Negocio y actividad marítima, futuro del país

Mucha información errada y soslayada se ha vertido en el país sobre el tema de la relación contractual entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company, que regenta, desde hace unos 25 años, los puertos de Balboa y Cristóbal en el Pacífico y el mar Atlántico en la República de Panamá y que debe renovarse por otro espacio de tiempo similar, de acuerdo con las cláusulas que rigen dicho contrato.

La República de Panamá, que tiene acceso a dos mares unidos por el canal interoceánico, de acuerdo con expertos, no ha explotado comercialmente estas ventajas competitivas en el marco del comercio marítimo mundial, y en ello las empresas trasnacionales de gran envergadura y reconocimiento a nivel mundial, como la del grupo Hutchison Port Holdings, de la cual estas terminales portuarias (PPC) son filiales, son importantes y determinantes. Hutchison Ports Holdings es el principal inversor y desarrollador mundial, con una red de operaciones portuarias en 53 puertos, que abarcan 27 países de Asia, Oriente Medio, África, Europa, América y Australia.

Es un conglomerado a nivel mundial, que se enlaza con los terminales de Panamá Ports y el Canal de Panamá, como un valor agregado estratégico en el movimiento de cargas a lo largo del continente americano hacia el norte y hacia el sur. Hace 25 años, cuando la empresa PPC recibe la infraestructura en los puertos de Balboa y Cristóbal, no fueron diseñados para manejar contenedores, que es la actividad a la que se dedican los puertos a nivel mundial. No servían para el negocio de trasbordo de contenedores, por lo cual hubo que demoler edificaciones, construir nuevas y especializadas, implicando una inversión millonaria por parte de la empresa.

Ese tema ha sido constatado por la Contraloría General de la República de Panamá, a través de la auditoría realizada, que la empresa PPC realizó inversiones en las terminales portuarias dadas en concesión por un monto de $1 695 546 955.00, suma muy superior al compromiso establecido en el contrato inicial de $50 000 000.00 y en la Adenda No. 1 de 1 000 000 000.00. Es decir, cumplió con su obligación de invertir en la modernización portuaria más allá de los términos pactados.

Y la otra falacia es la de los ingresos pagados por la empresa a Panamá. Ciento dos millones de dólares han sido pagados al Estado panameño por las infraestructuras y puertos en operación recibidos en concesión (Cláusula 2.3). Se pagaron $102 000 000.00, certificado mediante la auditoría realizada por la Contraloría y está dentro del desglose de aportes al Estado. Lo que desmiente categóricamente este mito de que la empresa PPC solo ha pagado al Estado panameño 8 millones de dólares durante todo este período de concesión. Por otro lado, la empresa PPC ha pagado a Panamá $444 978 979.60 en período comprendido entre 1997-2020. Este monto incluye facturación de movimiento de contenedores, entre otros rubros pactados contractualmente con la empresa. Panamá debe, como la lógica y lo sensato lo indica, volcarse a generar espacios de trabajo para los panameños en el sector marítimo del país, y uno de ellos es con los grandes desarrolladores mundiales, como el que nos ocupa hoy, que genera miles de plazas de empleos de toda naturaleza y máxime en medio de la pandemia de la COVID-19 que encoge la economía nacional.