Panamá no es ajeno a un colapso ecológico

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente nos invita a celebrar la naturaleza. Pero en Panamá, esa celebración corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de cinismo si no va acompañada de memoria crítica y responsabilidad colectiva. No se trata de señalar a un solo funcionario o empresa. Se trata de reconocer que la degradación ambiental es el resultado de un sistema que ha normalizado la destrucción por acción u omisión.

Desde la cuenca del Canal hasta los manglares del Darién, pasando por los bosques nubosos del Volcán Barú y los ríos degradados del interior, el panorama es preocupante. La Autoridad del Canal de Panamá impulsa megaproyectos como puertos, un gasoducto y el embalse de río Indio sin una discusión suficiente sobre sus impactos acumulativos en ecosistemas sensibles. Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente carece de la fortaleza necesaria para fiscalizar eficazmente, la Contraloría rara vez audita los costos ambientales de las decisiones públicas, la Asamblea aprueba normas controvertidas y buena parte de los medios se limita a reproducir comunicados oficiales.

En el occidente del país, el proyecto Puerto Barú amenaza el Estero El Cabrito, un manglar protegido en David. El dragado permanente alteraría hábitats marinos esenciales, afectaría la pesca artesanal y aumentaría los riesgos asociados a derrames de hidrocarburos. Sin embargo, las preocupaciones ambientales suelen quedar relegadas frente a promesas de desarrollo económico cuyos beneficios reales muchas veces no llegan a las comunidades.

En Darién, la deforestación continúa transformando el paisaje. Con frecuencia, la tala precede a la titulación de tierras y la ocupación de áreas boscosas. En regiones como Chepo y Chimán, el patrón se repite. Paralelamente, ríos como La Villa y Santa María siguen recibiendo agroquímicos y otros contaminantes sin que existan mecanismos eficaces de seguimiento público que permitan verificar el avance de las investigaciones y sanciones.

La situación hídrica tampoco es alentadora. En Chiriquí, el desarrollo hidroeléctrico ha concentrado el uso del agua en pocas manos, reduciendo la disponibilidad para otros usos, arrasando la biodiversidad acuática y afectando la relación histórica de muchas comunidades con sus ríos. La planificación energética nacional continúa mostrando señales de improvisación y una débil integración de criterios ambientales y sociales.

La expansión ganadera sigue presionando áreas protegidas como La Amistad, Palo Seco y Chagres. La presencia de potreros dentro de parques nacionales refleja las dificultades del Estado para hacer cumplir sus propias normas. Al mismo tiempo, en las laderas del Volcán Barú, la expansión agrícola asociada al café de alta calidad ha generado conflictos sobre el uso del suelo, la conservación de bosques en regeneración y la protección de ecosistemas nubosos particularmente frágiles.

La minería metálica representa una de las mayores controversias ambientales del país. El proyecto minero más grande de Panamá acumuló cientos de incumplimientos ambientales y motivó una movilización ciudadana sin precedentes. A pesar de que la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato correspondiente, persisten iniciativas orientadas a mantener abierta la discusión sobre su futuro, en contradicción con amplios sectores de la sociedad.

Los ecosistemas marinos tampoco escapan a esta realidad. La pesca de arrastre continúa afectando fondos marinos, los arrecifes enfrentan episodios de blanqueamiento vinculados al calentamiento global, las tortugas marinas siguen siendo objeto de captura y saqueo de nidos, y los manglares son transformados para actividades productivas o desarrollos urbanos. Todo ello ocurre a pesar del enorme valor ecológico y económico que estos ecosistemas aportan al país.

Mientras tanto, muchas especies amenazadas continúan perdiendo terreno. La rana dorada sigue desaparecida de su ecosistema original. El águila harpía enfrenta la pérdida de hábitat, el jaguar mantiene conflictos con actividades ganaderas y el mono tití chiricano ve reducirse los bosques que necesita para sobrevivir. La protección de numerosas especies y plantas endémicas sigue dependiendo más de esfuerzos aislados que de políticas sostenidas y suficientemente financiadas.

El problema no son únicamente los proyectos individuales. Es la suma de decisiones desconectadas y la complicidad institucional que permite que los impactos se acumulen. Existen funcionarios que aprueban permisos sin la debida rigurosidad, procesos de fiscalización insuficientes, intereses económicos que prevalecen sobre el bien común y ciudadanos que rara vez exigen una verdadera rendición de cuentas.

Sin embargo, aún existe esperanza. Está presente en las comunidades que defienden sus ríos, en los pescadores y ambientalistas que protegen los manglares, en los voluntarios que resguardan nidos de tortugas y en los grupos locales que monitorean la calidad del agua y denuncian irregularidades. Esa participación ciudadana constituye una de las fuerzas más importantes para la conservación del patrimonio natural panameño.

Romper la cadena de deterioro requiere instituciones ambientales más fuertes e independientes, mecanismos efectivos de transparencia, sanciones proporcionales a los daños causados, medios de comunicación comprometidos con la investigación, universidades vinculadas a las comunidades y una ciudadanía dispuesta a consumir y votar con responsabilidad.

No podemos seguir postergando soluciones. El territorio no es infinito, ni los recursos naturales son inagotables. Si continuamos gestionando cada problema de manera aislada, terminaremos con un país fragmentado, empobrecido ecológicamente y más vulnerable a las crisis futuras. En este Día Mundial del Medio Ambiente debemos decidir si seremos espectadores del deterioro o protagonistas de la recuperación. Las especies no pueden esperar. Los ríos no pueden esperar. Panamá no puede esperar.