Santa Ana: despojo urbano como modelo de negocio

Hay incendios que queman casas y otros que queman desechos y esperanzas; en Santa Ana arden ambos. Diarios locales informan que entre abril de 2024 y julio de 2026 hubo cuatro incendios graves en un área reducida. El del 9 de abril de 2024 el de Calles 14 y 15 dejó un muerto, cuatro bomberos heridos y 37 familias en la calle; el del 28 junio de 2026 en la Bajada del Ñopo afectó a unas 95 personas; el del 30 de junio de 2026 en calle Juan B. Sosa afectó a 26 familias; el del 1 de julio de 2026 en avenida Eloy Alfaro dejó 44 personas sin hogar. Cada fuego aparece en los noticieros primero como una tragedia indudable por la gente perjudicada entre escombros y luego como escenario que precede y facilita la “renovación” de Santa Ana.

¿Será casualidad que Santa Ana arde justo después que se aprueba la Ley 80 que modifica la Ley 136 del 2013 que cambió el régimen fiscal del Casco Antiguo? La iniciativa empezó en 2024 y luego de muchas idas y vueltas los diputados aprobaron cinco proyectos de ley incluido el Proyecto de Ley 80 informó Adolfo Berrío en “El ‘gol legislativo’ que modifica las leyes de Patrimonio Histórico en Panamá y Colón”, publicado en La Estrella de Panamá el 10 de marzo de 2026 (Berrío, A. 2026).

En San Felipe, entre los años 1990 a 2023, la población disminuyó un 87%, desde 10,282 a apenas 1,258 habitantes, y el uso del suelo establecido como residencial pasó de 46.7% a 22%, según el artículo “Casco Antiguo: una historia de abandono y gentrificación” de Carlos Gordón publicado en La Estrella de Panamá el 23 de noviembre de 2024 (Gordón, 2024). Las clases trabajadoras -empleadas domésticas, vendedoras en tiendas, guardias de seguridad, enfermeras- que vivían en el barrio fueron sustituidas, paulatinamente, por población de mayor capacidad adquisitiva y alquileres tipo Airbnb. La metamorfosis fue radical: el estado invirtió en soterrado de cables, iluminación monumental y reconstrucción de aceras y calles y la inversión privada restauró viviendas de arquitectura neoclásica francesa o española. Ahora un apartamento restaurado en San Felipe cuesta entre $3,500 a $4,500 por m2 y puede escalar hasta $5,500 en proyectos privilegiados de alta gama (con vistas al mar o adyacentes a los parques). Eso produjo, evidentemente, el éxodo de su gente; pero nadie habló de desalojos, sólo se escuchó que la transformación fue un rotundo “éxito”.

Ahora el “milagro urbanístico” le corresponde a Santa Ana. La ley 80 establece incentivos fiscales y financieros, préstamos hipotecarios preferenciales -descuento de hasta 3% sobre la tasa hipotecaria- exoneraciones de diez años del impuesto de inmueble, exoneración de impuestos de transferencia y créditos fiscales para aquellos que restauren construcciones que se desploman. Se aplica a los Centros Históricos de la ciudad de Panamá y la ciudad de Colón -donde existen 180 propiedades- y al corregimiento de Santa Ana como zona de amortiguamiento, según comunicado del portal del Ministerio de Cultura el 25 de agosto de 2025 “Incentivos fiscales, protección y valorización del Patrimonio son los objetivos de nueva Ley” (MiCultura, 2025). La encrucijada es: se deja entrar el capital inmobiliario especulador o el patrimonio termina en cenizas. La ley incluso en artículo 20, tan preocupada por las clases trabajadoras como por el negocio, establece fondos estatales para que el Miviot reubique a los damnificados priorizando a menores, discapacitados y adultos mayores; no obstante, no aclara lugar ni condiciones de la reubicación. Tampoco ha divulgado quienes son los propietarios de lotes y de edificios en malas condiciones.

El Movimiento Cultural Identidad de Santa Ana (que busca salvaguardar la memoria colectiva y el patrimonio humano de Santa Ana y El Chorrillo) advierte que la economía del Arrabal muere: cierran salones de belleza, ventas de frituras, de lotería, comedores populares, talleres de reparaciones de calzado y electrodomésticos, buhonería y piqueras informales. Al clausurarse la vida del barrio prospera la desesperación y emerge la delincuencia y el pandillerismo.

Y en medio del derrumbe cargando silenciosamente con las consecuencias del incendio están las mujeres y el trabajo de cuidados. La gentrificación no sólo desplaza personas, desplaza cuidados y destruye la lógica de solidaridad comunitaria. Las familias obligadas a trasladarse pierden la vecina que cuidaba a los niños o al abuelo enfermo y el equipamiento de cuidado que sostiene la vida cotidiana (escuela, farmacia y tienda accesible a pie). El trabajo de empujar las economías populares con las uñas, como siempre, es responsabilidad de las mujeres que al final, allá en Panamá Este o Panamá Oeste, lejos del discurso oficial, pagan la factura: pobreza de tiempo -horas de sueño, descanso o desarrollo personal-.

En San Felipe el Estado prometió vivienda social desde el 2013 y nunca llegó, la que llegó fue la restauración de lujo. Hoy el capital inmobiliario se relame antes de devorar Santa Ana y los damnificados se aferran al artículo 117 de la constitución: “El Estado establecerá una política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso”; y hacen un reclamo justo: que la ciudad sea para su gente y no para el negocio.