Panamá: cuando el modelo democrático deja de responder

Panamá atraviesa una crisis que ya no puede calificarse como coyuntural ni atribuible únicamente a errores de gestión. Se trata de un agotamiento progresivo del modelo democrático, tal como ha venido funcionando, reflejado en instituciones debilitadas, burocracia paralizante y una desconexión cada vez más evidente entre el Estado y la ciudadanía.

El Órgano Judicial, llamado a ser garante del Estado de Derecho, ha contribuido de forma preocupante a esta percepción. La utilización recurrente del término “casos de alto perfil” —una expresión inexistente en la legislación panameña— se ha convertido en una justificación informal para demoras procesales, tratamientos diferenciados y falta de decisiones oportunas. Esta práctica no solo carece de sustento jurídico, sino que refuerza la idea de una justicia selectiva, lenta para unos y expedita para otros, minando la confianza pública en el sistema.

El Órgano Legislativo, por su parte, no logró renovarse ni siquiera con el llamado cambio generacional. Las promesas de modernización, transparencia y cercanía con la ciudadanía quedaron diluidas en la repetición de viejas prácticas políticas. La Asamblea continúa legislando de espaldas a las verdaderas prioridades nacionales, incapaz de impulsar reformas estructurales que fortalezcan la institucionalidad y reactiven la economía. La pérdida de credibilidad es profunda y sostenida.

El sistema de partidos políticos agrava aún más este escenario. Organizaciones reiteradamente señaladas por corrupción continúan recibiendo subsidios estatales sin mecanismos eficaces de fiscalización ni una rendición de cuentas real. Este esquema resulta insostenible desde el punto de vista financiero y profundamente ofensivo desde una perspectiva ética, en un país donde se exige sacrificio a los ciudadanos mientras se normaliza el despilfarro político.

En el ámbito económico, la burocracia se ha convertido en uno de los principales enemigos del desarrollo. El sector turístico, con un potencial probado para generar empleo e inversión, se enfrenta a un laberinto de trámites innecesarios: permisos de bomberos desarticulados, demoras para la instalación de medidores y procesos administrativos que varían según la oficina o el funcionario de turno. Esta inseguridad operativa ahuyenta inversiones y proyecta una imagen de país poco confiable.

A ello se suma una justicia comunitaria que, lejos de acercar el Estado a la ciudadanía, se ha transformado en un desastre administrativo, carente de controles, criterios uniformes y supervisión efectiva. Lo que debía ser un mecanismo de resolución ágil de conflictos termina siendo otra fuente de arbitrariedad y frustración ciudadana. Mientras tanto, la empresa privada opera en un entorno altamente regulado, sobrecargado de obligaciones y carente de incentivos reales. Se le exige ser el motor del crecimiento económico, pero se le niegan las condiciones mínimas de seguridad jurídica, eficiencia administrativa y previsibilidad normativa. El sector productivo no puede sostener indefinidamente un Estado ineficiente que parece depender de un “milagro” para sobrevivir.

Panamá no enfrenta una simple crisis institucional; enfrenta una crisis de legitimidad. Persistir en negar esta realidad o maquillarla con discursos optimistas sólo profundiza el estancamiento. El país necesita una revisión profunda de su modelo democrático, una reforma real del aparato estatal y un compromiso auténtico con la transparencia y la rendición de cuentas. Pero esta transformación no ocurrirá únicamente desde el poder. Requiere un llamado claro y firme a la ciudadanía: a exigir instituciones que funcionen, a rechazar la normalización de la corrupción, a no conformarse con la mediocridad administrativa ni con la injusticia selectiva. La democracia no se agota solo por el desgaste de sus instituciones, sino también por la resignación de sus ciudadanos.

Panamá aún está a tiempo de corregir el rumbo, pero ello exige participación, vigilancia y valentía cívica. Sin una ciudadanía activa y exigente, cualquier reforma será superficial. El silencio, en este momento histórico, no es neutralidad: es complicidad