Ley 462: un golpe al sistema solidario de pensiones

La reciente aprobación de la Ley 462 ha desatado una ola de controversia en Panamá. Si bien el gobierno la presenta como una solución para la sostenibilidad financiera de la Caja de Seguro Social, muchos consideramos que esta reforma socava el principio fundamental de solidaridad que ha caracterizado históricamente a nuestra seguridad social. El nuevo esquema de cuentas individuales abandona la seguridad de una pensión basada en la colectividad por un sistema intrínsecamente ligado al ahorro personal, arrojando a un número significativo de trabajadores a una preocupante incertidumbre.

Adicionalmente, y aunque la edad de jubilación se mantiene inalterada, la exigencia de un mínimo de 240 cuotas se traduce, en la práctica, en la necesidad de extender la vida laboral. En un contexto panameño marcado por elevadas tasas de desempleo y una creciente precariedad laboral, donde la proliferación de contratos a corto plazo de tres a cuatro meses dificulta significativamente la acumulación del número requerido de aportes, este nuevo requisito representa un desafío considerable. La incertidumbre que se cierne sobre el monto final de las pensiones es palpable, ante el temor justificado de que aquellos que no alcancen las cuotas suficientes perciban ingresos considerablemente menores en comparación con el esquema anterior.

Esta reforma plantea un futuro incierto y lleno de interrogantes para nuestros jubilados, al tiempo que intensifica las dudas sobre el financiamiento real del sistema. Resulta cuestionable que ahora se disponga de fondos sin haber recurrido al aumento de la edad de retiro. La ausencia de respuestas claras y la renuencia del gobierno a explorar alternativas viables no han hecho más que exacerbar el rechazo de diversos sectores de la sociedad. ¿Acaso se ha sacrificado la estabilidad de los trabajadores en aras de una solución apresurada y carente de un debate profundo?

Otro aspecto que genera profunda preocupación es el aumento gradual del aporte patronal, una medida que podría tener repercusiones negativas en la generación de empleo y en la estabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas.

Es crucial señalar, además, que esta situación podría impactar directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos. La experiencia nos indica que los empresarios podrían trasladar estos costos adicionales al consumidor final a través del aumento de precios en bienes y servicios, encareciendo el costo de vida, especialmente para los sectores de menores ingresos.

La disposición de realizar un nuevo estudio actuarial en un plazo de seis años deja peligrosamente abierta la puerta a futuras modificaciones del sistema de pensiones. Para muchos, esta estrategia se percibe como una táctica dilatoria para posponer el conflicto y aplicar ajustes progresivos sin confrontar el rechazo inmediato de la población. Lejos de constituir una solución definitiva, la ley parece simplemente aplazar el problema, sin ofrecer garantías de estabilidad real para los trabajadores y los futuros jubilados.

Las recientes movilizaciones y protestas son un claro reflejo de la creciente inconformidad ciudadana, ante la sensación de que nuestros derechos fundamentales han sido menoscabados. Si el gobierno realmente persigue una reforma justa y equitativa, ¿cuál es la razón para evitar un diálogo abierto y transparente? La negativa a habilitar espacios de discusión solo profundiza la desconfianza y alimenta la incertidumbre que planea sobre el futuro de las pensiones en Panamá. Es imperativo exigir transparencia y la implementación de soluciones genuinas que aseguren un retiro digno para quienes han dedicado su vida al trabajo.