La economía circular comienza en el Estado

Durante décadas, el crecimiento económico respondió a un modelo lineal: extraer, producir, consumir y desechar. Si bien este esquema impulsó el desarrollo, también incrementó la presión sobre los recursos naturales y la generación de residuos. Frente a ese escenario surge la economía circular, un modelo que propone mantener el valor de los recursos durante el mayor tiempo posible mediante la reutilización, la reparación, el reciclaje y la innovación.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoce la economía circular como un motor para promover un crecimiento más sostenible, resiliente y competitivo. No se trata únicamente de una política ambiental; representa una nueva forma de producir, consumir y gestionar los recursos públicos y privados.

Panamá ha dado un paso importante con la promulgación de la Ley 502 de 25 de noviembre de 2025, que establece normas para la implementación de la economía circular como estrategia ambiental. Paralelamente, iniciativas impulsadas por el Sistema de las Naciones Unidas, como el programa para la “Transformación Sostenible de los Mercados Municipales hacia un Modelo de Economía Circular y Cero Residuos, demuestran que el país avanza en la dirección correcta.

Sin embargo, toda política pública enfrenta un mismo desafío: las leyes, por sí solas, no transforman la realidad. Son las instituciones y las personas quienes las convierten en resultados.

La transición hacia una economía circular requiere mucho más que un nuevo marco jurídico. Su éxito dependerá de la capacidad de las instituciones para incorporar estos principios en su gestión diaria.

La economía circular también debe comenzar dentro de las oficinas públicas. Esto implica revisar la forma en que el Estado planifica sus compras, administra sus recursos, optimiza el consumo de agua y energía, reduce el uso de papel, incorpora criterios de sostenibilidad en la contratación pública y fortalece una cultura organizacional orientada a la eficiencia y la innovación.

La experiencia regional demuestra que este desafío es posible. Chile, mediante su Hoja de Ruta Nacional para una Economía Circular al 2040, y Colombia, con su Estrategia Nacional de Economía Circular, han logrado avances significativos al complementar sus marcos regulatorios con procesos permanentes de fortalecimiento institucional, capacitación y articulación entre el Estado, la empresa privada, la academia y los gobiernos locales.

La principal lección es clara: la economía circular no se implementa únicamente con nuevas normas; requiere desarrollar capacidades para hacerlas realidad.

Panamá ya ha iniciado ese camino. El reto ahora consiste en extender esa visión a toda la administración pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y promoviendo una gobernanza que convierta la sostenibilidad en un eje transversal de la gestión estatal.

En este escenario, el Centro Latinoamericano de Innovación en políticas Públicas (CLIPP), promueve el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica, contribuyendo al desarrollo de competencias que permitan a las instituciones públicas incorporar los principios de la economía circular en sus procesos de planificación, gestión y toma de decisiones.

La implementación efectiva de la Ley 502 demanda servidores públicos preparados para liderar procesos de innovación, gestionar los recursos con criterios de sostenibilidad e impulsar modelos de gestión más eficientes. Esa transformación requiere inversión en conocimiento y formación continua. Asimismo, la articulación entre las instituciones públicas, la empresa privada y organismos especializados en capacitación permitirá construir programas adaptados a las necesidades de cada institución, generando una cultura organizacional donde la sostenibilidad deje de ser un objetivo aislado y se convierta en una práctica cotidiana.

La experiencia internacional demuestra que las políticas públicas alcanzan mejores resultados cuando las capacidades institucionales evolucionan al mismo ritmo que las normas que las sustentan. En ese proceso, la capacitación y la asistencia técnica representan herramientas estratégicas para consolidar una gobernanza moderna, eficiente y orientada a resultados.

La economía circular representa una oportunidad para que Panamá fortalezca su competitividad, optimice el uso de los recursos públicos y consolide un modelo de desarrollo más sostenible. La Ley 502 constituye un avance importante, pero su verdadero impacto dependerá de la capacidad del Estado para implementarla de manera articulada y con visión de largo plazo.

La sostenibilidad no comienza cuando reciclamos un residuo. Comienza cuando las instituciones desarrollan las capacidades para gobernar de manera diferente.

Y en ese desafío, la formación del talento humano, la cooperación entre el Estado, la empresa privada y organismos especializados como CLIPP pueden marcar la diferencia entre una política pública bien intencionada y una transformación que genere valor para las presentes y futuras generaciones.