La Carta Democrática Interamericana

La Carta Democrática Interamericana es un instrumento diplomático multilateral adoptado por los Estados del hemisferio americano, mediante el cual se comprometen con la supremacía de la institucionalidad democrática en la región. Este instrumento surge del mandato instruido por los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas quienes reunidos en la tercera Cumbre de Las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula democrática mediante la cual se establece que cualquier alteración o ruptura del orden democrático en el hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en los procesos de la Cumbre de las Américas. El mandato se hizo extensivo a los mecanismos regionales y subregionales, y se les instruyó incorporar dentro de sus estatutos iguales compromisos que los adoptados por los jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Quebec.

En el caso específico de la Organización de Estados Americanos (OEA), el mandato se hizo efectivo mediante la adopción de la Carta Democrática Interamericana, instrumento ratificado por la totalidad de los países miembros de la OEA, expedida con el fin de actualizar la Carta Fundacional de la OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo contenido por el derecho internacional. Se incluyen como elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; y el régimen plural de partidos y organizaciones políticas.

La Carta Democrática de las Américas incorpora en su texto el compromiso de los países de la región con preciados y afines valores para el mundo occidental, tales como los derechos humanos; la eliminación de toda forma de discriminación; la aplicación de normas laborales básicas en protección a la clase obrera; el combate a la pobreza; la protección del medio ambiente; y la educación. Alcanzar estos objetivos democráticos y sociales requiere un compromiso firme en el tiempo, y si bien su pleno logro no es garantizado, se previenen graves retrocesos como los que hoy transita la hermana República de Haití, por dar un ejemplo.

Como parte de este esfuerzo colectivo regional, el compromiso con los principios democráticos y la integridad electoral es crucial para asegurar que nuestro país mantenga su posición de liderazgo democrático en la región. La responsabilidad de ese esfuerzo recae en todos los panameños, desde los ciudadanos hasta los líderes políticos y los magistrados de los tribunales, quienes juntos tienen el poder de moldear el futuro democrático y social del país.

El instrumento objeto de nuestro análisis ha sido invocado por la OEA producto de distintas crisis políticas regionales, los años 2002, 2014 y 2016 en Venezuela; el año 2009 en Honduras; y el año 2023 en Guatemala. Su vigencia y aplicación produjo el retiro de Nicaragua de la OEA el año 2023, y la permanencia de Venezuela se encuentra en limbo, con altas posibilidades de su retiro o exclusión del foro regional en el transcurso de los próximos meses. Es importante enfatizar que en el caso de Venezuela, su situación de marginación hemisférica es producto de entuertos jurídicos similares a los que persigue el malintencionado recurso de inconstitucionalidad que pende ante nuestra honorable Corte Suprema de Justicia. Promovido por grupos de poder que se esconden en el anonimato, tras las faldas de una testaferro forense, incurren en conductas propias de organizaciones criminales sin el menor reparo por el grave perjuicio que su acción implica para la reputación y democracia de nuestra nación.

La reacción del país ha sido de un abrumador rechazo a la pretendida exclusión del candidato presidencial Mulino Quintero de las elecciones generales del próximo 5 de mayo de 2024. Este sentir de rechazo ha sido repicado por importantes organizaciones sociales, tales como la iglesia católica, las evangélicas, empresariales, gremios y sindicatos, que con firmeza se han expresado al respecto. De igual manera, mediante nota de fecha 9 de abril, el Secretario General de la OEA dio respuesta a la comunicación por la cual se puso en conocimiento a la OEA del peligro en ciernes contra la democracia panameña, confirmando que “... toma nota de dicha comunicación, y me permito informar que ha sido transmitida a la jefatura de la Misión de Observación Electoral, que estará en Panamá entre el 29 de abril y 7 de mayo de 2024”. No albergo la menor duda que nuestra honorable Corte Suprema de Justicia, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, sabrá valorar la supremacía de los principios superiores de nuestra Carta Magna, compartidos por nuestro Código Electoral e instrumentos internacionales a los cuales se ha adherido la República de Panamá, y rechazará unánimemente un infundado recurso jurídico que de prosperar causaría un grave perjuicio reputacional al país, pondría en peligro nuestra democracia y cohesión social, y su liderazgo regional en la promoción y defensa de la institucionalidad democrática.