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En el Tribunal Superior de Liquidación de Cuentas, del Primer Distrito Judicial, todo indica que alguien se excedió en andanzas “non sanctas”.

Durante las últimas 72 horas, desde allí, una ola creciente de quejas ha enrarecido el ambiente judicial. Por desgracia, -precisamente- cuando la turbiedad de pasadas aguas comenzaba a aclararse con la designación de una nueva Magistrada de la Corte Suprema y gracias a acciones firmes y transparentes de su Presidenta, María Eugenia López Arias.

En efecto, se repiten una y otra vez, protestas por el engavetamiento injustificado de múltiples expedientes en las oficinas del Magistrado Secundino Mendieta, quien llegó a tan altísima posición, designado por la Directiva anterior y gracias a sus vínculos particulares con los Magistrados: José E. Ayú Prado Canals, Luis Ramón Fábrega Sánchez y Hernán Antonio De León Batista, todos cercanos al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

La mora judicial en cuestión, es escandalosa. Casos del despacho mencionado, unidos a otros provenientes de oficinas cercanas, registran atrasos de muchísimos meses sin que hasta ahora algún funcionario pudiera brindar una explicación, o siquiera una excusa ante tanta irregularidad.

Durante demasiado tiempo, en los pasillos del Órgano Judicial, se ha aseverado que cuando se pone a dormir un expediente, el propósito ulterior es garantizar que quien desee despertarlo, lo pueda lograr pero a punta de “billetazos”.

Sin embargo, con la llegada de la Magistrada López, el país respiró profundamente, esperanzado en que la mala fama y peores costumbres serían atacadas de raíz.

Lo cierto es que la demora en resolver con prontitud y celo la mayoría de los casos, y el interés sesgado en impulsar otros a la mayor brevedad posible, están echando por tierra los esfuerzos de las nuevas y más altas autoridades judiciales.

Por ello, se imponen dos acciones: que el Magistrado Mendieta explique de forma pormenorizada a qué se debe este manejo altamente irregular; y que la mismísima Presidente de la Suprema Corte tome nota de estas conductas que le hacen un daño irreparable a su gestión.

Combatir la corrupción en tan importante pilar del Estado panameño, debe ser una alta prioridad no solo entre los Magistrados. También debe ser bandera de lucha de todos los abogados, y de quienes desde distintas trincheras integran la comunidad jurídica en general.

Empecemos por impedir que unos expedientes sí sean tramitados oportunamente, y otros no. Eso huele a coima, hiede a una corrupción rampante que no puede, ni debe continuar.

¡Qué cuento es ese!

Unámonos, denunciando estas tropelías. Cada vez que puntualmente un corrupto es desnudado ante la opinión pública, se está garantizando la rendición de cuentas, y se está logrando que otro, también tentado a cometer fechorías similares, corrija sus pasos.