Llevamos más de un mes en medio del desasosiego entre las marchas promovidas por varios temas. En primer lugar, los grupos que se manifiestan no están integrados ni por las mismas personas ni con la misma agenda, aunque todos reflejan la profunda insatisfacción, el descontento y la desesperanza de encontrar salidas pacíficas y justas a su demanda.

Las convocatorias se hacen, en primer lugar, al rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social. Es importante tener en cuenta que un número muy grande de ciudadanos no ha comprendido el contenido y el alcance de la ley, así como las repercusiones que puede tener para garantizar una jubilación, que les permita aguardar con tranquilidad a vivir una jubilación ganada con el esfuerzo del trabajo honrado.

Se repite una y otra vez, las modificaciones a la ley vigente se hacen imprescindibles para garantizar el pago a los que ya están jubilados y poder atender a los que están por jubilarse. Vale recordar que esta advertencia está vigente y se hizo desde el 2005, cuando se produjeron algunos ajustes parciales durante el gobierno de Martín Torrijos.

En la ley aprobada no se ha aumentado la cuota de los trabajadores ni la edad para la jubilación y solo se ha aceptado, sin mayores protestas, el aumento al aporte patronal.

Los argumentos presentados en el 2005 siguen teniendo un impacto directo sobre el programa de Invalidez, Vejez y Muerte: cada vez más el número de cotizantes por tener un empleo permanente y, en definitiva, son los que pagan las pensiones de los que están jubilados, no alcanzará para cubrir estas pensiones. Esa es la cruda realidad, además existen otros argumentos que debieron explicarse a través de programas de divulgación masiva, para evitar la desinformación y un descontento, lo que pudiera haberse evitado.

El grueso de los que piden la derogación de la ley lo constituyen maestros y profesores, que han abandonado las aulas sin que pareciera preocuparles la suerte de 800.000 estudiantes y a ellos se han unido trabajadores vinculados al Suntracs, haciendo más difícil la vida a los habitantes de la capital y la comunicación entre las provincias, además conduciendo prácticamente a la ruina de Bocas del Toro. Y ahora grupos de las comarcas se unen y protagonizan los actos más violentos, recibiendo una represión, en algunos momentos, desmedida.

El segundo tema de las protestas es la sospecha de la reapertura parcial de la mina, la que necesita limpieza y ordenamiento del material extraído para evitar un mayor daño ecológico.

El tercer tema está relacionado con la preocupación e indignación que ha provocado entre muchos sectores el desafortunado documento firmado entre el ministro de Seguridad panameño y el secretario de Defensa de Estados Unidos, en medio de las amenazas demenciales del presidente estadounidense y de otros altos funcionarios. Que este acuerdo se haya firmado sin ni siquiera asegurarse de que el documento en cuestión coincidiera en las traducciones en inglés y español constituye una gravísima irresponsabilidad por parte de los funcionarios panameños, porque quien saldría perjudicada en una disputa sería la República de Panamá.

Estas protestas generales se han ido concatenando como expresión de hartazgo ante la impunidad de la que han gozado funcionarios y políticos corruptos que nos han empobrecido y han hecho gala de haber cometido actos bochornosos de corrupción se pasean por nuestras calles o como el más infame de todos, quien goza de unas magníficas vacaciones en Colombia.

Por consiguiente, no es raro que gritos y expresiones de indignación —algunos de los cuales comparto plenamente— nos hayan conducido a una confusión que no nos deja ver el panorama en toda su complejidad y, fundamentalmente, es el poner en peligro la frágil democracia panameña. La remilitarización descarada del país, a través de los tres últimos gobiernos, ha sido la marca indeleble del gigante del norte a lo largo de toda nuestra historia republicana.

¿Dónde terminará esto? No lo sé. Espero que se abran los caminos para el diálogo y la reconciliación, además de la eliminación de todas las formas de manifestación y represión violentas. Ojalá no hayamos perdido la memoria, recordando adonde llevaron los desencuentros y la violencia represiva que nos condujeron a 21 años de dictadura.

*La autora es exdiputada de la República de Panamá
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