Panamá, su niñez y adolescencia: ¡primero!

Por Constitución, es deber del Estado, la protección de la niñez y la adolescencia; esto como consenso de la Sociedad. Por ello, de su artículo 56 se desprenden derechos humanos, pero no se cumplen. Veamos las pruebas: el Informe de abusos que desde 2015 son víctimas de “violencia y maltratos físicos, sobre todo si tienen alguna discapacidad”, denuncias de junio - agosto 2020 y testimonios recientes; y la histórica deuda social, que al presente les discrimina y para su futuro, les niega calidad de vida. Las evidencias: 453 837 o el 32.8 % de los menores de 18 años se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional; de 296 288 niños y niñas de 0 a 3 años, que necesitan servicios gubernamentales de desarrollo infantil, solo 8050, un 3 %, asisten o lo reciben; 2018, en 6256 casos de violencia sexual, en 64.2 % fueron víctimas 4015 menores de 18 años, de estas el 91 % de sexo femenino; 2015, según el Ministerio de Educación, un 15 % de los 851 438 estudiantes presentan discapacidad (127 716) y un 88 % de estos, no asisten a la escuela o no están registrados.

Esta es una tragedia humana, que requiere celeridad y a corto plazo, justicia procesal y justicia social. Hay que estar vigilantes y exigir investigaciones, juicio y castigo ejemplar para los responsables materiales e institucionales. También, tomar conciencia ciudadana, precisar políticas públicas y asumir con responsabilidad competencias institucionales, para atender esta histórica deuda social, producto de un modelo socioeconómico que genera desigualdad y la pérdida de principios y valores éticos, en la sociedad.

A 12 años de su creación, hay que evaluar el desempeño de la Senniaf. Seguro solo estamos frente a la punta del “iceberg”, pues los hechos y evidencias demuestran que el actual Sistema de Protección Integral no cumple a cabalidad su finalidad de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Por ello, su reforma estructural es urgente, desde: aprobar la legislación necesaria, de esta la Ley 171 de octubre 2020 sobre “protección integral a la primera infancia y al desarrollo infantil temprano”, es un paso correcto; fortalecimiento, recursos suficientes y profesionalización de las instituciones especializadas, competentes y articular sus responsabilidades; revisar el modelo de gestión de los albergues, si deben ser públicos, municipales o continuar vía ONG, con su efectiva evaluación y seguimiento, que garanticen la debida atención y servicios de calidad. Casa Esperanza, Las Aldeas Infantiles SOS y San José de Malambo son buenos ejemplos; pues, las fundaciones que asuman esta labor social no pueden improvisar ni andar a la deriva.

La protesta pacífica es un derecho ciudadano, que demuestra interés y compromiso frente a la realidad nacional. Pero, actuemos en forma cívica y sin violencia, para lograr el fondo de justicia y rectificación. Pues, el objetivo es motivar la participación ciudadana cívica, crítica y propositiva; también sobre otros temas y retos.

Evitemos distracciones solicitando la renuncia de tal o cual autoridad. Este es un mal endémico que lleva 10 años. Enfoquémonos en exigir, al Ministerio Público, una investigación exhaustiva e iniciar los procesos judiciales, para deslindar responsabilidades. Esto en forma proactiva e informando al país sobre sus avances, sin perjudicar los procesos.

En cambio, de inmediato hay que concretar el cierre de los 14 albergues identificados y salvaguardar a las víctimas; proceder con la detención de los violadores, maltratadores y cómplices; formularles cargos e iniciar los procesos judiciales. Por ello, con respeto, asumo las sabias palabras de Ice, @LaVidaSBellaPTY: “La única bandera que cabe es la de Panamá y el único interés, el bienestar de los niños”.