La reforma electoral de Martinelli

R icardo Martinelli es fecundo en tacticidades y triquiñuelas que esconden los verdaderos intereses y propósitos de su infame proyecto personal de poder. Para controlar la Asamblea Nacional, primero privó a los partidos de la revocatoria de mandato y, luego, se compró a punta de dólares la mayoría espuria con la cual ha convertido ese Órgano del Estado en un híbrido entre sucursal del mercado público y circo de marionetas.

Paso seguido, impidió la codificación de las reformas consensuadas entre los partidos —incluido el suyo—, la sociedad civil y el Tribunal Electoral (TE). Con eso busca impedir la supervisión de los topes y orígenes del financiamiento no-público de las elecciones, y algo muy importante, negar el carácter privativo de la iniciativa legislativa del TE en asuntos electorales, prerrogativa saludable que la práctica democrática y constitucional le habían asegurado en dos décadas.

En su proyecto de poder, Martinelli quiere asegurarse de que el dinero domine soberano sobre todo el quehacer político, que los principios, valores e ideologías se pudran en su ‘pataconcito’ particular junto a los partidos tradicionales, y que si no lo puede dominar al TE quede convertido en una instancia burocrática que se limite a refrendar lo que a su partido y a sus secuaces le conviene.

Con su Fiscal Electoral, quiso asegurarse de que la compra de votos y el uso clientelar del dinero público no se considerara delito. Y casi lo logra en El Bebedero.

Ahora, despejado el camino, empuja a troche y moche su propia propuesta electoral que, como siempre, esconde más de lo que muestra. Esconde que así entierra año y medio de consensos y acuerdos críticos para asegurar la transparencia de las elecciones y la sostenibilidad democrática de la República. Esconde que con esa propuesta destruye la independencia y neutralidad de la función electoral que le compete de manera privativa al TE. Esconde que el propósito mayor es destruir los partidos, que con sus virtudes y defectos, son la base de una auténtica democracia. Esconde que así se personaliza la política, se bendice el poder del dinero y se da acceso al crimen organizado para someter al Estado y convertir la sociedad en su peor excrecencia.

Detrás de la eliminación del voto plancha, se esconde un golpe a la estructura de los partidos y a la viabilidad de sus proyectos políticos y económicos colectivos. Al imponer el voto por individuos antes que por partidos, Martinelli fragmenta la representatividad social, hace añicos la natural y siempre deseable matriz colectiva de los intereses ciudadanos y permite que con dinero ilimitado, se compren las curules, aunque no se conozca su procedencia. Esta propuesta abre la puerta a la influencia del narcotráfico y del crimen organizado en las campañas, con su efecto sobre el debilitamiento de la sociedad y la atomización del poder político.

El argumento es que el sistema partidario no funciona y que el bipartidismo hace ineficiente el sistema de las decisiones públicas. Pero la realidad es que el poder de Martinelli solo funciona sin partidos, porque así no tiene que cumplir ni con la ley ni con los consensos sociales. Su consigna es mandar hasta el paroxismo y jamás gobernar, porque esto último implica claudicar.

Martinelli busca desequilibrar la balanza electoral y el ejercicio de equidad para que los ciudadanos no se identifiquen con valores compartidos sino con dólares repartidos. En ese mercado, todo será vendido y todo será comprado.

Ante esa realidad, la democracia panameña demanda una oposición fuerte, arraigada en la decencia, en una cultura de ética pública, que enfrente con entereza y valentía los extravíos morales del actual gobierno y que rompa con la tendencia corruptora que representa el dominio del dinero sobre la política, de la codicia sobre el bien común.

Solo una oposición de ese calibre puede reencontrarse con una sociedad que, en estos tiempos aciagos, demanda una nueva cultura y una nueva práctica política, de la cual surjan liderazgos inspiradores, que logren consensuar proyectos y que compartan los objetivos primarios que abriga la Nación en esta cruzada por salvar la democracia.

PERIODISTA