La revocatoria de mandato como arma política, una amenaza a la democracia representativa

La revocatoria de mandato, concebida en la Constitución panameña como un mecanismo excepcional para fortalecer la rendición de cuentas, enfrenta hoy un riesgo letal: su uso indebido para castigar a quienes cumplen con su deber constitucional.

El caso de una diputada cuyo único “delito” fue votar a favor de la nueva Ley del Seguro Social, respaldada por la mayoría legislativa, evidencia un intento de subvertir la democracia representativa en beneficio de intereses particulares o presiones coyunturales.

La base del sistema parlamentario panameño es el mandato representativo. El artículo 150 de la Constitución establece que los diputados representan a toda la Nación, no a un grupo específico de votantes, y el artículo 154 les reconoce independencia de criterio y libertad de voto.

Convertir esta libertad en motivo de sanción implica un retroceso histórico hacia el mandato imperativo, abolido por las democracias modernas porque convierte al legislador en un robot de sus electores o en un simple delegado sin capacidad de deliberación.

¿Queremos un Parlamento que piense y debata o uno que obedezca sin cuestionar? En el caso que nos ocupa, la diputada votó conforme a su conciencia y a los intereses generales que consideró justos al respaldar la reforma del Seguro Social.

Este voto, lejos de ser ilegal, fue parte de un proceso legislativo transparente y respaldado por la mayoría de sus colegas. Sin embargo, un grupo minoritario inició un proceso de revocatoria basado exclusivamente en su decisión parlamentaria. El Tribunal Electoral admitió la solicitud y rechazó un recurso de reconsideración, abriendo la puerta a un precedente que amenaza a todos los legisladores: legislar libremente puede costarles su curul.

Esta instrumentalización de la revocatoria de mandato presenta riesgos profundos: 1. Debilita la independencia del órgano Legislativo, al sujetar la decisión de cada diputado al consentimiento de sus electores, y convertir cada decisión en un pequeño plebiscito forzado bajo amenaza de destitución. 2. Desnaturaliza el control ciudadano, que deja de ser un mecanismo de responsabilidad para transformarse en un arma de intimidación. 3. Vulnera derechos fundamentales consagrados en los artículos 32, 40, 150 y 154 de la Constitución, erosionando el principio de legalidad y el equilibrio de poderes.

Si este precedente se consolida, cualquier legislador podrá ser removido por no complacer a grupos de presión, y la Asamblea Nacional dejará de ser un espacio de deliberación para convertirse en un escenario de sumisión.

Independientemente de quién esté a favor o en contra de un tema, es el mecanismo de la remoción de mandato como castigo arbitrario el que no puede, ni debe ser, el camino a seguir.

La revocatoria no puede transformarse en una guillotina política: debe volver a ser lo que la Constitución quiso, un recurso excepcional, no un instrumento de coacción.