Nicaragua: la dictadura que Centroamérica mira de reojo

La historia reciente de Nicaragua se repite con trágica familiaridad. Por segunda vez, en cuatro décadas, Daniel Ortega, con su esposa Rosario Murillo, concentra en sus manos un poder que asfixia a esa nación. Lo que vive Nicaragua hoy no es un acontecimiento aislado sino el regreso de una figura que ya ocupó la Jefatura del Estado después de una guerra civil, -para acabar con la dictadura de los Somoza-, que culminó con la toma del poder por parte del comunismo sandinista. Ortega ejerció entonces una autoridad personalista que incluso se volvió contra sus propios compañeros de armas. Fue la ciudadanía, con el liderazgo de Violeta Barrios de Chamorro (q.e.p.d.), la que logró expulsarlo en las urnas para abrir una efímera etapa democrática. Hoy, observamos con inquietud y tristeza, como, tras su retorno a la Presidencia, -hace casi 20 años-, Ortega ha consolidado un modelo de poder más dictatorial, eliminando libertades y destruyendo el futuro de todos los nicaragüenses.

El sandinismo radicalizado ha transformado las instituciones en instrumentos de control: opositores y dirigentes sociales han encontrado en la cárcel, la represión, las desapariciones, o el exilio, una respuesta a su oposición incluso con repercusiones en el exterior. Hasta la propia iglesia católica, que ha cuestionado al poder, ha sido objeto de medidas represivas. La formalidad electoral se ha vuelto una ilusión ante decisiones que restringen la competencia y declaraciones del propio dictador de que la alternancia política no será permitida en la práctica para evitar, -dice el sandinismo-, el regreso de un, ahora resucitado, “somozismo” de la mano de “partidos yanquis”. Un mensaje demagógico propio de un populismo neocomunista como el que representa este régimen.

Todo ello configura un panorama que reclama, más que indignación retórica, una lectura serena y medidas que busquen proteger a la sociedad nicaragüense y restaurar condiciones mínimas de democracia. En ese sentido, la comunidad internacional y la región han reaccionado de maneras variadas. En ocasiones, la prudencia diplomática ha primado sobre acciones coordinadas que pudieran tener efectos concretos sobre la capacidad del régimen para perpetuarse, en una suerte de llamada a ponderar hasta qué punto la inacción, o las respuestas fragmentadas, contribuyen a perpetuar un problema que desborda fronteras. Instituciones como la Organización de Estados Americanos o foros multilaterales, disponen de herramientas, -como la Carta Democrática-, que pueden, -y deben-, emplearse con mayor eficacia y coherencia. Del mismo modo, la ONU o la Unión Europea, deberían orientar su intervención hacia respuestas concertadas y proporcionales a la gravedad de las violaciones de derechos en ese país.

En este punto, es pertinente recordar que la defensa de los derechos humanos y del orden constitucional debe ser consistente y basada en hechos verificables, no en afinidades políticas. Ortega ha tejido alineamientos estratégicos con potencias autoritarias que le proporcionan apoyo político y recursos. Esa realidad obliga a una respuesta multilateral para que las sanciones o medidas diplomáticas no sean meramente simbólicas. La finalidad no es el castigo por el castigo, sino la protección de las personas, la presión sobre quienes cometen abusos y la creación de condiciones que permitan, a mediano plazo, la reconstrucción de espacios democráticos.

Por tanto, las preguntas que hoy conviene plantear son prácticas: ¿qué instrumentos regionales pueden activarse ahora para frenar la dinámica represiva del régimen?; ¿Cómo coordinar sanciones dirigidas a responsables concretos, sin dañar más a la población?; ¿Qué papel puede y debe jugar SICA en la articulación de una respuesta centroamericana?; ¿Cómo puede la OEA aplicar con eficacia la Carta Democrática para que la ruptura constitucional tenga consecuencias reales?. Si la ruptura total de relaciones no es la opción viable en todos los casos, existen pasos diplomáticos intermedios, -traslado temporal de embajadores, convocatorias formales, suspensión de cooperación selectiva-, que sirven para mantener la presión y la visibilidad internacional sobre la situación.

Desde la perspectiva panameña, es legítimo reconocer que, en momentos relevantes, Panamá ha actuado con coherencia al fijar postura frente a gobiernos que han vulnerado normas democráticas como el régimen chavista de Venezuela. Lo vimos en el pasado y lo constatamos hoy en la determinación del presidente José Raúl Mulino al adoptar medidas diplomáticas frente a ese régimen. Con esa misma determinación, y aprovechando que Panamá ocupa un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU hasta el 31 de diciembre, podría proponerse que el caso nicaragüense fuese analizado en el máximo foro multilateral. Elevar la discusión permitiría, no solo visibilizar enérgicamente la gravedad del cuadro, sino también promover medidas concertadas en otros foros continentales.

Es pertinente, además, enmarcar la preocupación por Nicaragua junto al trabajo sobre Cuba. Ambas dictaduras representan desafíos serios para los valores democráticos en nuestro hemisferio y merecen una atención prioritaria y coordinada. La meta no es la enemistad entre pueblos, sino proteger derechos, apoyar a las sociedades civiles y promover salidas pacíficas y democráticas, suscitando con ello una reflexión colectiva: actuar con mesura y con firmeza de manera simultánea.

La comunidad democrática debe procurar respuestas proporcionadas que, al mismo tiempo, ofrezcan apoyo concreto a quienes sufren la represión y envíen señales claras a quienes han decidido erosionar la convivencia democrática. Panamá puede ser interlocutor y catalizador de esa acción confiando que la historia recompensa a quienes, con prudencia y decisión, se esfuerzan por defender las libertades donde más se están poniendo a prueba.