Libertad económica en Panamá

El preámbulo de la Constitución Política de la República de Panamá hace mención de “garantizar la libertad”, mientras que en el artículo 49 alude que el Estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a la libertad de elección. Si lo vemos desde un plano local, resulta de gran importancia, no obstante, las libertades van más allá de las fronteras y no deben existir muros que propicien desigualdad ante la Ley y abuso del aparato estatal.

En este caso, podemos definir a la libertad económica como aquella que tiene la capacidad de prosperar a través del ejercicio libre de la actividad económica, y dejando que otros hagan lo mismo. Sin embargo, para evaluar a los diferentes países y regiones del mundo, el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute consta de cinco pilares fundamentales: 1.- tamaño de Gobierno; 2. - sistema legal y derechos de propiedad; 3. - moneda estable; 4. - libertad para comerciar, y; 5. – regulaciones.

Con una puntuación de 7.61 de 10, Panamá se ubica en el puesto número 35 de 175 países evaluados en el “ranking” mundial de Libertad Económica. Sabemos que la moneda estable y la libertad para comerciar son fortalezas que tenemos, especialmente por la dolarización y posición geográfica; no obstante, requieren de una mejora continua para alcanzar el nivel máximo. Por otra parte, el tamaño de Gobierno, el sistema legal y las regulaciones son los pilares que requieren una atención urgente por parte de las autoridades y de la sociedad civil.

El tamaño del Gobierno, según la Contraloría General de la República, llegó a alcanzar los 240 mil funcionarios a finales del 2019, representando 350 millones por mes, aún sin brindar una solución integral a los problemas sociales del diario vivir. Panamá tiene aún grandes retos relacionados con la reducción del gasto público, para garantizar un Estado más pequeño, pero que a la vez sea robusto y eficiente, eso sí, tomando en cuenta que reducir la cantidad de funcionarios no es sinónimo de aumentar los salarios y gastos de representación a los que se queden en el sector público.

Esta reducción es sinónimo de nuevas oportunidades laborales o de emprendimiento en el sector privado, brindando regulaciones más amigables para el contribuyente, evitando la burocracia y digitalizando lo más posible el sector gubernamental. La situación de pandemia mundial nos ha obligado a implementar métodos que no se habían realizado simplemente por falta de voluntad por parte de nuestras autoridades.

Con respecto al Estado de Derecho y la corrupción no marcamos de una manera de adecuada, la seguridad jurídica es prioridad para las inversiones de todo tipo, especialmente para multinacionales y compañías de gran envergadura. A pesar de existir investigaciones, la falta de certeza de castigo y condenas ejemplares para los culpables de malversar los fondos públicos no brinda la confianza necesaria para acaparar los pilares anteriormente mencionados.

La integración centroamericana y Panamá como puente para el resto de América Latina deben darse lo más pronto posible, a través de la unión y estandarización de políticas públicas que contribuyan a la mejora y desarrollo de los pilares se lograrán mejores indicadores de libertad económica, traduciéndose en mejor calidad de vida, sin importar las clases sociales y cerrando la brecha de la desigualdad social.