe preocupar al Gobierno tener déficits más altos, si las multilaterales y las calificadoras de riesgo están previendo esto para todos los países.

Para aquellos que pudieran estar pensando que es una irresponsabilidad fomentar el gasto de inversión, quisiera que evalúen los dos escenarios y sus posibles consecuencias. Si se invierte, se genera trabajo, se mitiga el desempleo, se crea demanda y al final, se genera crecimiento económico. Claro, se debe hacer con responsabilidad, transparencia y en obras que tengan un impacto en el bienestar social y que aumenten la capacidad productiva del país. Si no se fomenta la inversión pública, el sector privado no podrá solo, el desempleo se disparará, lo que traerá consecuencias en temas de inseguridad y estabilidad social.