Proyecto 986: atentado contra el derecho de los usuarios

Incongruente y peligroso. No hay otra forma de describir el proyecto de ley 986, que pretende establecer el marco regulatorio para el uso de plataformas tecnológicas de la información y comunicación, en el servicio de taxi de lujo y que la Asamblea Nacional se empeña en aprobar por encima de cualquier lógica y beneficio para los usuarios.

Lejos de proteger los derechos de los usuarios, de los conductores de las plataformas y de los propios taxistas, con este proyecto la Asamblea Nacional lo único que hace es favorecer a las llamadas concesionarias del transporte, las mismas que siempre han tenido secuestrado el sector transporte.

Una vez más los usuarios, que son y deben ser la razón principal de cualquier legislación sobre transporte público, son ignorados y peor aún, son los principales afectados. Y es que con este proyecto, un grupo de diputados, principalmente del partido de Gobierno, quiere que retrocedamos 30 años y que las plataformas digitales dejen de ser un servicio privado para convertirlo en un mal servicio público.

Los diputados nos quieren condenar a depender de un servicio público de “no voy”, de manejo desordenado, de unidades sucias, que tenía secuestrado a los usuarios hasta que llegaron las plataformas digitales, que ya operan en miles de mercados, como una opción privada y legal a la que tenemos derecho todos los usuarios.

Nos quieren quitar el derecho a elegir nuestro medio de transporte. Nos quieren obligar a seguir usando solo a los taxis, ya que las plataformas serán absorbidas por las llamadas concesionarias. Además, con menos conductores el servicio se verá afectado con tiempos de espera más largos y precios mucho más altos.

Nos están condenando a regresar al clientelismo político de los cupos donde solo ganan los dueños de las concesionarias. Aparentemente, no son suficientes los más de 85 mil cupos que controlan a nivel nacional y ahora pretenden hacer negocios obligando a los conductores de las plataformas digitales a comprar un cupo y afiliarse a un sistema corrupto y obsoleto.

Para nadie es un secreto que las concesionarias están en manos de diputados, como lo han revelado diferentes investigaciones periodísticas. De hecho, es un secreto a voces cómo los cupos son usados para el clientelismo político, por eso quieren obligar a los conductores a comprarles cupos a los mismos de siempre.

En definitiva, este proyecto de ley solo tiene un beneficiario: las concesionarias y los políticos que las controlan directa e indirectamente. Las mismas que lucran y tienen secuestrado el servicio de taxi que no se ha modernizado y ahora quieren hacer lo mismo con las plataformas digitales: meterse para corromper el sistema, llenarse los bolsillos, sin importarles el usuario.

Los usuarios tenemos derecho a elegir, ya ganamos la batalla para reivindicar este derecho con el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 26 de diciembre de 2019 y no lo vamos a perder frente a un proyecto de ley que no tiene ni pies ni cabeza, que solo confirma que los diputados están para legislar para su beneficio.

Pero, lamentablemente, como ha sido siempre, los usuarios estamos solos en esta batalla, la Asamblea sesionó a nuestras espaldas, el presidente de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea se hizo de oídos sordos y no ha tomado en cuenta la opinión de los usuarios, ni la del propio Ejecutivo, que a través de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) pidió que este proyecto se envié a una Subcomisión Técnica para analizar este tema y a través de nota de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), se señalaron los inconvenientes técnicos, legales y constitucionales del proyecto. La tozudez es tal, que la petición realizada también por un diputado miembro de esta comisión legislativa, para que el proyecto se enviara a una Subcomisión Técnica y que se leyera la nota enviada por el administrador de la Acodeco, fue rechazada de plano por parte de la aplanadora del partido gobernante en la Asamblea Nacional.

Es importante que todos los usuarios nos unamos a esta lucha, porque, de convertirse este proyecto en ley, nos afectará a todos. No podemos regresar a la mafia del transporte, los diputados no deben violentar nuestro derecho a escoger libremente el medio con el que preferimos movernos.

Aprovecho para reiterarle a los diputados que no pueden ni deben legislar a espaldas de los consumidores, de los usuarios. No pueden ignorar nuestro derecho a elegir, que incluso fue reivindicado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia.