Tres décadas de decisiones y una juventud en crisis

Durante los años noventa, Panamá enfrentaba múltiples desafíos sociales, pero aún no convivía con los niveles de reclutamiento criminal, fragmentación comunitaria y violencia juvenil que hoy preocupan al país. Las pandillas existían, aunque con menor presencia y capacidad de organización. La autoridad familiar y escolar conservaba una influencia significativa en la formación de los jóvenes.

La crisis actual no apareció de repente. Tampoco puede atribuirse a una sola causa. Es el resultado de transformaciones acumuladas durante décadas en la familia, la escuela, la economía, la migración interna y el entorno criminal que rodea al país.

Quienes buscan una explicación única probablemente no la encontrarán. La realidad es más compleja.

A finales de los años noventa y principios de los años dos mil, Panamá impulsó reformas destinadas a fortalecer la protección de la niñez y la adolescencia. Su objetivo era legítimo: prevenir abusos y garantizar derechos fundamentales. Sin embargo, toda reforma produce efectos directos e indirectos.

Mientras se transformaban las normas que regulaban las relaciones entre adultos y menores, el Estado no siempre desarrolló con la misma intensidad los mecanismos necesarios para apoyar esa transición: programas de orientación familiar, disciplina positiva, atención psicológica, mediación escolar y acompañamiento comunitario. La protección de derechos era necesaria. Lo que quedó pendiente fue construir suficientes herramientas para ayudar a las familias y escuelas a ejercer su función formativa dentro del nuevo marco legal.

Al mismo tiempo, la estructura familiar panameña comenzó a cambiar. Las presiones económicas, los largos desplazamientos laborales, el aumento de hogares monoparentales y las crecientes exigencias de la vida moderna redujeron el tiempo disponible para la supervisión cotidiana de muchos jóvenes. No se trata de culpar a madres o padres. Por el contrario, muchas familias enfrentan cargas que generaciones anteriores no experimentaron con la misma intensidad. Pero cuando los adultos tienen menos tiempo, menos recursos y menos apoyo institucional, la tarea de educar se vuelve más difícil.La escuela tampoco escapó a esta transformación.

La profesión docente perdió atractivo para muchos jóvenes, mientras la complejidad de los desafíos dentro del aula aumentó. Los educadores fueron llamados a ser instructores, orientadores, mediadores, trabajadores sociales y psicólogos, muchas veces sin los recursos necesarios para cumplir todas esas funciones. Sería injusto afirmar que el deterioro de la disciplina escolar explica por sí solo el crecimiento de la delincuencia. Sin embargo, también sería difícil negar que una escuela con menos capacidad de influencia deja espacios que otros actores pueden ocupar. Y cuando la familia pierde capacidad de supervisión y la escuela pierde capacidad de influencia, la comunidad pierde uno de sus principales mecanismos de protección social.

Otro proceso que merece atención es la migración interna. Durante décadas, la educación fue presentada como la principal vía de movilidad social. Para miles de jóvenes rurales, ello significó abandonar sus comunidades para buscar oportunidades en las ciudades. La migración amplió horizontes y generó oportunidades, pero también produjo efectos no siempre previstos. Muchos jóvenes llegaron a zonas urbanas donde las redes familiares y comunitarias eran más débiles que aquellas que habían dejado atrás. En algunos sectores urbanos, la concentración de población joven coincidió con la escasez de oportunidades laborales, recreativas y educativas. Es precisamente en esos espacios donde las organizaciones criminales encuentran mayores posibilidades de reclutamiento.

Por supuesto, existen otras explicaciones igualmente relevantes. Algunos analistas destacan la desigualdad económica. Otros señalan la expansión internacional del narcotráfico. Otros subrayan los cambios culturales, tecnológicos o laborales que han transformado la experiencia de ser joven en el siglo XXI.

Todas estas explicaciones contienen elementos válidos. Pero ninguna contradice una realidad evidente: los jóvenes son menos vulnerables al reclutamiento criminal cuando cuentan con familias funcionales, escuelas sólidas, redes comunitarias fuertes y perspectivas reales de progreso.

La expansión del narcotráfico en la región agravó todavía más estos desafíos. La posición geográfica de Panamá constituye una ventaja extraordinaria para el comercio mundial, pero también la convierte en un punto de interés para organizaciones criminales transnacionales.

Las pandillas evolucionaron y adquirieron formas de organización cada vez más complejas. Frente a este panorama, la respuesta no puede limitarse a más policías, más cárceles o penas más severas. La persecución penal es indispensable, pero actúa cuando el problema ya existe.

La verdadera prevención comienza mucho antes.Comienza fortaleciendo a las familias mediante programas permanentes de formación parental, acompañamiento psicológico y atención temprana a situaciones de riesgo.

Continúa recuperando la autoridad legítima de la escuela. No mediante prácticas abusivas ni castigos físicos, sino mediante reglas claras, protocolos disciplinarios efectivos, respaldo institucional para los docentes, orientación psicológica y mecanismos de intervención temprana para estudiantes con problemas de conducta.

También exige dignificar la carrera docente mediante incentivos profesionales, capacitación continua y protección jurídica adecuada para quienes ejercen una función esencial para el país. Asimismo, Panamá debe invertir de forma sostenida en centros comunitarios, tutorías, mentorías, deporte, cultura, capacitación técnica y programas dirigidos a jóvenes que ni estudian ni trabajan. Cada joven recuperado representa una victoria para la sociedad; cada joven abandonado representa una oportunidad para el crimen organizado.

Finalmente, es necesario recuperar el potencial productivo del campo. El desarrollo de la agroindustria, la agricultura tecnificada, la reforestación, la economía forestal y otras actividades sostenibles puede generar oportunidades para que miles de jóvenes construyan un proyecto de vida sin verse obligados a migrar por falta de alternativas.El debate nacional no debería centrarse en escoger entre derechos o autoridad, entre prevención o represión, entre desarrollo económico o seguridad. Panamá necesita todas esas cosas al mismo tiempo.

La lección de las últimas décadas es que los problemas sociales no aparecen cuando una pandilla comete un delito. Aparecen mucho antes, cuando las instituciones que forman, acompañan y orientan a los jóvenes comienzan a debilitarse. La seguridad de una nación no comienza con una patrulla. Comienza en la familia, se fortalece en la escuela, se consolida en la comunidad y se sostiene mediante oportunidades reales de progreso.

Durante años nos hemos preguntado cómo combatir a las pandillas. Tal vez haya llegado el momento de preguntarnos cómo evitar que sigan encontrando jóvenes dispuestos a integrarse a ellas. Porque allí, más que en cualquier operativo policial, se encuentra el verdadero desafío de Panamá.