Sobre la situación del país

Nadie puede restar legitimidad al derecho de sectores como los pueblos originarios, los educadores, los productores agropecuarios, los estudiantes, los desempleados, y otros, a protestar por la grave situación económica que viven, por la falta de empleos, por la inseguridad en sus barrios, por la deficiente educación que reciben sus hijos, por la falta de agua potable, por la ausencia de transporte, por la pésima atención de salud, etc. Y menos cuando la administración del Estado desprecia ese resentimiento con francachelas, botellas, corrupción e impunidad.

El pueblo está resentido y esa circunstancia, agravada por el alto costo del combustible, causo una reacción en cadena que tiene paralizado el país desde hace dos semanas. Como si fuera una determinación kamikaze o suicida, los que protestan y cierran las vías, impiden que lleguen a los hospitales los insumos que requieren los pacientes, que llegue el combustible a las estaciones que proveen a los productores, industriales, transportistas y ciudadanos que necesitan movilizarse, impiden que los niños y jóvenes acudan a sus centros educativos, que lleguen los reactivos a las plantas potabilizadoras, los alimentos a la mesa del consumidor, y que los turistas puedan tomar sus vuelos, y así, agravamos la crisis de la que comenzábamos a salir.

El gobierno por su parte ha optado por evitar a toda costa la confrontación y con ello renunciar a su deber de asegurar el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos individuales.

Para resolver la crisis, no queda otra salida que ir aceptando las exigencias de los grupos que protestan; el problema es que esos grupos no tienen un sólo criterio, ni una dirigencia unificada, ni en muchos caso claridad de las repercusiones nefastas de sus exigencias, y eso da lugar a que de firmen compromisos y después se repudien, que se acepten sedes para dialogar y después las rechacen, y que se mantengan posiciones intransigentes en cuanto a cesiones específicas por razones humanitarias o de necesidad urgente

En este escenario, la administración carece por completo de liderazgo, de credibilidad y confianza, no tiene argumentos con que debatir ni esta dispuesto a imponer sus propuestas, solo le queda ceder y seguir cediendo.

Pero los que protestan tampoco entienden que todo lo que el gobierno ceda, significa dinero que sale del presupuesto. Si subsidia el combustible, el alimento o las medicinas, ese subsidio no lo paga ni el presidente ni ningún ministro, lo vamos a pagar todos los panameños, bien sea que salga de los recursos tributarios, o de más deuda. A fin de cuenta, que le importa al gobernó actual, a dos años de entregar el poder, asumir otros miles de millones que deberá pagar la próxima administración con nuestros impuestos.

Parece que los que sufriremos con las protestas como nosotros mismos, los que solo observamos y los que cierran las calles.

Posiblemente los sectores populares están equivocados en sus objetivos y métodos, tal vez han concentrado sus reclamos en algunos problemas específicos y no en las causas que generan esos problemas. Tal vez esta protesta debió orientarse a demandar una constituyente que dé lugar a un nuevo pacto social, a una democracia más representativa y aun estado más moral. Tal vez, en lugar de afectarnos nosotros mismos con tantos días de paralización, las movilizaciones debieron dirigirse a la fuente de los problemas que son los entes de poder.

Y donde está la opinión de los gremios empresariales y profesionales, de que han servido sus insípidos y escuálidos comunicados llamando a la cordura y la paz, que han propuesto, que han ofrecido, ¿acaso no comparten el desencanto del pueblo?

Donde están los líderes políticos, acaso tienen miedo de los abucheos de una masa que ya no distingue entre PRD, CD, PP, RM, ni nada, y que para ellos todos son lo mismo.

No es subsidiando la gasolina, las medicinas o los alimentos que se va a resolver el problema de inequidad, no es el gobierno con los recursos fiscales quien debe enfrentar la falta de empleo digno, no es el modelo económico el culpable de la mala distribución de la riqueza. El culpable de todo esto es la corrupción, la impunidad, la mediocridad y la ineficiencia de las instituciones de todos los órganos del Estado.

Solo la generación de empleos por parte de la inversión privada permitirá ir cerrando las brechas de la inequidad de la que tanto se se habla, pero para ello el Estado debe ser eficiente, transparente y facilitador de la inversión y no lo que es hoy, una agencia de negocios para los gobernantes de turno.

Ojalá todos, sectores populares, gremios profesionales y empresariales, partidos, políticos, y demás actores, entiendan que las verdaderas transformaciones se producen cuando todos hacen coincidir sus objetivos y no cuando unos los imponen a otros.