La necesaria adhesión al protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal

El Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá, que entró en vigencia el 1 de octubre de 1979 es la mayor protección, frente a amenazas o acciones violentas, que tenemos los panameños y la comunidad internacional responsable. Es parte de los Tratados Torrijos-Carter y sustituye las reglas de libre tránsito sin discriminación del Canal y de su neutralidad, adoptadas en la Convención del Canal Ístmico de 1903.

En la perspectiva jurídica, el régimen de libre tránsito por el Canal es el objetivo primario del Tratado de Neutralidad que Panamá cumple fielmente. Dicho régimen es declarado por Panamá como soberano territorial sobre sus aguas interiores, las del Chagres y los lagos. Esa preeminencia se reconoce en el texto principal del Tratado que priva, siempre, sobre las enmiendas, condiciones, reservas y entendimientos. En él se otorgan solamente derechos de paso expedito a las naves de guerra de Panamá y Estados Unidos, disposición que claramente da ventaja al segundo, que ahora quiere extender, con presiones diplomáticas inaceptables, a paso gratuito.

Una piedra en el zapato en la ratificación de dicho Tratado de Neutralidad por el Senado estadounidense fue la enmienda del senador Dennis De Concini, según la cual después del año 2000, Estados Unidos “podrá tomar las medidas que considere necesarias, de acuerdo con su proceso constitucional, incluyendo el uso de la fuerza militar en Panamá, para reabrir el Canal o restablecer las operaciones del Canal sea cual sea el caso”. Luego, el senador Frank Church hizo aprobar una reserva a esa enmienda por la que Estados Unidos, en cumplimiento de la enmienda De Concini o bajo cualquier norma del tratado, “no tendrá como propósito ni será interpretada como un derecho a intervenir en los asuntos internos de la República de Panamá o como una interferencia en su independencia política o su integridad soberana”, lo que incluye, naturalmente, al Canal mismo.

Aunque en el protocolo de canje de instrumentos de ratificación Panamá acepte las enmiendas y reservas que le hizo el Senado de los Estados Unidos en el sentido de que puede intervenir unilateralmente para asegurar la libertad de tránsito por el Canal, la superpotencia aceptó explícitamente que ello no le otorga derecho de intervención en los asuntos internos de Panamá y el respeto de la integridad y soberanía de la República de Panamá y su Canal tal como lo establece el derecho internacional. Así, Estados Unidos no invocó el Tratado de Neutralidad para invadir Panamá en diciembre de 1989 y ocuparla militarmente durante meses.

En la perspectiva política, el Tratado de Neutralidad resuelve un problema fundamental: asegurar a toda la comunidad internacional el compromiso de dos potencias de mantener el Canal de Panamá abierto a todas las naves de todas las banderas en condiciones de igualdad, sin discriminación, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Al abrir el protocolo del Tratado de Neutralidad a la adhesión de todos los Estados del mundo, Panamá y Estados Unidos los hacen partícipes de una responsabilidad que, de cierta manera, deberán compartir. Desde el primero, Vietnam, en 1979, hasta el último, Francia, en 1999, son cuarenta Estados vigilantes del comportamiento de los Estados Unidos y de Panamá, que vieron en esta adhesión un freno a los excesos potenciales de la primera potencia del mundo frente al otro garante, Panamá. Incluye a cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en espera de que lo haga la República Popular China.

Diversos gobiernos panameños descuidaron el tema, salvo el de Ernesto Pérez Balladares y su canciller Gabriel Lewis Galindo, quienes aceptaron mi tesis de la necesidad de lograr más adhesiones al protocolo del Tratado de Neutralidad. Cuando en calidad de vicecanciller visité al canciller José Ángel Gurría en Ciudad de México en 1995, le solicité la adhesión de México a dicho Protocolo. Quedó en estudiar el asunto y la Cancillería mexicana todavía está en eso... Ahora, el presidente José Raúl Mulino con su canciller Javier Martínez-Acha, más responsables frente a amenazas conocidas, están promoviendo activamente la adhesión de otros Estados al Protocolo del Tratado de Neutralidad. En ensayos anteriores he propuesto solicitarlo formalmente a potencias como México, Colombia, Brasil, Grecia, Turquía, India, Japón, Australia, Nigeria, Sudáfrica, y, naturalmente, China Popular que por respeto a Panamá debió hacerlo desde 2017.

Algunos panameños, por interpretaciones exageradas, quisieran hasta denunciar el Tratado de Neutralidad. A principios de la década de 1980 juristas cimeros del Departamento de Estado estadounidense me manifestaban su sorpresa ante interpretaciones extravagantes del Tratado de Neutralidad por parte de algunos juristas panameños que ellos no habían siquiera imaginado. Expertos europeos, en el “Coloquio sobre la Comunicación Interoceánica en América Central en el siglo XXI”, de 1999, celebrado en la sede de la Sociedad de Geografía, en París, al que asistí como delegado, insistían en los peligros potenciales que encaraba la auténtica neutralidad del Canal de Panamá por interpretaciones desproporcionadas que reconocieran derechos excesivos a Estados Unidos y por los obstáculos que pudiesen presentarse a las naves en los accesos al Canal, especialmente en los mares territoriales que tienen que atravesar en el Caribe antes de llegar a aguas panameñas.

Una activa diplomacia panameña, bien organizada, debería resultar en la pronta adhesión de otros Estados amigos al Protocolo del Tratado de Neutralidad, para reforzar la indispensable protección jurídico-política del Canal de Panamá. Más información en mi libro Reflexiones sobre Panamá y su destino de 1990 a 2024 (ediciones 2022 y 2024).