No necesitamos aumentar la presión tributaria sino reducir el gasto público

Cada cierto tiempo reaparece la acusación de que Panamá recauda poco porque mantiene demasiados beneficios fiscales. A partir de esa premisa, se propone aumentar la presión tributaria, eliminar regímenes especiales y extender la tributación a los ingresos obtenidos en el extranjero.

El problema es que ese razonamiento parte de una confusión fundamental: el sistema territorial panameño no es un beneficio fiscal. Es el modelo sobre el cual se ha construido históricamente nuestro régimen tributario.

Aquí se grava, como regla general, las rentas producidas dentro de del territorio nacional. Las rentas generadas en el extranjero quedan fuera del ámbito del impuesto sobre la renta no porque hayan sido exoneradas de manera excepcional, sino porque no son de fuente panameña. Esto es muy distinto de conceder un privilegio fiscal.

El sistema de renta territorial es tan legítimo como el sistema de renta mundial utilizado por numerosos países desarrollados. Son modelos distintos, cada uno con sus propias ventajas, desventajas y objetivos de política económica. Presentar la territorialidad como una anomalía o una concesión indebida equivale a descalificar una decisión soberana de política tributaria simplemente porque no coincide con el modelo preferido por determinados organismos internacionales.

La misma confusión se produce cuando se habla de la Zona Libre de Colón, el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales, Panamá Pacífico y otras zonas económicas especiales. No toda renta que deja de pagar impuestos bajo esos regímenes constituye una exoneración. En muchas ocasiones, lo que existe es una aplicación directa del principio territorial: si la renta se produce fuera de Panamá, no está sujeta al impuesto panameño; si la mercancía no se nacionaliza tampoco tiene que pagar impuesto.

El segundo error consiste en asumir que una mayor presión tributaria genera automáticamente más desarrollo, mejores servicios públicos o mayor bienestar social. La experiencia internacional demuestra que esa relación no es automática.

Muchos países con una carga tributaria muy superior a la nuestra enfrentan actualmente bajo crecimiento económico, déficits fiscales persistentes, deudas públicas elevadas y sistemas de pensiones sometidos a enormes presiones. Recaudan mucho, pero también gastan mucho, se endeudan y, con frecuencia, ofrecen servicios que no guardan relación con el costo que soportan sus ciudadanos. Un ejemplo de lo anterior son los países desarrollados de la OCDE.

Durante buena parte de las últimas tres décadas, hemos registrado niveles de crecimiento económico cercanos al 5 % anual, superiores al promedio de América Latina y al de muchas economías desarrolladas. Ese crecimiento permitió atraer inversiones, generar empleos, reducir la pobreza y ampliar la clase media.

Seguimos teniendo, es verdad, serias desigualdades que debemos superar; mas estas no son consecuencia de la supuesta baja presión fiscal. Más bien son consecuencia de una concentración de la inversión en las urbanas y graves deficiencias en la educación y salud pública.

Ese es el verdadero centro del debate.

Antes de hablar de aumentar impuestos, debe analizarse cuánto gasta el Estado panameño, en qué lo gasta y qué resultados obtiene. Panamá no solo recibe ingresos tributarios. También percibe importantes ingresos no tributarios provenientes del Canal, concesiones, tasas, dividendos de empresas públicas y otros activos estatales.

Por ello, medir la capacidad financiera del Estado exclusivamente a través de la presión tributaria como porcentaje del producto interno bruto ofrece una visión incompleta. La comparación correcta debe incluir todos los ingresos públicos y, sobre todo, la calidad del gasto.

El contribuyente panameño no puede ser visto como una fuente inagotable de recursos para financiar un aparato estatal cada vez más grande. Antes de imponer nuevos tributos, el país debe revisar el crecimiento de la planilla pública, las duplicidades institucionales, los subsidios mal focalizados, las compras ineficientes, las consultorías innecesarias y los programas que consumen millones sin producir resultados medibles.

También corresponde mejorar la administración tributaria y ampliar la base de los contribuyentes, sobre todo los asalariados los cuales, en su gran mayoría, están exonerados y reducir los niveles de informalidad. No es justo aumentar la carga sobre quienes ya cumplen mientras otros permanecen al margen del sistema.

El debate fiscal no debe reducirse a decidir cuánto más puede cobrar el Estado. Debe comenzar por preguntarse cuánto mejor puede gastar. Debemos preservar las ventajas que le han permitido atraer inversión, desarrollar servicios internacionales y consolidarse como plataforma logística, comercial y financiera. Entre esas ventajas se encuentran la libertad económica, la apertura al capital, la estabilidad de sus reglas y el principio de territorialidad.

Compararnos con países de alta tributación, bajo crecimiento, excesivo endeudamiento y crisis fiscales no es necesariamente modernizarse. Puede ser simplemente importar sus problemas.

Los países no se desarrollan por cobrar más impuestos. Se desarrollan cuando protegen la iniciativa privada, promueven la inversión, mantienen disciplina fiscal y utilizan responsablemente los recursos públicos. Panamá no necesita más presión tributaria. Necesita un Estado más eficiente, más transparente y responsable.