¿Son los estándares de la OCDE ejemplos de buena gobernanza?

Veamos qué dicen los datos. En las últimas décadas he sido muy crítico en cómo hemos llevado nuestras relaciones con la OCDE y la Unión Europea. Un país verdaderamente soberano no reforma sus leyes para beneficiar a otros, mucho menos sin recibir nada a cambio. Peor aún, si para convencernos se nos chantajea y nos incluyen en listas discriminatorias. Un país independiente, donde el poder público solo emana del pueblo, solo reforma su legislación para el beneficio de sus propios ciudadanos, sin presiones ni amenazas.

¿Cómo creen que actuaría Francia -solo por mencionar al cantalante de la narrativa antipanameña- si le exigiéramos que cambien una sola coma de su legislación? Esa es la premisa que sustenta mi posición. Por eso insisto en afirmar que a Panamá no le conviene para nada formar parte de una burocracia internacional que se constituyó y sigue teniendo como objetivo principal el beneficio de los infiernos fiscales del viejo continente, un continente que además está en plena decadencia. No en balde la OCDE tiene como le motive eliminar la competencia fiscal, a la cual consideran dañina, como si la competencia lo fuera. Bueno para ellos sí, pues pretenden convertirse en un cartel fiscal para regir la fiscalidad del resto de los países.

El argumento trillado de que los estándares de la OCDE reflejan las mejores prácticas de gobernanza pública es una gran falacia y como tal, merece ser desmentida con datos, no aceptada como un acto de dogma o de fe. El análisis, al menos para mí, es muy sencillo: ¿qué entendemos por buena gobernanza? Si el concepto se mide por resultados concretos como crecimiento económico, generación de empleo, reducción de la pobreza, estabilidad institucional y oportunidades para la población, entonces Panamá tiene una historia de éxito que no puede ignorarse, y ese éxito se ha conseguido aún con todo y los ataques de la OCDE y la Unión Europea vía sus listas en estos últimos 25 años.

Desde 1990, hemos tenido uno de los mayores crecimientos económicos de América Latina. Informes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y organismos de las Naciones Unidas muestran los logros obtenidos al reducir significativamente la pobreza, expandir la clase media, consolidarnos como centro logístico y financiero internacional y convertirnos en uno de los principales receptores de inversión extranjera de la región. Vuelvo y repito, muy a pesar de listas discriminatorias promovidas por la Unión Europea y la OCDE, que la final, son la misma cosa. Es la misma gente en su mismo habiente.

¿Qué tenemos problemas? Claro y muchos. Pero una cosa es reconocer desafíos y afrontarlos, otra muy distinta es aceptar la premisa de que el modelo panameño “es dañino” y por lo tanto debe ser reemplazado por otro que ellos consideren “no dañino”, y me pregunto: ¿Dañino para quién? Pues para nosotros no lo ha sido.

Francia, Alemania, España, Italia -solo para mencionar las economías más grandes- pretenden convertirse en referentes universales de buena gobernanza, sin embargo llevan décadas enfrentando graves problemas estructurales, experimentando un prolongado período de bajo crecimiento económico, envejecimiento poblacional, crisis demográfica, elevados niveles de endeudamiento, pérdida de competitividad y crecientes dificultades para sostener sus sistemas de bienestar. En numerosos casos, el crecimiento de la población proviene principalmente de la inmigración, mientras la población nativa registra un crecimiento natural negativo. Además, ocupan los últimos lugares en innovación dentro del mundo desarrollado.

No entiendo cómo nos hemos dejado conversen de que pertenecer a la OCDE significa, por sí solo, un certificado automático de excelencia en materia de políticas públicas. Acaso México y Colombia, estados fallidos corrompidos por el narcotráfico, ¿lo son? Durante años hemos venido modificando buena parte de nuestra legislación tributaria y corporativa bajo la presión de listas grises y negras como requisito para salir de estas, promesa que siempre se ha incumplido al introducirse nuevas exigencias cada vez que cumplimos con las anteriores. Ya verán que, a pesar de la aprobación de la Ley de Sustancia Económica, la Unión Europea no nos sacará de su lista pues nos pedirán más cambios.

Sin entrar en el fondo de las múltiples reformas que nos han impuesto, solo con el método utilizado de imponer y amenazar, sin darnos nada a cambio, deja, al menos para mí, una sensación de asimetría: mientras se exigen profundos cambios a economías pequeñas como las de Panamá, que les ha ido muy bien, no se hace el mismo escrutinio al desempeño económico de quienes imponen tales exigencias, que sin bien son países desarrollados están viviendo un período de decadencia fiscal, económica, demográfica, migratoria y cultural.

La verdadera pregunta no es si Panamá debe ingresar o no a la OCDE. La pregunta correcta es otra: ¿fortalecerá ese ingreso las ventajas competitivas que permitieron al país convertirse en una de las economías más dinámicas de América Latina, o terminará imponiendo políticas diseñadas para realidades muy distintas? que encima han llevado a la mayoría de los países miembros a una crisis estructural muy seria. Ese debate no lo hemos hecho.