Para todos los efectos, Panamá perdió

El Canal es ‘patrimonio inalienable de la Nación’ y nos pertenece a todos. A la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), le corresponde administrarlo, conservarlo, mantenerlo y modernizarlo, para que funcione de manera segura, continúa, eficiente y rentable y, cumpliendo sus atribuciones preparó el proyecto para su ampliación del Canal, cuyas bondades vendió profusamente, antes del referendo que lo aprobó con escuálida concurrencia. 

¿Por qué votó un porcentaje tan reducido? Caben dos explicaciones: Una, que la ciudadanía no llegó a entender sus verdaderos alcances; la otra, que los que votamos y los que se abstuvieron, por acción u omisión, dimos un voto de confianza a la ACP. Cualquiera fuera la razón, se asumió que hubo una aprobación mayoritaria del proyecto, pero también que la ACP, al adjudicar la obra y redactar el contrato, nos protegería contra todo posible riesgo de que el contratista no la completara a tiempo y satisfactoriamente. 

Se recordará que cuando la Autoridad del Canal de Panamá formalizó el contrato con el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), lo celebraron como un gran triunfo, tanto en términos económicos, pues se pactó, se nos dijo, un precio inferior al precio oficial estimado, así como en las otras condiciones que, se aseguró, garantizaban que el GUPC cumpliría al pie de la letra con sus obligaciones, por las multas que se le impondrían en caso de retraso y por las fianzas de cumplimiento otorgadas por el contratista. Hasta allí, el panorama era color de rosa. 

Pero de pronto, un buen día, fuimos sorprendidos con la noticia de que la obra confrontaba retrasos estimados en seis meses. Por un lado la ACP dijo que el retraso era culpa del GUPC y, por tanto, aplicaría las multas pactadas, a razón de 300,000 dólares, por día. Por el otro, el GUPC alegó que el retraso se debía a que la APC, injustificadamente, no había aprobado las muestras del concreto que se le habían entregado oportunamente. 

Que ese no era el tema de fondo vino a quedar en claro cuando el Grupo Unidos por el Canal, casi a renglón seguido, dio el ultimátum, que cumplió, de suspender los trabajos si no se le reconocían 1,650 millones de dólares en sobrecostos. 

Lo que siguió después es, por reciente, historia conocida. Nuevas amenazas y advertencias de ‘acciones enérgicas’ por parte de la ACP y como respuesta a las insolencias y desplantes del GUPC que, ahora, por el desenlace anunciado, todo indica que siempre estuvo seguro de salirse con la suya. Eso y no otra cosa es lo que puede inferirse del denominado ‘acuerdo conceptual’ negociado, cuyos alcances, todavía bajo un absurdo manto de confidencialidad, por lo muy poco que sabemos, son todos favorables al violador del contrato. 

Al GUPC se le extenderá, sin penalidad, el plazo para entregar la obra; se le darán cuatro años de gracia para que devuelva los 800 millones que se le adelantaron a cuenta de trabajos que todavía no había realizado; se le desembolsarán otros 100 millones para que tenga liquidez para trabajar; se le permitirá utilizar la fianza de cumplimiento para conseguir nuevos financiamientos; y, como si todo lo anterior fuera poco, mantendrá inalterada su pretensión de que se le abonen los sobrecostos que reclama. 

La Autoridad del Canal de Panamá no les cobrará ninguna multa; no le reclamará los 800 millones que le prestó y que es una deuda de plazo vencido; le entregarán 100 millones adicionales; no reclamará el daño emergente ni el lucro cesante que ocasionará el retraso de la obra, que pospondrá los ingresos que aportaría el Canal ampliado; y no le ha exigido al GUPC que renuncie a sus reclamos de sobrecostos. 

Si con ese ‘acuerdo conceptual’ los directores de la ACP se atreven a cantar victoria, es porque ninguno de ellos sufrirá, directamente, perjuicio económico; el perjuicio lo sufre el país. 

INDEPENDIENTE