Sin reglas claras, no hay libre mercado

Los que me conocen saben que soy defensor de la agricultura nacional, estudioso de la economía rural, promotor de la alimentación saludable a través de frutas y vegetales de nuestros campos, y fiel creyente que el arroz es parte esencial de nuestra dieta, un elemento fundamental para la seguridad alimentaria del país y un prerrequisito sine qua non de la seguridad nutricional de la población.

Cuando fuimos comisionados de la CLICAC en los años 90, entendimos la importancia del arroz en la canasta básica y les dedicamos esfuerzos para eliminar todo tipo de distorsión en el sector. Y como institución garante del libre mercado y defensa de los consumidores, siempre manifestamos que el arroz más caro era el que escaseaba. Por eso nuestro énfasis de hacer inventarios de arroz dos veces por año y compartir sus cifras con todos los involucrados para transparentar y mejorar las condiciones del mercado.

Me hubiera gustado escribir hoy que las condiciones del mercado de arroz son mejores que las de hace veinticinco años, pero no es así. Por un lado, 80.000 hectáreas de siembra y rendimientos de alrededor de 100 quintales por hectárea, arrojan una producción anual de 8 millones de quintales. Esta cifra es de un arroz de 24 % de humedad y 4 % suciedad que, al secarse y almacenarse en silos, tiene una merma de hasta 20 %, lo que resulta en una producción real anual de 6.400.000 quintales. Por otro lado, el consumo mensual de arroz se estima en 720.000 quintales, unos 8.640.000 quintales por año, lo que significa que somos deficitarios por una cantidad de 2.240.000 quintales que se deben importar para suplir la demanda nacional.

Para tal efecto, existe una cadena agroalimentaria del arroz creada por ley y conformada por productores, molineros, distribuidores de insumos, comerciantes, consumidores y entidades gubernamentales. Entre los productores están los agricultores, principalmente los de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé y Los Santos. Los molineros están representados por Analmo. Los distribuidores y comerciantes consisten en Cámaras de Comercio, Acovipa, entre otros. Los consumidores tienen a Uncurepa. Y las entidades gubernamentales incluyen al MIDA que regula, apoya y gestiona incentivos para la producción, y el IMA que compra parte de la cosecha para el consumo nacional y se encarga de procesarla a través de industriales como “Agro Silos” (este último dato tomado literalmente de Google).

Las cadenas son plataformas de consulta y toma de decisiones. Sin embargo, en la del arroz últimamente se asumen posturas anticompetitivas que producen auto escasez, fijan precios que afectan a consumidores, acuerdan cantidades que crean rebatiña y zozobra, y dan lugar a pugnas que atentan contra sus propios integrantes. No es secreto que el sector arrocero fue herido de gravedad en 2014 cuando entró en vigencia el control de precio. El incentivo era ser mediocre y cobrar un subsidio, algo que con el pasar de los años desestimuló la producción y legitimó la corrupción. De un precio regulado de $17 por quintal, más un cuestionado subsidio de $7,50, a punta de forcejones y presiones el precio subió en 2022 hasta $32, incluyendo dos aumentos del subsidio. Cuando el actual gobierno tomó posesión, el sector estaba golpeado, no solamente por sus propias distorsiones sino por el cúmulo de denuncias debido al mal manejo del subsidio. Y cifras significativas como las de los inventarios perdieron foco.

Por eso, es inaceptable que a estas alturas el arroz no tenga un nivel de reserva o stock de seguridad. Tampoco existe un plan del gobierno para hacer que la cadena sea más eficiente y los productores aumenten la siembra. Cada ministro del MIDA y cada director del IMA traen su librito, interpretan las cosas según les conviene políticamente, y al final hacen lo que les da la gana. Y así sucedió con el inventario de 2.806.361 quintales de arroz realizado por la Acodeco y el MIDA durante los días del 26 al 30 de mayo, que lo lógico hubiera sido que la cadena haya analizado la cifra y tomado decisiones de cara a las actuales condiciones del mercado y circunstancias políticas del país. ¡Pero no!, lo que se impuso fue la plancha y una decisión de arriba, olvidándose que agosto tiene “15 días de descanso”, es decir unos 400.000 quintales de consumo adicionales que se deben considerar al estudiar el inventario, y que octubre tiene “15 días de empalme” que por años no se respetan ni toman en cuenta al definir los contingentes de importación.

La pregunta clave que debiéramos hacer es por qué Panamá dejó de ser un país autosuficiente y pasó a ser deficitario en arroz. La respuesta descansa en uno de los principios más básicos de política económica que establece que para que los mercados florezcan y la producción crezca, es necesario primero definir reglas claras y comunicarlas bien para que puedan ser entendidas. El tema aquí es que, con el arroz, el rubro predilecto y más importante de los consumidores panameños, es donde los políticos han creado más distorsiones y los gobiernos han hecho más daño al no definir reglas claras y, peor aún, cambiarlas cada cinco años.

El caso del IMA es un ejemplo de antología. Creada supuestamente para promover la producción nacional y apoyar a los productores a mercadear sus productos, de unos años para acá se ha convertido en comprador, importador y vendedor de arroz. Y peor aún, al intervenir de esa forma ha hecho que la cadena que debería decidir sobre los contingentes, la Bolsa Agroindustrial que debería negociar contratos y Política Comercial del MICI que debería asignar cantidades, han quedado rezagados en medio de una nueva fórmula.

A la luz de todo lo anterior, surgen más preguntas que respuestas, y el gobierno debe aclarar técnicamente cuáles son el alcance y las perspectivas de su política arrocera para evitar seguir con las mismas equivocaciones de los últimos años. Deben explicar qué criterios utiliza el IMA para asignar a un solo molino hasta 90% de la cantidad importada, por qué el Comercio Exterior del MICI no ha señalado que el Decreto 14 de 2025 viola varios acuerdos internacionales vinculantes para la República de Panamá, y por qué el Minrex y nuestras embajadas en países exportadores no se han pronunciado en torno a posibles multas y gestiones en contra de empresas panameñas por cancelación de contratos, devolución de barcos, etc. Igualmente hay que preguntar por qué gremios afectados no han demandado el Decreto 14 como en su momento hizo la Cámara de Comercio con el de regulación de precio.

De verdad pienso que veinticinco años es mucho tiempo, pero todavía recuerdo cuando era presidente de la CLICAC y tras el anuncio del gobierno de Mireya Moscoso de subir aranceles, enviamos una nota técnica a todos los miembros del gabinete sobre el impacto de dicha iniciativa y el efecto de cambiar las reglas en medio de un proceso de desgravación y reconversión técnica. Siento que la nota técnica no les gustó mucho, sobre todo a su ministro del MIDA que se jactaba al decir que nadie iba a meter una libra de producto importado y que las solicitudes de permiso de licencias estaban en su maletín y se las llevaba todos los días para su casa. Aunque Alejandro Posse renunció del MIDA en medio de un escándalo apenas al año de tomar posesión, el efecto Mireya se sintió por muchos años y hoy todavía estamos pagando por el daño causado.

Con lo cual regreso nuevamente a lo fundamental. Queremos ser un país que se beneficie del comercio mundial, pero entre nosotros mismos aplicamos trabas y metemos zancadillas. Igualmente, queremos que vengan inversionistas y apuesten al país y generen empleos, pero en la principal cadena agroalimentaria del rubro más importante de la dieta panameña no existen reglas claras para su producción, procesamiento, distribución y comercialización. Y así no llegamos seguro a ningún lado.

Por lo visto y dada la coyuntura que el gobierno ha creado, en el tema del arroz tengo bastante material que escribir en los próximos años.