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El 11 de octubre se cumplió un año de la entrada en vigor plena y en todo el país del Código Procesal Civil (en adelante, CPC). Este año ha sido aleccionador para funcionarios de tribunales, abogados litigantes y los ciudadanos que son partes o están relacionados a los procesos civiles.
El personal de los tribunales, luego de una amplia capacitación, empezaron a implementar las normas del CPC. Al inicio el sentir del foro jurídico fue que, en muchos casos, los Jueces fueron muy estrictos al momento de resolver la admisión de demandas. No obstante, debo mencionar que esta percepción de rigurosidad o formalismo procesal fue variando de la mano de algunos precedentes de los Tribunales Superiores, que privilegiaron mantener la instancia y que los procesos fuesen tramitados en vez de ser archivados.
Para los abogados litigantes, el escenario ha sido muy difícil. El Órgano Judicial no realizó una campaña agresiva de capacitación al foro jurídico, sino que se limitó a videos e información en redes sociales y algunas presentaciones muy amplias y generales en conferencias a profesionales y estudiantes.
Por tanto, los abogados tuvimos que estudiar, interpretar y adaptarnos, por nuestra cuenta, tanto a las nuevas figuras del CPC como a la interpretación subjetiva de cada despacho, bajo el esquema de ensayo y error, esquema que tuvo virtudes, pero estuvo acompañado de mucha escepticismo y frustración.
Confiemos que el Órgano Judicial, los gremios de abogados y universidades lleguen a acuerdos y convenios que permitan un buen y amplio debate sobre el CPC y que estas conversaciones permitan a todos a aprender a mejorar nuestra manera de litigar.
Para los ciudadanos que han acudido al nuevo sistema y han pasado el filtro de la admisión de la demanda, el proceso ha sido exitoso en términos de tiempo y limitar la ansiedad que produce estar vinculado a un proceso judicial, dado que la primera instancia se ha llevado con mucha rapidez.
A pesar de lo anterior, sigue existiendo en la ciudadanía, en muchos casos, una percepción de injusticia ya sea porque su abogado no planteó bien su causa, o porque el Juez no supo explicar de una manera correcta, completa y bien articulada las razones de su decisión, o la propia decisión en sí. Lo cierto es que esta percepción de injusticia es parte del proceso de aceptación de las decisiones de los tribunales en la que debemos trabajar.
Concluyo estas reflexiones exponiendo que mi balance del primer año es muy positivo porque se siente que el cambio que pensamos al momento de participar en el debate que conllevó a la reforma legal que crea el CPC sí ocurrió. Se percibe un cambio para bien y de mejora versus lo que vivíamos con el Código Judicial.
Ahora corresponde que se inicie un período de capacitaciones presenciales, en las cuales el Órgano Judicial y sus funcionarios comprendan que su función social les impone a tener más voceros, y que estos voceros tengan la capacidad de hablar en detalle y con tiempo las distintas figuras procesales que desarrolla el CPC.
Ya no es momento de defender a ultranza el CPC, hay que escuchar con empatía todas las experiencias vividas y razonar su porqué. A un año de su implementación, precisa que todos los actores, bajo la correcta guía del Órgano Judicial, participemos en un amplio análisis de las normas del CPC, para que estés conversaciones nos brinden un diagnóstico del proceso en su primer año.
El resultado de estas reflexiones, además de capacitarnos, serán la base intelectual e ideológica propicia para las modificaciones tanto legales como de conducta que se requieren para mejorar aún más el sistema de Justicia. Panamá necesita de este sacrificio de todos.