Señor presidente, la inseguridad en las costas

La inseguridad ciudadana, ante el aumento indiscriminado de la criminalidad, ha venido marcando el segundo lugar entre los problemas que preocupa a los panameños. Así lo señalan las reiteradas encuestas. Nos hemos venido acostumbrando, aún del sufrimiento y del miedo, a los asesinatos, robos y hurtos, a las desapariciones y violaciones, en fin. También pareciera aumentar la indiferencia —un pocoimporta que no miden las encuestadoras, de las autoridades llamadas a planificar las políticas públicas que aminoren este flagelo.

Los programas sobre ‘seguridad’ tienen, a su vez, gastos elevados que impactan las finanzas de los Estados. Esta situación se sufre en toda la región centroamericana, donde los gastos han crecido extraordinariamente en la última década ante el terreno ganado por el crimen organizado. La criminalidad, entre 2006 y 2010, creció en un 60 %. Por ello, entre los temas prioritarios para abordar la agenda conjunta del esquema de la integración, está el de la seguridad ciudadana, pero que enfatiza en el enfrentamiento a la narcoactividad en el esquema estratégico de los norteamericanos. Ahí están, en el caso de Panamá, las compras millonarias de radares, helicópteros y lanchas en el último quinquenio y que ahora se informa que son inservibles.

Ese desplazamiento ha llevado a descuidar otras manifestaciones de la criminalidad, quizás por vérseles sin trascendencia y, por tanto, no se les da atención. Eso es, precisamente, lo que viene ocurriendo en muchas parte de la geografía panameña. En lo particular, nos referimos a la costa arriba de Colón en los corregimientos de Viento Frío, Palenque, Guango, Playa Chiquita, entre otros. Los moradores vienen ‘pegando el grito al cielo’ ante el incremento de los actos delictivos comunes y la ausencia total de policías. No hay un solo efectivo y los mismos corregidores se ven limitados para llevar a cabo las diligencias.

‘En la costa ahora vivimos con miedo’, nos comentó una maestra jubilada de Palenque. Y no es para menos. La ola de hurtos y de amenazas, como las que sufrieron educadoras de este mismo poblado, es situación que crece cada vez más, ya que, como dijo la maestra, ‘no hay autoridad que le ponga el cascabel al gato’. Acá en lo rural no se escucha lo de ‘barrios seguros’, con lo que se dice atender la inseguridad de los centros urbanos, pero que descuida al resto del territorio nacional.

Por más pequeños e ‘insignificantes’ que les parezcan los poblados, estos tiene el derecho a su protección. Hacerlo no solo con la represión; la acción policial debe acompañarse con programas que generen respuestas sociales para las juventudes de estos pueblos costeros, en donde resulta difícil ganarse ‘un real’.

Hay que recordarle a las autoridades nacionales, desde el presidente de la República, los gobernadores, los jefes de zonas de policías, los alcaldes, que están obligadas a garantizar la tranquilidad social de los asociados; y que los programas de protección ciudadana no solo deben circunscribirse, como viene ocurriendo, a las principales ciudades, dejando como ‘tierra de nadie’ a las comunidades alejadas.

Señor presidente, oído a la población. Hacer grandes proyectos, hablar de cuantiosas inversiones, como los 500 millones para la reforma urbana para la ciudad de Colón, es correcto. Pero igualmente es necesario atender al resto de los panameños, al resto de los colonenses donde quieran que estén, y que viven en el silencio de sus problemas y cuyas vicisitudes, la mayoría de las veces, no son ni siguiera escuchadas.

*DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS NACIONALES, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.