El presupuesto está desnudo

De las principales responsabilidades de un gobierno está la de anticipar los hechos. Para ello cuentan con toda clase de instituciones, expertos e instrumentos. Ciertamente, en el gobierno actual, ese “departamento” se fue de vacaciones desde la pandemia.

Por parte de la ciudadanía, en un sistema democrático, está la gran responsabilidad de estar atento del devenir nacional y fiscalizar la gestión pública. En esto, también, hay mucho por madurar.

Buena parte de las lecciones a aprender, una vez termine este gran desastre en que se ha convertido la imposición absurda del contrato-Ley minero, serán cómo las autoridades deben comunicar a los ciudadanos los asuntos relevantes de la administración pública.

La decisión más importante que tiene por delante la administración Cortizo-Carrizo, antes del 31 de diciembre de 2023, es la suerte del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2024.

Desde el punto de vista institucional, aun cuando el proyecto de presupuesto lo elabora el Órgano Ejecutivo, le corresponde al Órgano Legislativo su aprobación final. Es una ley sui generis, su vigencia es por un año, el 31 de diciembre de cada año expira.

Sin embargo, es la herramienta más importante de la administración pública. En palabras pobres, sin presupuesto no hay gobierno y sin un buen presupuesto no hay buen gobierno.

Su contenido debe, porque así lo mandata la Constitución, recoger todas las inversiones, los ingresos y egresos públicos, los cuales deben estar equilibrados.

El proyecto de presupuesto que presentó a la Asamblea la administración Cortizo-Carrizo, por medio del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, para el último medio año de su gobierno y que regirá para los primeros seis meses del próximo gobierno es un presupuesto por decir lo menos, escandaloso.

El proyecto tiene una cifra final de 32,754 millones de dólares, 5,500 millones más que el de 2023. La sola cifra indicaría una desconexión con la realidad fiscal del país y, habría que agregar que, eso sin tomar en cuenta las consecuencias que tendrá la crisis que estamos viviendo.

He señalado que ese incremento solo es explicable para aumentar el monto real de lo que se puede comprometer en los primeros seis meses del 2024, debido a que existen disposiciones sobre topes en los compromisos para los primeros seis meses.

Es importante agregar que ese proyecto, pendiente de decisión, proyecta para el 2024 un servicio de la deuda por 5,958 millones de dólares. Lo que representa 1,440 millones más que el año 2023. Se debe tomar en cuenta que la proyección de aportes del Canal de Panamá para el Estado se estima en 2,470 millones de dólares para el 2024, queda claro que el incremento en pagos por deuda representa más del 60% de los aportes que hará el Canal. Evidentemente, más que criterios objetivos, ese proyecto se planificó con una visión político-electoral.

Sobre lo que debemos estar atentos, a pesar de la gravedad de la crisis que estamos viviendo, es que el pasado 31 de octubre cerraron las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional sin que el Órgano Legislativo aprobara el presupuesto. El tramite quedo varado en que la Comisión de Presupuesto – que preside el diputado Benicio Robinson – remitió al Ejecutivo una solicitud de incremento – sí, así como lo digo, de incremento – por 780 millones de dólares, de los cuales 54 serían para el programa de descentralización, que el país ya conoce que no es otra cosa que clientelismo y politiquería.

La alarma nacional que deseo activar es que el Órgano Ejecutivo tiene el “sartén por el mango”, porque para que la Asamblea pueda hacer su trabajo, deberá ser convocada a sesiones extraordinarias y esto sólo lo puede hacer el presidente de la República.

La Constitución establece que “si el proyecto de Presupuesto General del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el Órgano Ejecutivo”. Peor escenario posible.

Ante la profunda indignación nacional que vive el gobierno, pretender hacer una jugarreta como esa, sería de consecuencias inimaginables. Responsablemente, la ruta es ajustar a la baja el proyecto de presupuesto, mostrar de esa manera comprensión del clamor popular, remitirlo a la Asamblea y que sea aprobado antes del 31 de diciembre de 2023. Lo contrario sería echar sal a la herida. Ojalá impere la cordura.