La mala educación, el mayor problema estructural panameño

Varios expertos califican la educación panameña como el principal problema del país. Añadiría el adjetivo “estructural”. Frente a las afectaciones causadas por los gremios docentes de escuelas públicas en huelga, sus manifestaciones carnavalescas durante casi dos meses y sus efectos en el retraso académico de los estudiantes —con consecuencias en la ya intensa inequidad social—, algunos especialistas se han pronunciado públicamente. Recordemos los libros publicados recientemente por Juan Bosco Bernal sobre el tema educativo. También a Nivia Rossana Castrellón, quien afirma: “Mi hipótesis es que Panamá es desigual porque su sistema educativo es desigual”, y a Leopoldo Neira Meléndez, quien declaró recientemente: “La única fórmula para evitar una explosión social... es una: mejorar continuamente la educación pública”.

Para contribuir al actual debate en el MEDUCA, resumo mi posición en tres puntos: primero, es necesario reformar a fondo las universidades públicas donde se forma a los maestros y profesores, para sustituir el sistema político-clientelista —copiado de los partidos más corruptos— por uno basado en la excelencia académica de sus directivos y docentes. Es indispensable cambiar el método de selección de las autoridades universitarias, reemplazando una “democracia” basada en simpatías y clientelismo por una selección por competencias y resultados académicos, por capacidad y sabiduría.

¿Será por inconsciencia o cinismo que rectores de universidades públicas se jacten de comportamientos gloriosos de hace más de medio siglo como si fueran actuales, y presuman de triunfos académicos claramente exagerados? Por ejemplo, lo hace la Universidad de Panamá, que hoy ocupa un lugar casi ínfimo a nivel mundial —entre los puestos 1.200 y 1.400 en excelencia—, con una escasa producción científica. Según el QS World University Rankings: América Latina y el Caribe 2024, entre 430 universidades evaluadas, figura en un rango medio, del 191 al 200, mientras que la Universidad de Costa Rica ocupa el puesto 20 y las tres mejores de Colombia están entre el 6 y el 16.

Mucho peor es la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), modelo insuperable de mediocridad, corrupción, clientelismo, nepotismo y despilfarro, con una rectora sin trayectoria académica de calidad. Respaldada por políticos de reputación muy cuestionable, mantiene salarios exorbitantes, superiores a los de las mejores universidades del mundo, para cientos de funcionarios, y figura en el rango regional 401–430, el último. El colmo fue la creación por la administración de Cortizo de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI), en la comarca Ngäbe-Buglé, con solo 123 estudiantes y un rector sin la suficiente calificación académica, que recibe más de diez mil dólares mensuales. ¿No sería más sensato una residencia universitaria en David para alojar a estudiantes indígenas que podrían asistir a universidades locales? Es lo que plantea el Proyecto de Dormitorios Estudiantiles de la Universidad Tecnológica de Panamá, apoyado por el Gobierno nacional, que contempla la construcción de siete edificios en todo el país para ofrecer alojamiento a 886 estudiantes. La Universidad de Panamá y la UNACHI también están bajo la lupa del Contralor General de la República, sin resultados concretos. Debería añadirse la recién creada UAPI. ¿Será necesario adoptar legislación para combatir la incompetencia y la impunidad, especialmente debido a la autonomía universitaria?

Segundo, se deben nombrar docentes por méritos comprobables y la mejor formación disponible, mediante una selección rigurosa, evitando la xenofobia y la afiliación política o ideológica. Este es un asunto clave para cambiar uno de los sistemas educativos más deficientes del continente y elevarlo al nivel que merece. Hay muy buenos docentes en todos los niveles, pero parecen imponerse los peores.

Algunos quieren vendernos la idea de que el problema de la educación pública panameña radica en la falta de computadoras portátiles para estudiantes y docentes. ¡Grave error de juicio! Gastar cientos de millones de dólares en equipos no resuelve el problema fundamental de maestros y profesores mal formados y mal seleccionados, principales agentes de la educación formal -aparte de la que se imparte en las familias, a menudo muy deficiente o simplemente ausente-.

Hemos creado un sistema educativo público mediocre e injusto para más del 80% de la población estudiantil, un proceso que comenzó en la década de 1970 desde el núcleo del sistema educativo, la Universidad de Panamá, por motivaciones político-ideológicas equivocadas. Hicimos lo contrario de lo que hizo la República Popular China desde 1977 o Singapur desde la década de 1980, países que apostaron por una educación primaria y secundaria de calidad, y por una educación superior súper elitista, de la más alta excelencia, con resultados extraordinarios. Cometimos un error gravísimo con un costo enorme.

Tercero, transformar radicalmente el MEDUCA, que ha sido, en realidad durante décadas, el Ministerio de la Mala Educación. Una reingeniería completa de la institución, modernizar el reclutamiento de directivos, administrativos y docentes —evaluándolos según su formación, aptitud y desempeño— debería mejorarla notablemente. El resultado de tantas fallas ha sido condenar a una inmensa población estudiantil a un futuro más incierto y empujar a miles de estudiantes a la deserción educativa, mermando definitivamente su calidad de vida personal y profesional.

Se puede mejorar lo que se mide y se compara con la competencia. La calidad educativa se evidencia en pruebas internacionales como PISA (lectura, matemáticas y ciencias): en 2022, nuestros estudiantes ocuparon el puesto 74 entre 81 países evaluados, mientras que los de Singapur y China Popular destacaron en los primeros puestos. ¡Retomemos las pruebas PISA!

Estos fracasos han afianzado una mentalidad irracional, pasional, mítica y supersticiosa, que domina a parte de nuestra población y que nos sitúa entre los grupos más conservadores, ignorantes y atrasados de América Latina, aunque estemos —por los elevados rendimientos del sistema logístico alrededor del Canal— entre los países más prósperos.

A diferencia de lo que ocurrió en el extranjero, donde hubo gobiernos más responsables, en Panamá se impuso un cierre prolongado de las escuelas durante dos años a partir de 2020, el más extenso del planeta según Unicef. Fue decidido por un gobierno sometido, además, a poderosos gremios de educadores radicalizados y politizados, muchos de ellos acostumbrados al ocio de largas vacaciones pagadas durante la pandemia.

Tenemos escuelas públicas, incluso en mal estado físico, pero con docentes entre los mejor pagados de Latinoamérica y el Caribe. Lo mismo ocurre con las universidades estatales, donde abundan profesores remunerados como si fueran catedráticos de instituciones de excelencia mundial.

Los prolongados cierres educativos han constituido la mayor catástrofe social que ha sufrido el país en décadas, con graves implicaciones en la formación de los ciudadanos y su preparación profesional para un mundo cada vez más competitivo, tanto dentro como fuera del país.

Debemos comenzar por legislar pronto para corregir el primer elemento del problema principal: las autonomías universitarias mal empleadas para degradar el sistema educativo desde la cúpula, dentro del gran esfuerzo de recuperación del sector en el que parece estar comprometido el Gobierno del presidente Mulino.

No hay que reinventar la rueda. Propongo inspirarnos en los mejores sistemas educativos del mundo —Singapur, Japón, Corea del Sur, Irlanda o Canadá— si realmente queremos salir del estancamiento estructural.