La Comisión Interministerial, mina y ambiente

El llamado “Estudio, análisis e investigación integral de la situación del sitio minero Cobre Panamá”, realizado por la Comisión Interministerial, publicado el 30 de septiembre de 2026, contiene una extensa narrativa destinada a apoyar la apertura de la mina de Cobre Panamá. Resulta, entonces necesario someter su contenido a un debate crítico. En el presente artículo se aborda un importante elemento del documento bajo análisis.

Desde sus primeras páginas el documento bajo análisis muestra con claridad que su objetivo más importante es la reapertura de la mina en base a un acuerdo de operación con First Quantum LTD, para “resolver los problemas arbitrales pendientes”. Esto dentro de un esquema que permita lograr un cierre ordenado de la mina autofinanciado, es decir “sin costo para la nación” (p. 3).

Esto amerita una serie de comentarios críticos. En primer lugar, el hecho que se busque reabrir la mina, con un costo ambiental adicional, para luego cerrarla, viola un conocido principio ampliamente utilizado en la Economía Ecológica y el derecho ambiental: “quien contamina paga”. Esto significa que quien provoca una modificación e impacto ambiental tiene que hacerse cargo de su reparación. En este caso debe ser First Quantum LTD/ Cobre Panamá. Más aún, se tiene que señalar que, desde el inicio de la construcción y la puesta en marcha de la mina, la empresa tenía la obligación de ir creando un fondo – reserva para el cierre. ¿Dónde está el fondo?

En segundo lugar, a nuestro juicio, lo anterior muestra una complicidad con los intereses de la transnacional. Llama la atención de que el supuesto de “abrir para cerrar”, ni siquiera se abre a la competencia entre posibles operadores en función de los intereses nacionales. Simplemente se adjudica de antemano a First Quantum/ Cobre Panamá.

Esto lleva a varias preguntas. ¿Por qué no se siguió el mismo camino con Panama Ports Company (PPC), pese a que aquí también existen problemas de procesos arbitrales internacionales? Vale la pena señalar que tanto en el caso de la Mina de Cobre Panamá, como en el caso de los puertos de Balboa y Cristobal existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia. De ahí que sea pertinente otra pregunta: ¿existen intereses cercanos al actual gobierno, autodeclarado como de la empresa privada, que impulsen una reapertura en manos de First Quantum LTD/ Cobre Panamá? Existen elementos claros para dar una respuesta positiva a esta pregunta.

En primer lugar, es claro que, para los sectores económicamente dominantes del país, así como para su gobierno, se hace necesario quedar bien con las Calificadores de Riesgos, que han venido insistiendo en la reapertura de la mina como una necesidad de consolidación fiscal necesaria para mantener el llamado grado de inversión. Este último es fundamental para la rentabilidad del capital bancario y financiero en general.

En segundo lugar, está el interés de los llamados proveedores de la Mina de Cobre Panamá, los que se afirman son muchos (2,000), pero no se distingue el peso económico de las transacciones de las empresas más grandes frente a la pequeñas y medianas. Tampoco se aclara el contenido importado de estas transacciones.

Un artículo publicado por Sol Lauria bajo el título de La Patria Minera (Concolón, 2025), da cuenta de una amplia investigación periodística, en la que se documenta la red de intereses concretos de grandes proveedores de Cobre Panamá vinculados con el actual gobierno. Desde luego, que ningún elemento de esta investigación es presentado y mucho menos debatido en el informe Final de la Comisión Interinstitucional.

En la página 30 del Informe Final de la Comisión Interministerial se defiende la neutralidad de la Comisión Interinstitucional. Esto se hace con una llamada “declaración de independencia”, que se basa en que la Comisión nunca usó ningún recurso que no fueran “institucionales del Estado”, a lo que se añade que la misma o sus miembros no recibieron ninguna compensación de la empresa u otras entidades interesadas en el tema.

Sin embargo, este tipo de declaración no es necesariamente concluyente para entender la relación entre la Comisión y la transnacional. No solo está constituida por miembros del gabinete de un presidente que ha declarado que es un gobierno de la empresa privada. La misma, además, está constituida por lo menos por un miembro vinculado a una empresa que publicó junto a First Quantum un documento que insistía en la importancia de la mina para la economía, dejando por fuera los costos ambientales. Otros dos ya previamente habían hecho declaraciones en favor de la reapertura, por lo menos en términos de “abrir para cerrar”.

A final de cuenta, parece útil tener, por lo menos, una sana duda sobre la neutralidad, tanto de los objetivos, como sobre el método y los resultados del Informe Final de la Comisión Interinstitucional.