Universidad de Panamá y el estilo de desarrollo

El actual estilo de crecimiento de Panamá, que responde a los intereses del bloque de poder dirigido por los sectores económicamente dominantes aliados al capital financiero global, genera profundas contradicciones sociales, económicas y políticas, que afectan profundamente el bienestar de la población. Algunos ejemplos sencillos sirven de indicadores a esta situación.

En primer lugar, se puede recordar que, pese a que el Banco Mundial reconoce a Panamá como un país de altos ingresos, las estadísticas de la CEPAL lo incluyen entre los cinco países con peor distribución del ingreso en América Latina y el Caribe. Estas estadísticas también muestran que en Panamá mientras que el 60.0% más pobre de la población recibe el 21.1% de los ingresos, el 20% más rico acapara el 54.8% de los mismos.

Esto último está vinculado a un estilo de crecimiento incapaz de generar suficiente empleo decente, hecho que se evidencia en que 47.8% de la población económicamente activa (PEA) son desocupados o trabajadores informales en actividades no agrícolas. A esto habría que agregar la población con precariedad laboral en las actividades agropecuarias, la que, desgraciadamente, no se mide con precisión. Sin embargo, no queda duda que más de la mitad de la PEA del país se encuentra en condiciones de precariedad laboral.

El estilo de crecimiento impuesto por los sectores dominantes, no responde a los intereses generales de la Nación. Se trata de un estilo en el que estos practican la acumulación por desposesión de los ingresos que deberían pertenecer a toda la Nación. Es así que, en el 2023, último año para el que existe medición, la evasión y elusión de impuestos del sector empresarial alcanzó a $10,864.4 millones, es decir el 13.1% del PIB de ese año. Esta cifra, por otra parte, es cerca de 5.6 veces el monto de aportes de la ACP al gobierno central durante el 2023.

En el plano del medio ambiente, se destaca que el estilo de crecimiento impuesto por los sectores económicamente dominantes, es intrínsecamente insostenible ambientalmente.

En efecto, de acuerdo a la organización Ecological Footprint, en Panamá se utilizan 2.7 hectáreas globales por persona, mientras que su biocapacidad por personas es de 2.3 hectáreas. Este dato indica que el uso supera en 17.4% la biocapacidad. A esto, además, se deben agregar los recientes intentos del capital transnacional, junto a los sectores económicamente dominantes internos, de sumar el Extractivismo minero depredador del ambiente al estilo de desarrollo.

La política social, económica del actual gobierno, hegemonizado directamente por los sectores económicamente dominantes, tiene como eje central el intento de superar la crisis generalizada de su estilo de crecimiento, por medio de una política de choque. Esta si bien toma en Panamá una forma específica, busca resolver la crisis, apoyándose en un gobierno con una clara deriva autoritaria - coercitiva, con el fin de recomponer, profundizando el estilo tradicional, las condiciones que potencien las ganancias y la acumulación de capital, a la vez que se intenta promover la hegemonía política e ideológica de los sectores económicamente dominantes.

Esta política, que ha significado la entrega de la soberanía nacional a la potencia hegemónica, busca reactivar la inserción dependiente en el mercado internacional, ampliando la infraestructura transitista e imponer el Extractivismo minero, empezando por la reapertura de la mina de Donoso. En el plano de las relaciones laborales se busca debilitar la capacidad de contratación del trabajo, por la vía de la decapitación de los organismos sindicales, los despidos masivos en el sector privado y la práctica de la cooptación, generador del sindicalismo corporativista.

En las finanzas públicas el eje está en asegurar los intereses del capital financiero, para lo que se busca reducir el gasto público (mientras se eleva el de los órganos de represión),

así como una posible reforma tributaria que elimine las exenciónese del ITBMS. La política de acumulación por desposesión se expresó en la reforma a la seguridad social, que permite el manejo privado de una parte importante de los fondos de la CSS.

No menos importante es la intención de promover una reforma educativa, que, entre otras cosas busque restablecer la hegemonía ideológica de los sectores dominantes.

Aparece, entonces, vale la pena precisar, el intento de afectar la autonomía universitaria.

Frente a esta situación, es un deber ineludible de la Universidad de Panamá, como consciencia crítica de la nación, de convertirse en un eje fundamental, no solo de la crítica científica de la actual política económica y el estilo de crecimiento que la misma implica. También se debe establecer como un centro básico de generacióm, dentro de un amplio proceso de extensión universitaria, de un proyecto alternativo de estilo de desarrollo. Este debe ser nacional, democrático, con justicia social y sostenibilidad ambiental. Los universitarios debemos comportarnos, consecuentemente, como intelectuales orgánicos de los intereses de la población panameña.